La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha confirmado que el Gobierno ha dado luz verde a la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por causa de fuerza mayor derivada de la crisis sanitaria del coronavirus hasta el 30 de junio. No obstante, tras el acuerdo alcanzado con los agentes sociales, el Ejecutivo se reserva la posibilidad de prolongar estos expedientes en determinados sectores, según lo que determine una comisión tripartita creada 'ad hoc'.
Tras agradecer su labor a los líderes de la patronal y los sindicatos, de quienes ha destacado que "han estado a la altura" para "salvar al país de esta crisis económica y social", la titular de Trabajo ha garantizado que el pacto alcanzado en el marco del diálogo social es "equilibrado" y pondera la protección del empleo con la recuperación paulatina de la actividad laboral y económica, al tiempo que permite mantener la protección social mediante las prestaciones públicas.
El documento que han suscrito los interlocutores sociales garantiza el mantenimiento del empleo y la reincorporación de los trabajadores a la actividad, según ha asegurado la ministra. En concreto, según el borrador al que ha tenido acceso La Información y que se ha detallado en estas páginas, se exige el mantenimiento de la plantilla incluida en el ERTE durante seis meses, excepto en los casos de empresas con riesgo de entrar en concurso de acreedores, y se modulan distintos porcentajes de exoneración de las cuotas a la Seguridad Social tanto para los empleados que sigan en suspensión de empleo o jornada como para los que se vayan incorporando a sus puestos de trabajo.
Así, el acuerdo establece que las medidas de flexibilización de los ERTE más allá del estado de alarma "están sujetas al compromiso de la empresa de mantener el empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad, entendiendo por tal la reincorporación al trabajo efectivo de personas afectadas por el expediente, aun cuando esta sea parcial o sólo afecte a parte de la plantilla". Y añade que "este compromiso se entenderá incumplido si se produce el despido o extinción de los contratos de cualquiera de las personas afectadas por dichos expedientes".
El documento también matiza que "no se considerará incumplido dicho compromiso cuando el contrato de trabajo se extinga por despido disciplinario declarado como procedente, dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez de la persona trabajadora, ni por el fin del llamamiento de las personas con contrato fijo-discontinuo, cuando este no suponga un despido sino una interrupción del mismo". Y en el caso de contratos temporales, "el compromiso de mantenimiento del empleo no se entenderá incumplido cuando el contrato se extinga por expiración del tiempo convenido o la realización de la obra o servicio que constituye su objeto o cuando no pueda realizarse de forma inmediata la actividad objeto de contratación".
Comisión tripartita
Díaz ha explicado durante su comparecencia en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros que las condiciones favorables de los ERTE se prolongan, en principio, hasta el día 30 de junio, pero el Gobierno se reserva la posibilidad de alargar estos expedientes en algunos casos, "en atención a las restricciones de la actividad vinculadas a razones sanitarias que subsistan llegado el 30 de junio de 2020", según consta en el borrador del acuerdo. En este sentido, la ministra ha añadido que será una comisión tripartita la encargada de determinar en qué sectores, por cuánto tiempo y en qué condiciones se alargaran esos ERTE.
Esta comisión de seguimiento, que estará integrada por las personas al efecto designadas por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, CEOE, CEPYME, UGT y CCOO, se reunirá, con carácter ordinario, el segundo miércoles de cada mes, previa convocatoria remitida por el Ministerio de Trabajo y Economía Social y con carácter extraordinario, siempre que lo soliciten tres de las cuatro organizaciones integrantes de la misma, según ha quedado plasmado en el acuerdo.
La función principal de esta comisión será "el seguimiento de las medidas que, en el ámbito laboral, se están adoptando durante la fase de excepcionalidad atenuada, el intercambio de los datos e información recabada por las organizaciones integrantes y el Ministerio de Trabajo y Economía social al respecto, así como la propuesta y debate de aquellas medidas que se propongan por este o por cualquiera de las organizaciones que la integran".
Hay que recordar, no obstante, algunas excepciones. Primero, no podrán acogerse a las condiciones de flexibilización de los ERTE las empresas y entidades que tengan su domicilio fiscal en países o territorios calificados como paraísos fiscales. Y segundo, las compañías que se acojan no podrán proceder al reparto de dividendos durante el ejercicio fiscal correspondiente a la aplicación de los expedientes de regulación de empleo, excepto si devuelven la parte correspondiente a la exoneración aplicada a las cuotas de la seguridad social. Esta limitación, no obstante, no será de aplicación para aquellas entidades que, a fecha de 29 de febrero de 2020, tuvieran menos de 50 trabajadores.
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