Más de 5 millones de euros

Díaz da orden de acelerar el cobro de las deudas de los trabajadores con el Fogasa

Trabajo modifica el procedimiento para el reintegro al Fondo de Garantía Salarial de las prestaciones pagadas indebidamente para aumentar el ritmo de recuperación de las cantidades y elevar los ingresos.

Yolanda Díaz
Díaz da orden de acelerar el cobro de las deudas de los trabajadores con el Fogasa
Europa Press

Al Ministerio de Trabajo le está costando recuperar el dinero que los trabajadores deben al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) por el cobro de prestaciones indebidas. La institución del Estado creada para abonar a los trabajadores el importe de los salarios pendientes de pago a causa de insolvencia, suspensión de pagos, quiebra o concurso de acreedores de las empresas acumula expedientes de pagos erróneos por más de 5 millones de euros y desde hace años encuentra graves dificultades para recuperarlos. Por eso la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra del ramo, Yolanda Díaz, ha dado la orden de agilizar el reintegro de esta deuda histórica enquistada en el balance por el respaldo público prestado desde la pasada crisis financiera a empresas con graves problemas económicos.

La Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social, de la que cuelga el Fogasa, ya tiene lista una orden para regular el nuevo procedimiento para el reintegro de las prestaciones pagadas indebidamente. Hasta ahora no existía una normativa específica y el Ministerio de Trabajo ha decidido establecer un mecanismo jurídico para la restitución de estas cantidades. El texto ha sido sometido a audiencia e información pública y el plazo para la presentación de aportaciones finaliza este viernes, 12 de agosto. La idea es que entre en vigor este mismo año y el objetivo final es dotar de "seguridad jurídica" al procedimiento administrativo de devolución del dinero adeudado, "con el fin de permitir la correcta y completa devolución de las cantidades indebidamente percibidas por los perceptores de las prestaciones de garantía salarial", explica la memoria del análisis de impacto normativo.

Aunque en el apartado de impacto económico y presupuestario la memoria que acompaña al proyecto asegura inicialmente que la orden "carece de implicaciones económicas o presupuestarias de relieve", poco más adelante, en el desarrollo de este epígrafe, sí admite que "desde un punto de vista presupuestario, la norma tendrá un impacto positivo, contribuyendo a la recuperación de cantidades derivadas de prestaciones pagadas indebidamente". No en vano, la crisis financiera iniciada a finales de la década de los 2000 dejó una profunda cicatriz en el Fogasa, precisamente uno de los organismos públicos que más contribuyó a amortiguar sus consecuencias mediante la cobertura salarial de los trabajadores de empresas arruinadas que no podían hacer frente a sus nóminas.

En la citada memoria se indica que el Fogasa había recuperado, a 31 de diciembre de 2020, en concepto de deudores por pagos indebidos, algo más de 1,3 millones de euros (en concreto, la cantidad de 1.301.431,01 euros). Si bien en las cuentas de ese mismo año -las últimas disponibles en el Visor de Cuentas de Entidades Públicas Estatales de la Intervención General de la Administración del Estado- el organismo dependiente del Ministerio que pilota Yolanda Díaz admite que acumula más de 5 millones de euros pendientes de cobro por la devolución de expedientes de prestaciones abonadas de forma indebida (5.149.610,16 euros, exactamente). 

Las dificultades para recuperar las cantidades adeudadas han propiciado tirones de orejas de la Intervención General del Estado a los gestores del Fogasa en numerosas ocasiones. En el último informe de auditoría señala que el organismo mantiene registrados en el activo del balance a 31 de diciembre del 2020 deudores por reintegro de prestaciones indebidamente satisfechas por importe de 5,15 millones de euros correspondientes a ejercicios anteriores al 2020, de los cuales el 27% corresponderían a ejercicios anteriores al 2016, y constata que las cuantías de dichos activos constan desglosadas por antigüedad para los ejercicios 2015 a 2019 y acumuladas para los ejercicios 2014 y anteriores.

Dada la antigüedad de los saldos, la IGAE ha solicitado al Fogasa información sobre las actuaciones de seguimiento llevadas a cabo por el organismo "en orden a su correcta valoración, su control y a las actuaciones de recuperación sobre los mismos", según figura en el informe de auditoría, que deja constancia de que cerca del 92% de los deudores se encuentran deteriorados (el 91,95%, concretamente). Además advierte de que se ha verificado que los porcentajes de recuperación de los derechos de cobro durante el ejercicio 2020, marcado por la crisis sanitaria y económica, han sido "muy bajos", ascendiendo a un 13,66% (15,38% en 2019 y 12,13% en 2018) frente al 37,24% (47,96% en 2019 y 46,24% en 2018) de recuperación sobre los deudores por derechos reconocidos de corriente.

Con todo, la auditoría concluye que "el sistema de control interno" sobre estos deudores "adolece de ciertas debilidades, debiendo ser reforzado con el objetivo de salvaguardar estos activos y garantizar el efectivo reintegro de las cantidades indebidamente abonadas". Teniendo en cuenta, en cualquier caso, que estas debilidades que presenta el organismo sobre dichos activos ya fueron puestas de manifiesto en los informes de auditoría de cuentas anuales emitidos en todos los ejercicios de 2015 a 2019.

Otros 70 millones de convenios 

Pero las dificultades para la recuperación de las prestaciones indebidas no es la única deficiencia que señala la IGAE. Es más, la partida más importante se corresponde a los más de 70 millones de euros asociados a 'convenios de recuperación' que el Fogasa firmó en su día con empresas para adelantarles los recursos necesarios para cubrir sus deudas pendientes por impagos a trabajadores y que ahora han pasado a la cuenta de deudores de dudoso cobro. La medida fue planteada como un alivio financiero para empresas en problemas que les permitía posponer el coste inmediato asociado a la reestructuración de sus plantillas y afrontarlo en cómodos plazos en tanto recomponían su situación financiera. Inicialmente podría parecer una herramienta útil de 'segunda oportunidad', pero la virulencia de la crisis la convirtió en un tratamiento meramente paliativo.

De hecho, el Fogasa mantiene registrados en el activo de su balance a 31 de diciembre de 2020 un total de 70.168.589,41 euros en el subconcepto "ejecución de convenios" correspondientes a derechos de cobro derivados de convenios formalizados con terceros que han pasado a la categoría de deudores de dudoso cobro, de los cuales el 93,28% corresponde a ejercicios anteriores a 2016. A 31 de diciembre de 2020 estos deudores se encontraban deteriorados al 100% y los porcentajes de recuperación de los derechos de cobro durante el ejercicio marcado por la pandemia fueron "muy bajos", según califica el informe de auditoría, ascendiendo a un 1,1% respecto del total de derechos a cobrar netos de ejercicios cerrados (un 5,5% de recuperación obtenido en el ejercicio 2019 y un 1,8% en 2018).

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