En marzo del año 2009 la Agencia Tributaria comunicó a los principales despachos del país y a las organizaciones representativas de asesores fiscales la apertura de una ofensiva por parte de la Inspección para poner fin a una práctica fraudulenta, muy localizada en determinados colectivos profesionales, consistente en la percepción de retribuciones a través de sociedades interpuestas y la deducción de gastos e inversiones no relacionados con el desarrollo de la actividad profesional.
Dos años y tres meses después, en junio de 2011, según el relato que desgrana la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra el ya exministro de Cultura, Màxim Huerta, la Inspección de Hacienda remitía una comunicación a la sociedad Almaximo Profesionales de la Imagen S.L. y a su propietario y administrador único Maxim Huerta exigiéndole el reintegro a la Hacienda Pública de las cantidades dejadas de tributar gracias a la canalización de los ingresos derivados de su trabajo para Telecinco a través de una sociedad instrumental.
Huerta dispuso de más de dos años de margen para regularizar su situación fiscal a través de una declaración extemporánea, pero no lo hizo hasta que la Agencia Tributaria se lo exigió a través del procedimiento habitual en este tipo de casos, ya entrado el año 2012.
El mensaje enviado por la Agencia Tributaria en aquel año 2009 a los asesores fiscales de toda España y, en concreto, a los que trabajaban este tipo de esquemas societarios para profesionales no pudo ser más claro: "A fecha de hoy ya se han remitido algunos expedientes al Ministerio Fiscal por presunta comisión de delitos contra la Hacienda Pública, produciéndose en otros casos regularizaciones administrativas con imposición de sanciones. El Departamento de Inspección está realizando una búsqueda sistemática de aquellos contribuyentes que hayan podido utilizar estos mecanismos de fraude y procederá a iniciar comprobaciones inspectoras para regularizar su situación tributaria, siempre que no se produzca con anterioridad la presentación de declaraciones extemporáneas tendentes a corregir las irregularidades detectadas".
En otras palabras, Hacienda advertía a los asesores de que el uso de estas estructuras constituía un fraude fiscal, que la Inspección lo iba a perseguir y que recomendaba a los afectados regularizar voluntariamente su situación fiscal para no tener que lidiar con un acta de Inspección. Y lo hizo en marzo del año 2009.
¿Inocente de fraude fiscal?
El ya exministro de Cultura, Maxim Huerta, se despidió de su cargo apenas una semana después de prometerlo subrayando su inocencia, asegurando que no hizo cosa distinta a la de tantos otros artistas y creadores que canalizaron sus ingresos a través de una sociedad, recalcando que lo hizo así porque entonces no era ilegal y vinculando su caso - y tantos otros- a una supuesta caza de brujas durante los primeros compases del Gobierno del PP en 2012 contra personalidades entonces "críticas contra aquel Gobierno".
A la vista de la nota de la Agencia Tributaria, el relato trasladado a la opinión pública por el escritor y presentador de televisión presenta, no obstante, sustanciales inconsistencias. La más reseñable es su línea argumental de base, que pretende trasladar que la estructura societaria que utilizó entre 2006 y 2008 "no era ilegal en ese momento".
"No es que esas prácticas no fueran irregulares antes de marzo de 2009", aclara un ex alto cargo de la Agencia Tributaria de esa época, "es que la proliferación de ese tipo de estructuras aconsejó la realización de una campaña sistemática de inspecciones y regularizaciones".
La Información ha consultado a tres fuentes que ostentaban responsabilidades en la Agencia Tributaria en aquella época y éstas recuerdan que Hacienda tuvo que actuar cuando constató que el esquema de interposición de 'sociedades pantalla' se había convertido en el mecanismo estándar de tributación de numerosos colectivos profesionales y que se habían incorporado al portfolio básico de no pocos despachos y asesores fiscales.
De hecho, en contra de lo que asegura el relato de despedida del ex ministro de Cultura, la actuación inspectora que siete años después ha acabado forzando su dimisión no se inició con el Gobierno del Partido Popular sino en 2011, cuando aún gobernaba el gabinete socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.
Maxim Huerta también ha justificado su expediente fiscal en un cambio de criterio de Hacienda hacia este tipo de estructuras. "No hubo cambio de criterio alguno", aseguran fuentes de la Agencia Tributaria. Lo que sí hubo fue una Ley de Prevención del Fraude Fiscal aprobada en noviembre de 2016 que modificó la naturaleza de las operaciones vinculadas y que amplió su aplicación a las sociedades profesionales.
El cambio legal introdujo el requisito de que la sociedad debía contar con los medios materiales y personales para el desarrollo de sus actividades, precisamente el que tanto la Agencia Tributaria como las sucesivas resoluciones administrativas y judiciales han entendido que no cumplía la sociedad de Maxim Huerta.
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