En medio del aluvión de modificaciones legales desencadenado en las dos últimas semanas a cuenta de la necesaria adaptación a la situación creada por el coronavirus, el Ministerio de Trabajo ha aprovechado la ocasión para reforzar el control sindical sobre las empresas más allá de los márgenes que establece el actual Estatuto de los Trabajadores. La regulación impulsada desde el departamento que dirige Yolanda Díaz ha impuesto que las empresas sin representación sindical tengan que sustanciar la preceptiva negociación, tanto de los eventuales ERTE que quisieran presentar como de las condiciones en que se recuperarán las jornadas perdidas por el decreto gubernamental que ha dado cerrojazo a la economía durante las dos próximas semanas, con los sindicatos mayoritarios en su sector, relegando 'de facto' el canal de la representación interna de los trabajadores habilitado por el controvertido artículo 41.4 del Estatuto de los Trabajadores.
Fuentes del ámbito de la asesoría laboral consultadas por La Información aseguran que este nuevo marco configurado por el Gobierno supone una enmienda parcial al actual Estatuto de los Trabajadores, ya que orilla el mecanismo de negociación previsto para estos casos en la norma general que regula el funcionamiento del mercado laboral a favor de un esquema nuevo que somete esa negociación al control de los sindicatos mayoritarios. "Parece que ya nos están mostrando el camino que quieren seguir en el Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI", interpreta el responsable del área laboral de uno de los principales despachos del país, "porque si nos ajustamos a lo que dice el actual, el modelo a seguir tendría que ser otro".
"En el supuesto de que no exista representación legal de las personas trabajadoras, la comisión representativa de éstas para la negociación del periodo de consultas estará integrada por los sindicatos más representativos y representativos del sector al que pertenezca la empresa, y con legitimación para formar parte de la comisión negociadora del convenio colectivo de aplicación", precisa la fórmula elegida por el Ministerio de Trabajo, que da voz a UGT y CCOO en la práctica totalidad de las negociaciones de condiciones laborales que se abran durante este periodo.
Mientras que en algunos de los grandes despachos del país se observa la medida como una victoria de los sindicatos y una concesión para facilitar el asentamiento de UGT y CCOO en empresas y sectores donde históricamente no ha existido representación sindical -como el propio sector de la asesoría jurídica, el de la consultoría de empresa, el sector de los medios de comunicación o el tejido empresarial de menor tamaño-, fuentes sindicales atribuyen el asunto a razones de pura operatividad.
Un recurso para agilizar trámites
El tema, de hecho, figuraba en el acuerdo de medidas para facilitar la adaptación del tejido productivo firmado por CCOO, UGT, CEOE y Cepyme en los primeros compases de la crisis, en el que en relación a los ERTE se decía: "En el supuesto de que no exista representación legal de los trabajadores, la comisión representativa de los mismos para la negociación del periodo de consultas debería estar integrada por los sindicatos más representativos y representativos del sector al que pertenezca la empresa y con legitimación para formar parte de la comisión negociadora del convenio colectivo de aplicación".
Fuentes del diálogo social aclaran que se pactó así para establecer criterios consensuados que permitieran agilizar al máximo la activación de los ERTE e impedir que discrepancias de detalle pudieran retrasar la necesaria adaptación de las empresas a un contexto de desplome súbito y total de su actividad. Un veterano laboralista aún en ejercicio y con experiencia en las procelosas agua del diálogo social traslada una opinión bien diferente: "Les han colado un gol (en referencia a la CEOE). Hay muchas empresas con una realidad laboral muy pacífica que negocian directamente con sus trabajadores sin necesidad de intermediarios sindicales y que, de hecho, huyen de forma consciente de esa intermediación. No creo que estén muy contentas con esto".
Más allá de las interpretaciones de unos y otros, UGT, CCOO y CEOE se han puesto ya manos a la obra para tratar de acordar una serie de recomendaciones generales a nivel nacional para orientar la recuperación de las jornadas perdidas que se derive de la operativa del 'permiso retribuido recuperable' creado por el Gobierno el pasado domingo. Según fuentes del sindicato UGT, la idea es disponer de ese marco general y que aguas abajo las mesas paritarias creadas a nivel territorial o sectorial las adapten a su realidad propia al objeto de facilitar una guía de comportamiento para todas las empresas del país, incluidas las que no disponen de representación sindical.
"Se trata de aprovechar la infraestructura de la negociación colectiva para ofrecer a empresas y trabajadores una orientación sobre cómo proceder en un contexto de tanta incertidumbre. Se critica mucho a la negociación colectiva, pero en momentos como éste se demuestra su importancia y su gran operatividad para resolver los problemas que se crean en el marco laboral", recalcan desde UGT.
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