La hucha de las pensiones, al límite: ¿para qué servirá el dinero que queda?

Los casi 10 millones de pensionistas españoles dependen de la estabilidad de la Seguridad Social para cobrar sus prestaciones cada mes. Pese a la previsión de un déficit del 2% del PIB este año, siete décimas superior al del año pasado, las pensiones están aseguradas gracias los préstamos aprobados en favor de la Tesorería General de la Seguridad Social. Aún así, para aliviar las cuentas de la Seguridad Social, el Gobierno también puede recurrir al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, aunque su capacidad cada vez es menor. 

La denominada hucha de las pensiones se creó en 1997 para garantizar el sistema público de pensiones. En concreto, el objetivo era "establecer fondos especiales de estabilización y reserva destinados a atender las necesidades futuras en materia de prestaciones contributivas". A partir del exceso de los ingresos que financian las pensiones se pretendía corregir desviaciones de ingresos y gastos futuros. Las primeras aportaciones se realizaron en el año 2000 y en 2011, cuando se registró el dato máximo, el fondo llegó a acumular 66.800 millones de euros.

Sin embargo, el impacto de la crisis económica en las arcas del Estado obligó a empezar a recurrir a este fondo, convirtiéndose en los últimos años en un instrumento imprescindible para garantizar la viabilidad financiera del sistema de pensiones. Hasta 2011 la hucha permaneció intacta, incrementado el importe hasta los casi 67.000 millones. A partir de ese año la cuantía ha disminuido de forma drástica y actualmente acumula poco más de dos mil millones, según indica el 'Informe a las Cortes Generales. Evolución, actuaciones del año 2019 y situación a 31 de diciembre de 2019'.

El dinero de este fondo se puede utilizar para garantizar cualquier prestación que compete a la Seguridad Social. En los últimos años, con una cantidad mínima para gastar, se ha hecho uso de él principalmente para abonar las pagas extraordinarias, en diciembre y Navidad, a los pensionistas que les corresponde. Aún así, con el objetivo de evitar vaciarlo, la Seguridad Social también recurre a préstamos concedidos por Hacienda en situaciones con dificultades en sus cuentas. 

¿Qué ocurre si se agota este fondo?

Pese a la mala noticia que pueda suponer el fin del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, hay que tener en cuenta que se trata de un instrumento de ayuda, pero la Administración Pública cuenta con su propio modelo de financiación. En concreto, la Seguridad Social se financia principalmente a partir de las cotizaciones sociales que pagan tanto los trabajadores, por cuenta ajena y propia, como los empresarios y se basa en la denominada solidaridad intergeneracional. Es decir, los trabajadores tienen derecho a estas prestaciones contributivas gracias a sus cotizaciones, pero estas pensiones no se pagan con el dinero que 'han pagado' a lo largo de su vida laboral, sino con las cotizaciones de los trabajadores actuales.

Las cotizaciones que paga cada trabajador varían en función de su base de cotización y del tipo de cotización que corresponde a cada contingencia. En este caso computan las contingencias comunes que es el 28,3% de la base. En concreto, en el caso de los asalariados, esta aportación, que se especifica en la nómina de cada trabajador, se divide entre lo que aporta el empleado, el 4,7%, y su empleador, 23,6%. A estas cotizaciones se unen las de desempleo, formación profesional y las del Fondo de Garantía Salarial, pero que no se destinan al sistema de pensiones.

Sin embargo, las cotizaciones no siempre son suficientes para cubrir todo el gasto, lo que lleva a la Seguridad Social a déficit. En esas situaciones se podría hacer uso de la hucha de las pensiones, pero ante su inminente vaciado el Gobierno debe buscar otras formas de financiación que complementen los ingresos. Una opción es incrementar las propias cotizaciones para incrementar los ingresos a la Seguridad Social, para ello se podría aumentar el tipo de cotización o bien incrementar la base máxima. Otra opción sería incrementar los impuestos, de manera que esa subida fiscal compensase el déficit de la Seguridad Social. En cualquier caso, y pese a ese desequilibrio de ingresos y gastos, que dan como resultado el déficit de la Seguridad Social, las pensiones están garantizadas aunque su poder adquisitivo pueda reducirse.