La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha marcado una clara línea roja en la mesa de diálogo social para la reforma laboral: las empresas que, ante necesidades de ajustes de plantillas, recurran al nuevo mecanismo de flexibilidad interna que se introducirá en el marco legislativo y que se nutrirá de dinero público quedarán sujetas a un compromiso de mantenimiento del empleo. Así figura en el último borrador remitido a los agentes sociales, al que ha tenido acceso La Información y que calca la filosofía de la cláusula impuesta en los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) durante este año largo de pandemia.
El borrador desarrolla lo que el Ministerio de Trabajo ha bautizado como el nuevo "Mecanismo de Sostenibilidad del Empleo (MSE)", la herramienta que se incorporará a la legislación como complemento de los ERTE, tal y como se ha comprometido el Gobierno con las autoridades europeas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y establece que a las empresas que se vean obligadas a ajustar sus plantillas, a través de reducciones de jornada, ante limitaciones o impedimentos del desarrollo normalizado de la actividad, por razones de carácter imprevisible y ajenas a la voluntad empresarial, se les exigirá la asunción de "un compromiso de mantenimiento del empleo respecto de las personas trabajadoras afectadas".
Es decir, que si una empresa que se vea afectada por algún tipo de limitación de la actividad acude al MSE para reducir la jornada de parte de la plantilla, no podrá despedir a los trabajadores afectados por ese ajuste durante un periodo de tiempo aún por determinar. En la actualidad, los ERTE tienen un compromiso de mantenimiento del empleo de seis meses y las empresas que lo incumplen están obligadas a devolver las exoneraciones de cotizaciones sociales percibidas. Sin embargo, el borrador de Trabajo todavía no especifica estas cuestiones para el nuevo mecanismo, cuyo desarrollo reglamentario deberá concretarse en un plazo de seis meses.
El texto sí avanza, no obstante, que durante la aplicación del MSE las empresas no podrán realizar horas extraordinarias, establecer nuevas externalizaciones de la actividad o concertar nuevas contrataciones. Condiciones, todas ellas, también en la línea del marco excepcional puesto en marcha para los ERTE en la pandemia. Asimismo, especifica que las empresas tendrán que abrir un periodo de consultas y enviar una comunicación a la Autoridad Laboral, que dictará resolución en caso de que no hubiera acuerdo entre las partes. Y además, concreta que los trabajadores afectados tendrán la consideración de colectivo prioritario para el acceso a las iniciativas de formación, clave para la recolocación en el mercado.
Preferencia frente a los despidos
Pero lo más importante que el Ministerio pone negro sobre blanco en el último borrador es que el Mecanismo de Sostenibilidad en el Empleo tendrá preferencia frente a los despidos. Y aquí advierte de que las extinciones de contratos por causa económica, técnica, organizativa o de producción deberán ser suficientemente motivadas por parte de la compañía, justificando que el MSE resulta "inviable para resolver de modo proporcionado y razonable la situación en la que se encuentra la empresa". Además, avisa de que la Inspección de Trabajo estará vigilante, mediante campañas específicas de control para evitar fraudes en el nuevo mecanismo.
Para la financiación de este mecanismo, el Ministerio prevé la creación de un fondo específico que se nutrirá, por un lado, del excedente de cotizaciones por desempleo; por otro lado, de las aportaciones al Tesoro Público que están obligadas a hacer las empresas que, teniendo beneficios, realicen despidos colectivos que afecten a trabajadores mayores de 50 años (la conocida como 'enmienda Telefónica'); y por último, de fondos europeos, en concreto de los provenientes del denominado 'SURE' y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, en el corto plazo, "así como de un seguro o reaseguro de desempleo que en el futuro pueda crearse en la Unión Europea", reza el texto, que añade que "la Ley General de Presupuestos Generales del Estado también podrá realizar aportaciones a este Fondo".
El Ministerio se da un plazo de seis meses para el desarrollo reglamentario tanto del Mecanismo de Estabilidad en el Empleo como del Fondo de financiación, lo que significa que se concretará ya entrado el año que viene, dado que la aprobación del Real Decreto Ley (así figura en el borrador) está prevista para el próximo mes de septiembre. "Dicho reglamento, que deberá prever la participación en este Fondo de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, determinará, entre otros contenidos, los requisitos y condiciones conforme a los cuales podrán reconocerse medidas extraordinarias, tales como bonificaciones o beneficios en materia de prestación por desempleo, en el ámbito del MSE", añade el texto.
Con esto, el departamento que dirige Yolanda Díaz avanza en el diseño de la contrarreforma laboral, ya que hasta ahora no se había puesto negro sobre blanco el detalle del nuevo mecanismo de flexibilidad para las empresas. En el último borrador también se progresa sobre otras materias como la reducción del menú de contratos, reformulando los formativos y los fijos-discontinuos. El grueso de la propuesta, en cualquier caso, ha sido rechazado por la patronal, que considera que las medidas planteadas introducen rigidez en el mercado de trabajo, se alejan de la realidad del tejido productivo e ignoran las recomendaciones de la Comisión Europea. La mesa seguirá negociando y el tiempo apremia, pues Díaz quiere tener listo el texto a la vuelta del verano y la reforma aprobada antes de que acabe el año.
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