La Vicepresidencia de Asuntos Económicos no considera prudente subir el Salario Mínimo en el contexto actual, pero señala como perfectamente alcanzable cumplir el compromiso de que el suelo salarial legal en España se eleve hasta la referencia del 60% del salario medio de aquí a 2023. Según los cálculos realizados por la comisión de expertos reunida por el Ministerio de Trabajo, avanzados este martes por El País y a los que se ha referido el nuevo secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, en su primera comparecencia ante la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso, esto implicaría que en los próximos dos años la nómina mensual del SMI debería elevarse entre 62 y 97 euros respecto a los 950 euros (14 pagas) en que se encuentra en la actualidad, un objetivo que el número dos de Calviño ha calificado como alcanzable.
El posicionamiento del secretario de Estado de Economía matiza la negativa mantenida hasta ahora por la vicepresidencia económica respecto a la subida del Salario Mínimo y la convierte en un rechazo transitorio. El departamento que dirige Nadia Calviño bloqueó hace seis meses los intentos de Yolanda Díaz de sacar adelante una subida del Salario Mínimo para 2021 bajo los argumentos de la necesidad de un acuerdo del diálogo social, imposible por el rechazo frontal a la medida de CEOE, y de que la prioridad en esta fase debía ser la creación de empleo. El secretario de Estado de Economía reiteró este último argumento hace apenas unos días al ser preguntado por el particular y señaló que subir el SMI ahora "no sería prudente".
El planteamiento que defiende Economía es que todavía quedan más de medio millón de trabajadores en ERTE por reinsertarse en el mercado laboral y que sus perfiles se corresponden precisamente con los segmentos laborales donde una eventual subida del SMI tendría una mayor incidencia. El informe del Banco de España sobre el impacto en el empleo de la histórica subida del 22% en esta referencia salarial decretada por el Gobierno para 2019 destaca precisamente el daño que sobre las expectativas laborales de jóvenes y trabajadores poco cualificados tuvo la medida, que según un cálculo aproximado a partir de sus estimaciones habría destruido o dejado de generar entre 100.000 y 170.000 puestos de trabajo a lo largo del ejercicio.
El análisis del número dos de Nadia Calviño es que los estudios académicos sobre el Salario Mínimo muestran que "los efectos negativos de esta medida sobre el empleo se están moderando" y que también están subrayando los eventuales efectos que pueden tener sobre otros aspectos como la situación salarial de los trabajadores a los que alcanza la medida o sobre aspectos como la desigualdad o la equidad. Gonzalo García Andrés ha querido poner en valor también la subida del SMI de 2019, "la mayor subida en cuatro décadas" y que también ha permitido situar a España entre los países más avanzados en cuanto a la cuantía de su suelo salarial.
La controversia de las ayudas a las empresas
Al secretario de Estado le ha tocado dar respuesta a la avalancha de preguntas de los diputados sobre la presunta escasa cuantía de las ayudas al tejido empresarial y sobre su mayor o menor eficacia a la hora de resolver los problemas de liquidez y solvencia que la pandemia ha generado en las empresas desde que en marzo comenzara la crisis del Covid.
García Andrés ha defendido la magnitud de los esfuerzos realizados desde la Administración para dar apoyo a las empresas, que según sus estimaciones alcanzarán entre 2020 y 2021 una cuantía equivalente al 6% del PIB nacional. Ha señalado que en este momento el Gobierno no se plantea ampliar el programa de ayudas directas a empresas, dotado con 7.000 millones de euros, y ha recordado que éstas están respaldadas por los 1.000 millones de euros del Fondo Cofides y los 3.000 millones de euros para reestructuraciones de deuda empresarial a través de los ICO.
Ha resaltado asimismo las medidas de alivio diseñadas por el Gobierno, como la ampliación a diez años del plazo para devolver la financiación recibida con aval del Estado y el ensanchamiento del periodo para empezar a devolver esos préstamos, a los que, según los datos proporcionados por el número dos de Economía, se han acogido el 45% de las empresas y por un importe equivalente al 50% de la financiación total proporcionada a través de los préstamos ICO.
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