El PSOE sigue dando pasos en su pretensión por limitar el uso del dinero en efectivo. Aunque los socialistas ya renunciaron oficialmente a promover la eliminación progresiva de billetes y monedas, medida con la que defendían que se ayudaría a combatir el fraude, sí mantienen su predisposición a ir dando de lado poco a poco a esta forma de intercambio monetario para que el ámbito digital se acabe imponiendo al líquido. El último aval lo recibieron hace unos días en el Congreso, donde la Comisión de Hacienda respaldó una propuesta en la que se incluía el ir reduciendo el máximo permitido para pagar cualquier bien o servicio en efectivo. Lo que refuerza al principal partido del Gobierno para continuar con su agenda en un asunto polémico y que genera controversia a nivel social.
La formación del jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, y que lidera Adriana Lastra en el Parlamento, tuvo que suavizar mucho su primera posición sobre el efectivo tras una gran polvareda. En su primera propuesta incluida en una Proposición No de Ley (PNL), los socialistas ponían sobre la mesa la eliminación gradual de los billetes y monedas físicas hasta su desaparición definitiva. Una medida con la que, según aseguraban, se atacaría de lleno a la economía sumergida y al fraude fiscal, ya que quienes operan con dinero opaco no podrían usar trámites bancarios o electrónicos sin dejar rastro. A su juicio, esto facilitaría una ordenación más adecuada del sistema tributario tras la pandemia de coronavirus.
Tras el rechazo que generó su propuesta en gran parte del arco parlamentario, y debido a que los tratados europeos impiden a los gobiernos tomar decisiones como esas en solitario dentro del marco de la moneda única, el PSOE reculó en su planteamiento inicial. Ahora, su argumento principal contra el efectivo es ir limitando todo lo posible los pagos con el mismo. Es decir, que el máximo permitido se vaya recortando hasta llegar a una cifra que sea tan baja que impida realizar intercambios de cantidades que puedan escapar al radar del Ministerio de Hacienda. En concreto, se apuesta por la "reducción de los límites de pago en efectivo con un objetivo a largo plazo, de forma gradual, consensuada y coordinada en el ámbito de la Unión Europea". Un texto que finalmente sí recibió el apoyo de la mayoría de la comisión competente en el Congreso.
Ir más allá de los planes de Montero
Aunque haya reculado con respecto a lo que puso sobre la mesa al principio, los socialistas ya han demostrado que en el tema del dinero líquido quieren ir mucho más allá de lo que ha abanderado por el momento la propia Hacienda. A las pocas semanas de llegar al Gobierno tras la moción de censura, el departamento que dirige María Jesús Montero ya propuso restringir mucho más los pagos en efectivo a empresarios y profesionales. La idea era reducir el tope de 2.500 euros a tan solo 1.000 euros. Algo que afectaría tan solamente a esas operaciones que implican un servicio que pueda realizar un profesional como un fontanero, además de los intercambios entre los propios autónomos y los responsables de una compañía. Lo que dejaría fuera las compras de particulares en lugares como tiendas o centros comerciales, para los que se mantendrían el techo de los 2.500.
Fuentes de Hacienda confirman a La Información que el Gobierno tiene previsto reactivar esa legislación para que sea una realidad a corto plazo, ya que la misma decayó con la disolución de las Cortes por la convocatoria de las elecciones generales en 2019. Ahí se volverá a incluir ese máximo de 1.000 euros. Y lo harán a pesar de que el Banco Central Europeo (BCE) ya mostró sus reservas a aprobar una medida de ese tipo porque iba a desincentivar el uso del efectivo como forma de pago. Desde los socialistas, fuentes de su grupo parlamentario señalan que aún no tienen definida una propuesta de cantidad máxima para ir avanzando en esos límites que quieren instaurar.
Concienciación sobre impuestos, sellos de excelencia...
El resto de medidas que el PSOE ha logrado sacar adelante con el respaldo de otros grupos van en esa línea de mitigar el fraude fiscal. Aunque también se centran en otra cuestión sobre la que insisten los socialistas: convencer a la población de por qué es necesario que paguen impuestos. Por eso, insistirán en "promover campañas de explicación del destino de los ingresos públicos procedentes de impuestos y fomentar la formación y la conciencia tributaria en el ámbito de una educación para la ciudadanía". A lo que sumarían el fomento de "la publicidad responsable y respetuosa en término de conciencia fiscal". Junto a esto, se reclama que el CIS realice más estudios sobre política tributaria para conocer la causas que "incentivan la existencia de la economía sumergida, en las distintas etapas del ciclo económico, planteando medidas que las desincentiven".
Las empresas también forman parte de la PNL, ya que los socialistas aseguran que quieren tomar medidas como estas pero sin que esto suponga que se obstaculice su "crecimiento, su competitividad y eficiencia, también en la creación de empleo". Para reforzar a las que sí cumplan con Hacienda, el PSOE recomienda "impulsar sellos de excelencia en la contribución fiscal de las empresas como medida de reconocimiento social y/o indicador de riesgo reputacional". Pero eso no significa renunciar a propuestas impositivas que sí pueden provocar que las compañías afronten más carga, ya que el Grupo Socialista reitera su apuesta por reformar la fiscalidad para que se adapte a la "nueva realidad económica y social, digitalizada y global".
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