Las empresas que incorporen a beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV) que procedan de itinerarios de inserción obtendrán una mayor subvención si contratan a una mujer que a un hombre en la misma situación de exclusión social. Así lo establece el Ministerio de Trabajo en un borrador de Real Decreto al que ha tenido acceso La Información y que determina los distintos incentivos a la contratación de este colectivo. El departamento que dirige Yolanda Díaz da así un paso más en el desarrollo de la medida estrella del Gobierno para paliar los efectos de la crisis sanitaria sobre la población más vulnerable, especificando un apartado que dejó en blanco el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.
El Real Decreto-ley por el que se aprobó el IMV el pasado 29 de mayo dejaba fijado que los beneficiarios de esta prestación "serán objetivo prioritario y tenidos en cuenta en el diseño de los incentivos a la contratación que apruebe el Gobierno". Ahora el Ministerio de Trabajo ha remitido a los agentes sociales un documento en el que se especifican esos incentivos. Se trata del borrador del Real Decreto por el que se regulan los programas comunes de activación para el empleo del Sistema Nacional de Empleo, un papel que ya ha sido consensuado con las comunidades autónomas, que tienen las competencias en materia de políticas activas de empleo, y que en estos momentos están evaluando la patronal y los sindicatos.
Este amplio borrador sobre políticas activas de empleo contempla un "programa de integración laboral de personas en riesgo o situación de exclusión social" que, en colaboración con empresas de inserción, busca favorecer la inclusión en el mercado de trabajo de determinados colectivos a través de itinerarios personalizados. Pues bien, aquí se incluyen como destinatarias las personas perceptoras de rentas mínimas de inserción o del Ingreso Mínimo Vital, además de parados de muy larga duración, jóvenes que no hayan finalizado el período de escolaridad obligatoria y se encuentren en situación de desempleo, drogodependientes en rehabilitación, internos de centros penitenciarios y exreclusos en paro, minorías étnicas, inmigrantes o mujeres víctimas de violencia de género, entre otros.
Para todos estos colectivos se busca desarrollar programas de integración laboral, a través de itinerarios personalizados, y se establecen incentivos a su contratación tanto en las denominadas "empresas de inserción" (aquellas cuyo objeto social tenga como fin la integración y formación sociolaboral de personas en situación de exclusión social como tránsito al empleo ordinario) como en el mercado ordinario de trabajo. En el primer caso, se establecen subvenciones que van desde los 1.000 euros por participante en itinerario hasta los 12.120 euros por puesto de inserción de nueva creación; o desde 10.000 euros por la contratación de personas que pasen a ostentar la gerencia de empresas de inserción hasta 39.900 euros por contrato destinado al personal técnico que tutele a los participantes en los itinerarios.
Las empresas de inserción tendrán además un incentivo de 2.000 euros por participante en itinerario que 'coloquen' en el mercado de trabajo, es decir, que consigan un contrato en una empresa ordinaria. Esta cuantía se incrementará en 500 euros cuando la persona contratada sea una mujer. Asimismo, las empresas, autónomos y entidades del mercado ordinario de trabajo que contraten a una persona de alguno de los colectivos anteriormente mencionados, incluidos los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, que haya participado en un itinerario de inserción, tendrán una subvención de 7.000 euros por cada participante que contraten. Esta cuantía se elevará en 500 euros, hasta los 7.500, cuando la contratada sea una mujer, y además se podrán sumar otros 2.000 euros cuando la contratación se realice por un trabajador autónomo que contrate a su primer empleado.
En términos generales, el borrador elaborado por el Ministerio de Trabajo, que da un vuelco a las políticas activas gestionadas por los servicios públicos de empleo de las distintas comunidades autónomas, establece mayores incentivos a la contratación de mujeres que de hombres, por entender que se trata de un colectivo con más dificultades para la inserción laboral, junto con los jóvenes, las personas con discapacidad, los mayores de 45 años o los parados de larga duración. En este sentido, por ejemplo, las contrataciones indefinidas de participantes en programas de empleo tienen una subvención de referencia de 5.500 euros, que se eleva a 6.000 euros si la persona contratada es una mujer.
En el programa concreto "para la igualdad entre hombres y mujeres" el borrador contempla específicamente los incentivos a la contratación indefinida del sexo femenino. Con carácter general, se fija una subvención de 4.500 euros por contratos indefinidos a mujeres desempleadas inscritas como demandantes de empleo. Esta subvención se eleva a 6.000 euros cuando la contratación se haga en sectores "con presencia mayoritaria de hombres" o en el caso de mujeres que lleven más de 24 meses paradas después del nacimiento y/o adopción de un hijo. De nuevo, aquí se contempla la subvención de 7.500 euros para contratos con mujeres consideradas más vulnerables por las administraciones públicas competentes.
Los interlocutores sociales ya están valorando el borrador de este Real Decreto que ha reactivado la ministra Yolanda Díaz una vez pasado el pico de la pandemia. El texto es la evolución de un primer borrador que redactó el anterior equipo del Ministerio de Trabajo, capitaneado por Magdalena Valerio, a finales del año pasado y que ahora incluye novedades como las subvenciones a la contratación de beneficiarios de la renta mínima, siempre que estos hayan pasado por programas de inserción, objetivo prioritario del Gobierno para garantizar la empleabilidad de este colectivo en riesgo de exclusión social. No obstante, sobre el papel se tratan otros muchos asuntos en materia de políticas activas de empleo que serán objeto de discusión próximamente en las mesas del diálogo social.
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