El Ministerio de Trabajo planea la inminente apertura de la mesa de diálogo social para abordar el desmontaje de la legislación laboral del PP. En cuanto concluya la redacción de la bautizada como 'ley de riders', que se encuentra ya en la última fase de concreción de aspectos técnicos y jurídicos, Yolanda Díaz tiene previsto convocar a la patronal y a los sindicatos para abrir el melón de la que va a ser, junto con la de las pensiones, una de las grandes reformas de la legislatura. Aunque sin aventurarse a concretar un calendario, fuentes de su departamento avanzan este próximo movimiento y matizan que, como punto de partida, los agentes sociales van a retomar las conversaciones exactamente donde se quedaron hace un año, antes de la irrupción de la pandemia que trastocó todos los planes del Gobierno.
A falta de cerrar algunos flecos técnicos de forma, pero no de fondo, Díaz da por zanjadas las negociaciones sobre los repartidores de plataformas digitales. La normativa podría salir adelante finalmente con el apoyo de los interlocutores sociales, pues tanto los sindicatos como la patronal han ido acercando posturas en las últimas reuniones hasta coincidir en un texto de alcance limitado a los riders, pero que deja la puerta abierta a una regulación más amplia a posteriori sobre el conjunto del mercado de plataformas. Una vez concluyan los trabajos de manera oficial, empezará a correr el reloj para la convocatoria de la mesa más espinosa de todas para el diálogo tripartito: la que determinará el nuevo marco de relaciones laborales en España.
No hay tiempo que perder. A la ministra de Trabajo le hubiera gustado poner en marcha lo acordado en el pacto de coalición en materia laboral hace ya meses. De hecho, nada más recoger el testigo de Magdalena Valerio, lo primero que hizo fue pactar el salario mínimo interprofesional (SMI) para 2020 con los agentes sociales y acto seguido se iniciaron los trabajos para derogar los "aspectos más lesivos" de la reforma laboral de Mariano Rajoy y Fátima Báñez. Pero la emergencia sanitaria y económica hizo saltar por los aires toda su agenda. Hasta ahora, cuando la luz que empieza a vislumbrarse al final del túnel de la crisis pasa por acometer con urgencia las reformas comprometidas con Bruselas para acceder a los fondos europeos.
La Comisión Europea quiere ver avances en esta materia antes del verano y distintos responsables gubernamentales ya están trasladando esa presión al ámbito del diálogo social. Para el Ministerio de Trabajo es capital que las reformas se negocien con la patronal y los sindicatos, aunque tanto Díaz como su secretario de Estado, Joaquín Pérez Rey, han expresado en no pocas ocasiones que no otorgarán derecho de veto a ningún agente ni renunciarán a su obligación de legislar si no hay acuerdo en la mesa tripartita. La CEOE no se lo está poniendo nada fácil, tal y como denuncian las organizaciones sindicales, que acusan a los empresarios de alargar intencionadamente las negociaciones en distintas mesas para evitar abordar la contrarreforma laboral, como ocurrió con el teletrabajo, el SMI y ahora, con los riders.
Pero a la patronal se le van a terminar los pretextos. Una vez se cierre la ley de riders, se abrirá la mesa para la reforma laboral, algo que podría ocurrir en los próximos días. El debate comenzará por la derogación de los aspectos de la normativa aprobada por el PP en 2012 que el Gobierno de coalición ha señalado como "más lesivos". Recuperar la prevalencia del convenio sectorial y la ultraactividad son temas en los que la patronal podría ceder, pero el asunto de la limitación de la subcontratación a la actividad principal de la empresa es espinoso. Los empresarios ya se plantaron ante la propuesta de Trabajo, compartida por los sindicatos, por entender que apareja graves consecuencias para el tejido productivo y el empleo. Pero ahora Yolanda Díaz tiene además el respaldo del Tribunal Supremo en lo que se refiere a la contratación temporal en este ámbito, lo que complica la baza patronal en este asunto. "Va a ser la gran batalla", auguran desde CEOE.
Pero hay otros muchos asuntos a abordar. El pasado 19 de enero el Gobierno trasladó a los agentes sociales un documento que recoge las reformas relativas al mercado laboral remitidas a Bruselas en el ámbito del Plan de Reformas e Inversiones necesario para acceder a los fondos europeos. El texto, al que ha tenido acceso La Información, contempla hasta 17 reformas "para un mercado laboral dinámico, resiliente e inclusivo". Aquí aparecen algunas reformas ya implementadas, como la del trabajo a distancia o las dirigidas a reducir la brecha de género, así como las que se pretenden llevar a cabo en el ámbito de la negociación colectiva o de la subcontratación de actividades empresariales, antes mencionadas, y también figuran otras en proceso de finalización, como la regulación de los riders.
En paralelo, se contemplan otras reformas como la modernización de la normativa sobre expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) para avanzar hacia un modelo permanente que refuerce esta herramienta de flexibilidad interna frente a los despidos, financiado a través de un fondo tripartito entre Estado, empresas y trabajadores y orientado a la formación. También se busca reordenar las modalidades de contratación laboral para generalizar el contrato indefinido, devolviendo la causalidad al contrato temporal. Todo ello, junto a una revisión de las bonificaciones a la contratación para focalizarlas en los fijos y en la empleabilidad de los parados. En este ámbito se estudiarán penalizaciones para las empresas que abusen de los contratos temporales, tal y como anunció el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.
