Tras la primera reunión

Díaz busca un pacto exprés en los ERTE pero descarta facilitar el despido a CEOE

Trabajo aspira a alcanzar un acuerdo con los agentes sociales antes del día 15 de enero. La mesa coincide en la necesidad de extender el actual esquema de protección de empleo hasta el 31 de mayo.

Yolanda Díaz
Díaz busca un pacto exprés en los ERTE pero descarta facilitar el despido a CEOE
EFE

Los agentes sociales rompían el hielo este viernes en una gélida mañana en el Ministerio de Trabajo. La reunión finalizaba pasado el mediodía con un titular: consenso para prorrogar los ERTE hasta el 31 de mayo. La mesa tripartita volverá a reunirse el lunes y la intención de Yolanda Díaz es cerrar un acuerdo antes del próximo viernes, de modo que empresarios y trabajadores puedan conocer las condiciones del nuevo esquema de protección de empleo con margen suficiente para adaptarse al marco jurídico que entrará en vigor el 1 de febrero. Una negociación exprés en la que la ministra de Trabajo descarta ceder a una de las principales demandas de la CEOE: la relajación de las penalizaciones impuestas a las empresas por despedir a sus empleados en los seis meses posteriores al ERTE.

El calendario que baraja Díaz es el siguiente. Los ERTE caducan el 31 de enero, por lo tanto todavía quedan dos semanas completas para negociar y tres consejos de ministros en los que dar luz verde a la prórroga. De alcanzarse un acuerdo en la reunión del lunes, día 11, el texto podría aprobarse al día siguiente. Si no hay consenso entre las partes, se seguirá negociando a lo largo de la semana, con la intención de cerrar un pacto que pueda, al menos, trasladarse a la opinión pública antes del viernes, día 15. La ministra considera que esa es la fecha adecuada para dar a conocer el nuevo esquema de ERTE y garantizar cierta certidumbre económica con un decreto que podría validarse el día 19. Pero si no se logra la fumata blanca, todavía quedaría una semana entera para acercar posturas y apurar los plazos hasta el último Consejo de Ministros del mes, el día 26.

El Ministerio busca, esta vez, un acuerdo rápido. En anteriores ocasiones, las negociaciones se han dilatado hasta el tiempo de descuento, generando una gran incertidumbre entre los agentes económicos. En principio, ahora las conversaciones no deberían complicarse en exceso, dado que el Gobierno ha ofrecido a los interlocutores sociales la extensión de las actuales condiciones del esquema de protección (con ERTE por fuerza mayor para los sectores más afectados por la crisis y sus cadenas de valor y otros dos modelos por limitación e impedimento de la actividad, con exoneraciones que en algunos casos alcanzan el 100% de las cotizaciones sociales) aunque esto no significa que la letra pequeña de la propuesta convenza por igual a todas las partes.

Resulta que el marco regulatorio de los ERTE recoge otros muchos aspectos accesorios que van más allá de los tipos de expedientes y sus respectivos descuentos en cuotas a la Seguridad Social. Uno de los más espinosos para la CEOE es la conocida como "cláusula de salvaguarda del empleo", que obliga a las empresas a devolver hasta el último euro de las ayudas recibidas en caso de despedir a alguno de sus trabajadores en los seis meses posteriores a la finalización del ERTE. La patronal considera que esta condición es excesiva y reclama al Gobierno que la rebaje, de manera que las compañías solo tengan que devolver el importe correspondiente a las exoneraciones disfrutadas por el trabajador despedido, en su caso, y no la totalidad de las ayudas.

Pero el Ministerio de Trabajo no está dispuesto a rebajar esta condición de mantenimiento del empleo. Se trata, de hecho, una de las medidas estrella  puesta en marcha por este departamento para paliar los efectos de la pandemia sobre los colectivos más vulnerables y, como dice el lema del Ejecutivo en esta crisis, "no dejar a nadie atrás". Fuentes conocedoras de las conversaciones mantenidas en la mesa del diálogo social aseguran que Díaz no va a ceder en esta medida y explican que la cerrazón de la ministra se basa en el argumento de que las empresas se han mantenido a flote durante estos meses gracias a la inyección de una ingente cantidad de dinero público, por lo que, siempre que no estén en concurso de acreedores, deberán cumplir con esta contraprestación, que supone un compromiso con sus plantillas.

Como no podía ser de otra manera, Díaz cuenta en este asunto con el respaldo de CCOO y UGT. Consultadas al respecto, desde las organizaciones sindicales son tajantes: "El valor más grande de los pactos alcanzados hasta ahora es el compromiso de mantenimiento del empleo por parte de las empresas y si se rompe, no habrá un nuevo acuerdo". Estas mismas fuentes recuerdan que el Gobierno ya flexibilizó en parte la cláusula de salvaguarda, dando cierto margen en determinadas extinciones de contratos, por lo que no apoyarán que el Ejecutivo vuelva a "caer en ese chantaje de la CEOE". "No cederemos a ese despido a la carta, porque las empresas están obligadas a responder con el mantenimiento de plantillas a todo el dinero público que están recibiendo en esta pandemia", zanjan las fuentes consultadas.

Los sindicatos piden, además, que el Gobierno mantenga activas en los próximos meses las medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo en los mismos términos que rigen actualmente, garantizando el acceso a la prestación sin el periodo de carencia, que no compute el tiempo consumido hasta enero de 2022 y que la cuantía se mantenga en el 70% de la base reguladora. Asimismo, exigen que sigan vigentes otras medidas como las ayudas a los trabajadores fijos-discontinuos, la prohibición de hacer horas extra y externalizar actividades durante el tiempo que dure el ERTE, los límites al reparto de dividendos y acceso a las ayudas a las empresas situadas en paraísos fiscales, etc. Todo esto, según apuntan fuentes del diálogo social, se extiende en la nueva propuesta del Ejecutivo.

Agilizar trámites

No se esperan, por tanto, cambios sustanciales en la nueva prórroga de los ERTE, que en principio abarcará hasta el 31 de mayo, una vez finalizado el estado de alarma. Sí podrían introducirse, no obstante, algunos elementos técnicos e incluso una redacción más concreta en determinados aspectos que puedan provocar problemas de interpretación. Además, fuentes del diálogo social apuntan a que la propuesta planteada por el Ministerio de Trabajo recoge también un apartado para simplificar y agilizar los trámites de los expedientes, permitiendo que las empresas puedan modificar su situación prácticamente de manera automática, sin tener que reiniciar todo el proceso, solo informando a la autoridad laboral, por ejemplo, de un cambio de ERTE por limitación a otro por impedimento total de la actividad.

La CEOE también ha pedido al Gobierno que las exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social se centren en los trabajadores que se quedan en el ERTE y no en los que salen de él, pero el Ejecutivo defiende que el sistema actual está funcionando y descarta cualquier cambio al respecto. Fuentes presentes en la mesa de diálogo abierta este viernes aseguran que la propuesta de Trabajo, salvo algunos matices técnicos y la parte relativa a la flexibilización de los trámites, contiene idénticas condiciones a las actuales, incluida tabla de descuentos en cotizaciones sociales, que en algunos casos, como en los ERTE de impedimento en las empresas de menor tamaño, alcanzan el 100%.

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