El Gobierno ha lanzado una batería de licitaciones para reformar parte del Patrimonio Sindical Acumulado, un conjunto de más de medio millar de inmuebles que pertenecen a la Administración General del Estado, pero cuyo uso se cede a organizaciones sindicales y empresariales para el desarrollo de las funciones que les concede el ordenamiento jurídico, aunque su conservación corre a cargo de los Presupuestos. En concreto, en lo que va de año, el Ministerio de Trabajo, a través de la Subdirección General de Oficialía Mayor, ha adjudicado en torno a una veintena de contratos menores para hacer obras en las sedes de CCOO, UGT y CEOE en Madrid y otras ciudades.
Según la información que consta en la Plataforma de Contratación del Sector Público, en lo que se refiere a la organización empresarial, Trabajo ha adjudicado al menos dos contratos para reformar la sede central de la CEOE, sita en la calle Diego de León, en Madrid. Uno de ellos, por valor de 39.860 euros, a la empresa Pizarras Milika S.L., para reformar la fachada del edificio; y un segundo a Edirrefor S.L., para la subsanación de deficiencias en la cubierta de pizarra, por otros 22.875,92 euros. Son algunas de las reformas de mayor entidad que se han puesto en marcha en este primer semestre.
También destacan las de las sedes de CCOO y UGT en la capital. Por un lado, se han adjudicado sendos contratos, uno de 12.380 euros a la empresa Aluminios Moreno Muñoz S.L., para la colocación de un vallado en el edificio de la Unión General de Trabajadores en la Avenida de América, y otro para la sustitución de la unidad de climatización, por 6.568,25 euros, a la compañía Lorclima S.L.; y por otro lado, se han contratado los servicios de Regino Gómez Bedmar para llevar a cabo una reparación climatizadora en la sede de Comisiones Obreras en Fernández de la Hoz, por 8.260 euros.
A las reparaciones en las principales sedes de la capital se suman, desde el pasado mes de enero de 2021, hasta una veintena de adjudicaciones de obras, en ciudades como Bilbao, Burgos, Valladolid, Murcia, Girona, Las Palmas... En todos los casos, se trata de contratos menores, que son los que tienen un valor estimado inferior a los 40.000 euros, cuando se trata de obras, o a 15.000 euros, cuando se trata de contratos de suministro o de servicios, tal y como está regulado en la Ley de Contratos del Sector Público.
Se trata de reformas en edificios de lo que se denomina "PSA", que pertenecían a organizaciones sindicales democráticas y que fueron incautados tras la Guerra Civil. La Ley 4/1986, de 8 de enero, de Cesión de Bienes del Patrimonio Sindical Acumulado reguló la cesión en uso, que no en propiedad, de estos inmuebles, con carácter gratuito para sindicatos y patronales, y estableció que el Gobierno podría proceder a la enajenación o venta de los inmuebles mediante subasta, siempre destinando los ingresos obtenidos a la adquisición de bienes de valor equivalente, obras de reforma, construcción y conservación de los bienes. El dinero, en definitiva, no puede destinarse a otros fines que no sean la conservación del patrimonio.
Como se reveló en estas páginas, el Ministerio de Trabajo, a quien corresponde la enajenación o venta de estos bienes -que en muchos casos se encuentran en ubicaciones muy atractivas, pero acusan el paso de los años en su estado de conservación- está planeando sacar a subasta en los próximos meses edificios situados en hasta ocho ciudades de todo el país, según consta en la letra pequeña de su programa presupuestario para 2021. Aunque, por el momento, fuentes del departamento que dirige Yolanda Díaz confirman que todavía no se han producido subastas y lo único que se ha hecho es proceder a las reformas que necesitan los edificios.
Según consta en los Presupuestos, el Ministerio de Trabajo pretende obtener crédito en este ejercicio con la venta de edificios del PSA "que no cumplen ya ninguna función en este patrimonio, de acuerdo con los interlocutores sociales". Para ello, se están preparando subastas de edificios de este patrimonio situados en Zaragoza, Madrid, San Sebastián, Badajoz y Cáceres. Estas serán las más inmediatas, para posteriormente sacar a subasta otros inmuebles en Cuenca, Lleida y Teruel, entre otros. "Los ingresos se reinvertirían principalmente en obras y también en adquisiciones para la modernización de sedes de PSA", indica el programa presupuestario.
La intención del Ministerio, según se puso negro sobre blanco en los PGE, es invertir los beneficios de estas ventas en la rehabilitación y acondicionamiento de inmuebles pertenecientes al patrimonio sindical en Santander, Málaga, Cádiz y Gijón, así como en la adquisición de locales que se incorporarán al PSA en Madrid, Alcañiz y Sevilla para su cesión en uso a diversas organizaciones. Todo ello, previo acuerdo con los interlocutores sociales en el seno de la Comisión Consultiva de Patrimonio Sindical, donde están representados los sindicatos CCOO, UGT y USO y la patronal CEOE.
El Ministerio no tiene liquidez suficiente para llevar a cabo las reparaciones que necesitan los bienes del PSA, que en su mayoría son edificios antiguos y en mal estado, y por eso plantea la venta de inmuebles. Pero mientras llegan esos ingresos, los presupuestos también prevén "una dotación que permita hacer frente a un estado de conservación de los edificios que precisan mejoras evidentes". "La situación de deterioro en los edificios se ha visto afectada también por las situaciones de prórroga presupuestaria de los últimos años, que han ralentizado la gestión de los respectivos procedimientos de contratación", esgrimen los PGE, que contemplan unas inversiones en Patrimonio Sindical Acumulado de 6,8 millones de euros, a parte de unos gastos en arrendamientos de edificios PSA de 1,7 millones.
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