Martes, 18.06.2019 - 01:28 h
Montoro forzó un recorte de 25.000 millones en 2013

Dos de cada tres CCAA han vuelto al nivel de gasto previo al gran ajuste de la crisis

Aragón, Murcia, Comunidad Valenciana y Extremadura han disparado su gasto corriente pese a incumplir sistemáticamente sus objetivos de déficit.

Gráfico gasto CCAA

Las contemplaciones se acabaron en 2013. España transitaba por el quinto año de la peor crisis económica en décadas, tres millones y medio de personas habían perdido su empleo, el déficit público permanecía anclado en el entorno del 10% del PIB y la deuda pública, como consecuencia de la incapacidad del país para ajustar sus ingresos y sus gastos, se aprestaba a superar la barrera del 100% del producto nacional. Y en medio de la tormenta los presupuestos de las comunidades autónomas parecían discurrir ajenos a esta realidad. Los ingresos se habían desplomado, sí,  pero el gasto se mantenía en niveles similares a los de los años de la burbuja con el argumento de la necesidad de sostener la red del estado del bienestar (sanidad, educación y servicios sociales) a costa de un déficit galopante.

Cristóbal Montoro decidió cortar por lo sano. Forzó a las comunidades autónomas a devolver al mercado -a sus proveedores- las facturas pendientes escondidas en el cajón y se ofreció a financiarles la operación -inasumible para sus castigadas arcas públicas- a cambio de una estricta condicionalidad, que les exigía cumplir los objetivos de reducción del déficit para acceder a las favorables condiciones de financiación que les ofrecía el Estado

Sin alternativas a la oferta gubernamental a las comunidades autónomas no les quedó más remedio que aceptar. Los resultados fueron inmediatos. En 2013 las comunidades autónomas recortaron sus gastos corrientes en más de 25.000 millones de euros (cerca de un 15%) en un ajuste presupuestario sin precedentes del que no se libraron ni los gastos en Sanidad ni los gastos en Educación.

La intensidad del ajuste se mantuvo en 2014 y comenzó a relajarse a partir de 2015...cada vez más. El cierre presupuestario de 2018 ha revelado que a estas alturas 9 de las 15 comunidades autónomas de régimen común -todas excepto las haciendas forales de Navarra y País Vasco- han recuperado y superado los niveles de gasto corriente en los que se movían antes del 'gran ajuste' forzado por Cristóbal Montoro. Y lo más curioso es que algunas de las autonomías que más han incrementado sus gastos en este periodo son también las que más dificultades están teniendo para reducir su déficit público. 

Autonomías como Aragón, Región de Murcia, Extremadura, Cataluña o la Comunidad Valenciana, que han demostrado tener serios problemas para embridar sus cuentas públicas, figuran entre las que más ha elevado sus gastos en este periodo, mientras que otras como Asturias o la Comunidad de Madrid han sido mucho más contenidas pese a cumplir esos objetivos.

Menos costes de estructura para mantener el gasto social

Desde 2013 los gobiernos de las autonomías de régimen común han incrementado su gasto en más de 10.000 millones de euros, de los que la mayoría han ido a financiar las dos grandes políticas sociales cuyas competencias ostentan los gobiernos regionales: la Sanidad y la Educación. No son éstas, sin embargo, las políticas en que el esfuerzo presupuestario más se ha incrementado en estos meses: las políticas medioambientales han mejorado un 15% su dotación presupuestaria desde el año 2013.

En general casi todas las políticas de gasto se han visto incrementadas en el periodo (ver gráfico) mientras que el ajuste estructural se ha concentrado en los llamados gastos de servicios generales, es decir, en los gastos de funcionamiento o de estructura de las comunidades autónomas. En este recorte estructural ha tenido mucho que ver la ofensiva del Gobierno del PP para 'limpiar' la administración paralela, todo ese entramado de fundaciones, empresas públicas, entes y organismos, muchas veces sin una función precisa, creada durante los años de vino y rosas. Los gobiernos autonómicos gastan hoy 1.700 millones de euros menos en su estructura que en 2013.

El intenso proceso de reducción del déficit llevado a cabo por las comunidades autónomas en los últimos cuatro años y que les ha conducido en 2018 a cerrar el ejercicio con un desequilibrio negativo del 0,2%, incluso por debajo del 0,3% previsto, ha transmitido una imagen de solvencia financiera algo distorsionada porque se ha sustentado más en el repunte de los flujos de ingresos que en una contención del gasto.  Las autonomías de régimen común han conseguido un margen extra de 25.000 millones gracias a los nuevos ingresos de los cuales apenas 10.000 millones han ido a reducir el déficit, mientras que 14.000 millones de euros se empeñaban en sufragar nuevos gastos. 

Todo ello, en un escenario condicionado por los 180.000 millones de euros de deuda autonómica de la que el Estado se ha hecho cargo y que las comunidades autónomas deberán empezar a asumir tarde o temprano a costa de un necesario repunte de su cuenta de gastos financieros.

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