Economía obligará a la banca a avisar de los riesgos de blindar las hipotecas

El Ministerio de Economía quiere que la banca avise explícitamente a los clientes de los riesgos de los productos que blindan sus hipotecas frente a las subidas de tipos de interés, ante la ola de acciones judiciales que afronta el sector financiero por los perjuicios ocasionados por esas coberturas.

En un proyecto de Orden Ministerial, que ha sido sometido a consulta pública, el departamento que dirige Elena Salgado establece que las entidades financieras deberán informar de que esos instrumentos (los más comunes son los swaps de tipos de interés) pueden acarrear también pérdidas si el precio del dinero baja.

Desde 2009, la banca española encara cientos de demandas judiciales por estos productos, que se vendieron justo antes de que se desatara la crisis financiera y los tipos de interés bajaran a mínimos históricos.

Para las familias y empresas que los contrataron, ese descenso brusco del precio del dinero no se tradujo en menores cuotas de las hipotecas debido a los efectos de esos "swaps", que básicamente hacen que el interés del préstamo se quede en un nivel fijo.

El problema es que la mayoría de los perjudicados afirman que no fueron informados de esos riesgos ni de los problemas que les podrían ocasionar las cancelaciones de los productos, cuyo coste es "disuasorio".

Por ello, el Ministerio de Economía establece que las entidades financieras deberán aclarar cómo se va a calcular el coste de la cancelación anticipada de la cobertura en función de los "distintos escenarios de tipos de interés".

El abogado Juan Ignacio Navas, socio del despacho Navas & Cusí, que asesora a cientos de perjudicados, considera que las nuevas obligaciones de información "son una reacción tardía ante el reproche generalizado de los tribunales al comportamiento de la banca".

La Asociación de Usuarios Afectados de Permutas y Derivados Financieros (ASUAPEDEFIN) tiene contabilizadas 326 sentencias en favor de los afectados, frente a las 64 resoluciones que amparan a las entidades financieras, que en algunos casos han recurrido ante el Tribunal Supremo para que fije jurisprudencia.

Desde el bufete EJ Abogados coinciden en señalar que las nuevas exigencias son "un parche que no aporta nada a las obligaciones que ya establece la normativa vigente", además de criticar que el texto del Ministerio de Economía parece que busca avalar la comercialización de swaps, que son productos excesivamente complejos que no se deberían haber colocado a pymes y familias.

"Sería mejor haber fomentado las hipotecas a tipo fijo", lamentan los despachos de abogados consultados, en línea con lo que opina la presidenta de ASUAPEDEFIN, Patricia Suárez, que recuerda que en otros países europeos los swaps de tipos de interés sólo se colocan a grandes empresas e instituciones.

Suárez critica, además, la redacción de la orden del Ministerio de Economía, ya que de nada le sirve a un cliente conocer la fórmula para cuantificar el coste de la cancelación anticipada sino "las consecuencias económicas reales en función de cada escenario, aunque casi nadie pueda permitírselas".