Globos sonda, promesas incumplidas o, simplemente, declaraciones de intenciones. Si por algo se ha caracterizado el Gobierno de Pedro Sánchez es por el lanzamiento indiscriminado de anuncios de medidas de política económica en todo tipo de ámbitos y sectores, desde la energía hasta la vivienda... pasando, por supuesto, por el empleo. Vaivenes con información considerada sensible para el mercado, que no han pasado desapercibidos en una economía donde los agentes ejecutan, aplazan y acaban por descartar decisiones e inversiones en función de la estabilidad política y jurídica que reine en cada momento.
Ha habido de todo, y para todos. Desde que triunfó la moción de censura contra Mariano Rajoy, el gran reto del Ejecutivo más débil de la historia fue, precisamente, gobernar con 84 diputados. Sacar adelante medidas de calado en materia económica se antojaba difícil para un Gobierno con muchas aspiraciones pero pocos apoyos. Organismos nacionales e internacionales se lanzaron a advertir sobre a incertidumbre en torno a la orientación de las políticas económicas en un contexto de fragmentación parlamentaria y ante un eventual repunte de las tensiones en Cataluña.
El concepto de "globo sonda" –el aparato que permite el suministro de información sobre la presión, la temperatura y la humedad de la atmósfera– empezó a circular a finales de verano entre los círculos políticos y empresariales. La primera en mencionarlo fue la ministra de Industria, Reyes Maroto, nada menos que para referirse al anuncio del presidente del Gobierno que adelantó que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2019 contemplaría un impuesto al diésel.
Se empezó a comentar que el diésel, combustible protagonista en España, tenía los días contados. El miedo fue real y las ventas empezaron a arrojar mensajes alarmantes en el sector. Con los datos más recientes de ANFAC, el diésel se ha desplomado hasta la cuota del 28,9%. La caída no es baladí, si se tiene en cuenta que hace exactamente un año el 41,8% de los coches de nueva matriculación eran diésel. El impuesto ha quedado, por ahora, paralizado. Así como la Ley de Cambio Climático que pretendía prohibir la matriculación y venta de coches de combustión en 2040.
La banca y las tecnológicas
Pero el automóvil no ha sido la única víctima de la incertidumbre normativa de estos meses. La banca y las empresas tecnológicas han sido otros de los sectores afectados. Para los bancos, en un principio Sánchez sembró el pánico en el sector con el anuncio de un impuesto específico para las entidades y otro sobre las transacciones financieras (ITF). Finalmente, las presiones de la banca tumbaron la idea inicial y todo se quedó en la bautizada como 'tasa Tobin', una carga del 0,2% a la compra de acciones que está en estos momentos en tramitación en el Congreso, pero sin visos de salir adelante antes de que se disuelvan las cortes el 5 de marzo y se frenen en seco todas las iniciativas parlamentarias.
También se encuentra en tramitación la no menos polémica 'tasa Google', que pretende gravar con un tipo del 3% los ingresos generados por determinados servicios digitales. El Gobierno tampoco tiene demasiadas esperanzas de que vea la luz en estas semanas, para alegría de los gigantes tecnológicos que batallaron contra el impuesto desde el minuto uno con el argumento de que el incremento de los costes acabaría por repercutirse a los consumidores.
El mercado inmobiliario
Otra de las intenciones del Ejecutivo socialista que desencadenó un terremoto económico fue la de limitar los precios de los alquileres de vivienda. Se pactó con Podemos, pero después no se introdujo en el real decreto que acabó por tumbar el Congreso. El texto, entre otras cosas, ampliaba hasta cinco años la duración mínima de los contratos, pero la normativa solo estuvo vigente un mes y se dio marcha atrás en la legislación, lo que provocó una caída del 30% en la firma de contratos de alquiler por las dudas generadas entre propietarios e inquilinos.
Algo parecido sucedió tras la sentencia del Supremo sobre el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) en la constitución de hipotecas. El Alto Tribunal determinó que debía pagarlo la banca, después reculó y se lo asignó al cliente. Un embrollo jurídico que provocó tal frenazo en el mercado hipotecario que el Gobierno se vio obligado a intervenir para adjudicar el tributo a la banca por decreto. También entonces se habló de presiones por parte del sector financiero, al poder ejecutivo y al judicial.
Empresarios y trabajadores
Los empresarios, en general, y por ende los trabajadores, han sufrido especialmente las idas y venidas del Ejecutivo socialista. Sánchez se dirigió a La Moncloa con la firme promesa de derogar la reforma laboral del PP, pero, una vez allí, reconoció que su debilidad parlamentaria le impedía tal cosa. Encomendó esta tarea al diálogo social, pero el desencuentro en el tripartito no ha permitido aprobar ninguna reforma de calado en el mercado laboral. Anuncios como la implantación del registro de jornada obligatorio o la recuperación de la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa provocaron la oposición frontal de la CEOE, que ha bloqueado hasta ahora cualquier avance en la mesa.
La patronal no pudo evitar, sin embargo, que el Gobierno aprobase la mayor subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de la historia y que elevase las cotizaciones sociales por decreto antes de acabar el año. Un encarecimiento de las contrataciones que se notó sensiblemente ya en los datos de enero, cuando se destruyeron más de 200.000 empleos.
Y la evolución del mercado laboral no pinta bien para un primer trimestre en el que suele subir el paro como tónica general. Sánchez se enfrentará al examen en las urnas con la Encuesta de Población Activa (EPA) recién sacada del horno. En concreto, el Instituto Nacional de Estadística (INE) hará públicas estas cifras el día 25 de abril, con apenas tres jornadas de margen para encajar el mal dato que auguran los analistas. En el Ejecutivo no olvidan que la economía da y quita votos.
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