Bruselas, 6 may.- Los ministros de Economía de España y de otros nueve países se comprometieron hoy en una declaración conjunta con la implantación de la tasa a las transacciones financieras a partir de 2016, empezando con las acciones y algunos derivados.
El ministro español de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, calificó en rueda de prensa el comunicado de "acuerdo político" que expresa la "voluntad y el compromiso de diez países de seguir adelante con la tasa por fases y con fechas concretas", después de que Eslovenia abandonara la idea.
"Hemos llegado a un acuerdo político sobre cómo avanzar a futuro. Es una propuesta prudente que recoge los planteamientos y las sensibilidades de los diferentes países que formamos parte de la cooperación reforzada", sostuvo.
En principio eran once países miembros, pero Eslovenia "ha preferido quedarse en un segundo plano", indicó De Guindos, después de que la primera ministra, Alenka Bratusek, dimitiera tras poco más de un año en el poder por la crisis abierta en la coalición de centro izquierda.
En la declaración se establece que se empezarán con un gravamen sobre las acciones y algunos tipos de derivados a partir del 1 de enero de 2016, pero se deja abierta la puerta a que los Estados miembros que lo quieran puedan tasar "otros productos", aunque no se fija todavía con qué porcentajes ni si se aplicará el principio de emisión o de residencia.
España defiende únicamente que no se incluya nunca la deuda soberana, y afirma que debe primar el principio de emisión, aunque se puede tener en cuenta el de residencia de las entidades.
El llamado "principio de la emisión" implica que, cuando se emiten los instrumentos financieros en alguno de los diez Estados miembros, éstos sean gravados incluso si las partes que negocian con ellos no se encuentran en estos países.
España defiende además que si se gravan las acciones se graven también las acciones en el mercado de derivados, es decir las opciones a futuro, para evitar transferencias artificiales entre un mercado y otro que están conectados.
"Hay derivados que lo que hacen es mitigar los riesgos, pero hay otros que suponen adoptar posiciones abiertas de riesgo, que es donde se va a centrar el trabajo técnico de los próximos meses", dijo, al tiempo que admitió que habrá que analizar si se establecen límites como un umbral de mínimo de capitalización bursátil.
De Guindos explicó que antes de aumentar el abanico de productos financieros se hará "siempre una evaluación para minimizar posibles efectos negativos", de los que advierten países como Suecia, que tenía la tasa en los años 90, y Reino Unido, que dice que va dañar los empleos y las inversiones.
"Lo que adoptamos es una posición prudente, vamos a analizar las consecuencias desde el punto de vista de desviaciones de flujo capitales para evitar este tipo de distorsiones", dijo.
"Una de las mayores discusiones siempre es el efecto distorsionador de un impuesto frente a aspectos positivos que generan, que es la recaudación: se trata de conseguir la máxima recaudación posible con la mínima distorsión posible", señaló.
En el caso de España, el programa de estabilidad incluye para el año 2015 la cifra recaudatoria de 600 millones de euros procedentes del futuro impuesto sobre transacciones financieras y otras tasas, pero se trata de una especie de "cajón de sastre", explicó.
De Guindos se mostró convencido de que otros países se unirán a la tasa, la cual debe negociarse con transparencia, sostuvo ante las críticas de los países no participantes: "Cuanto más luz y taquígrafo, mejor", dijo.
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