La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, da un paso al frente y se impone a la vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. Lo ha hecho este jueves ante la presencia de una nutrida representación del mundo de la pequeña y mediana empresa, durante la clausura de los VII Premios Cepyme, donde ha garantizado que los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) se prorrogarán a partir del 31 de mayo en condiciones similares a las actuales. De este modo, Díaz contradice no solo a Calviño, sino también al ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que han manifestado públicamente su intención de retocar el esquema vigente para incentivar la reactivación de plantillas a partir del verano.
Durante su discurso, que ha pronunciado en presencia del presidente de la patronal, Antonio Garamendi, Díaz ha recordado que los trabajadores de las pymes "han sido los principales beneficiarios de los ERTE, un mecanismo contrastado en su utilidad y que debe seguir ejerciendo su protección". Y ha añadido que "así lo haremos a partir del 31 de mayo", dejando claro que la prórroga se producirá "en una fórmula similar a la actual". En este sentido, ha avanzado que "en breve" se abrirá la negociación en el seno de la comisión tripartita en la que están presentes, además del Ministerio de Trabajo y el de Seguridad Social, CEOE, Cepyme, CCOO y UGT.
La vicepresidenta ha sido tajante al apostar por el mantenimiento del esquema actual, en el que existen ERTE por impedimento y por limitación de la actividad, además de una serie de sectores 'ultraprotegidos', con determinadas exoneraciones de cotizaciones a la Seguridad Social que son las mismas tanto para los trabajadores suspendidos como para los que se reincorporan a la actividad. Este planteamiento choca de plano con las intenciones de Calviño y Escrivá, que se han posicionado a favor de focalizar las ayudas en los trabajadores que salen del ERTE, para así incentivar la reincorporación de las plantillas a las empresas y contener el gasto público, para evitar que el déficit y la deuda sigan descarriándose.
Calviño tomaba parte en el asunto este lunes al indicar que la nueva prórroga de los ERTE deberá centrarse en favorecer la reincorporación de los trabajadores al mercado laboral, ajustando los parámetros del actual esquema para incentivar esa reactivación. Dicho de otro modo, que el sistema de exoneraciones de cotizaciones a la Seguridad Social tendrá que cambiarse para focalizar los mayores descuentos en los trabajadores que salen del ERTE y vuelven a la actividad. Se trata, en definitiva, de la estrategia que ya siguió el Gobierno el pasado verano, cuando a partir del mes de junio se empezó a incentivar la reactivación en mayor medida que la permanencia en el ERTE a través de esas bonificaciones que después se fueron tamizando, porque el énfasis en la protección del empleo volvió a ser importante a partir de noviembre, con las nuevas oleadas del virus.
La vicepresidenta económica daba así un espaldarazo al posicionamiento mostrado días antes por Escrivá: "Si el escenario central es el que pensamos, el énfasis va a estar de nuevo en los incentivos a la activación", afirmaba el ministro. Así, ambos se han pronunciado tajantes sobre el rumbo que deben tomar las negociaciones con los agentes sociales, mientras la titular de Trabajo había evitado hasta ahora posicionarse al respecto, más allá de haber asegurado en no pocas ocasiones que los ERTE se mantendrán durante todo el tiempo que sean necesarios. Siempre, eso sí, sin desvelar su estrategia, como seña de respeto al diálogo social. El debate, cuando menos, se prevé intenso, pues en anteriores prórrogas el asunto de las bonificaciones a los trabajadores reactivados ya generó rechazo tanto a la patronal como a los sindicatos, que pidieron centrar las ayudas en las empresas que no pudieran retomar la actividad, un enfoque compartido por Díaz.
Pero Calviño y Escrivá tienen una hoja de ruta distinta a la de la ministra de Trabajo, para quien el aumento del gasto público no supondría un problema mayor. Los responsables de Asuntos Económicos y Seguridad Social son más partidarios de enfocar las ayudas casi de manera quirúrgica para contener la factura. Hay que recordar que los ERTE han costado ya a las arcas públicas más de 21.500 millones de euros, de acuerdo con los datos de ejecución presupuestaria de las Administraciones Públicas de 2020. De este modo, España ha gastado ya más dinero en esta herramienta del que le asignó la Comisión Europea dentro del programa SURE (21.324 millones, de los cuales hasta el momento ha recibido 17.956 millones).
El coste de la herramienta, una vez agotado el fondo SURE, será uno de los indicadores clave a tener en cuenta a la hora de abordar nuevas prórrogas. También de cara al diseño del esquema permanente de ERTE que el Ejecutivo español ha anunciado a las autoridades europeas en el marco del plan de reformas para acceder al Next Generation EU. En el documento remitido a la Comisión se especifica que ese sistema estructural que pretende servir al tejido productivo como alternativa al despido, será financiado con un fondo tripartito entre el Estado, las empresas y los trabajadores, que compartirán así el coste de las prestaciones y la compensación de las cotizaciones. Las condiciones se negociarán, en cualquier caso, en la mesa de diálogo social, que ya ha iniciado las conversaciones sobre la reforma laboral.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios