El actual sistema de pensiones es inviable a largo plazo. El próximo año o, en el mejor de los casos, en 2018, el Fondo de Reserva, conocido popularmente como la hucha de las pensiones, quedará vacío después de que el Gobierno haya echado mano de él de forma regular para pagar las prestaciones.
Las cotizaciones ya no son suficiente para abonar las pensiones. Nos jubilaremos más tarde y con menos pensión y, desde luego, sería necesario poner en marcha medidas para incrementar los ingresos o reducir los gastos.
El contexto es dramático y en la situación actual no hay ningún indicio de que sin reformas profundas se puedan seguir pagando las prestaciones. Baja productividad, sueldos bajos, natalidad en mínimos y sin incentivos y una población envejecida dibujan un panorama desalentador.
Te puede interesar: Si a los 25 años, con un sueldo de 1.200€ no pagáramos a las Seguridad Social tendríamos pensión 4 años y medio más
Los mayores ingresos podrían venir por nuevos impuestos o el incremento de los ya existentes o por elevar las cotizaciones, pero la situación ideal que una reducción eficiente de gastos.
¿Pero qué gastos se pueden eliminar? Existen numerosos gastos prescindibles que se podrían eliminar o reducir. También instituciones cuya desaparición no tendría un impacto significativo.
Sin duda, eliminar la corrupción y destinar el dinero que cuesta al pago de las prestaciones sería trascendental.
Te puede interesar: La Seguridad Social saca 9.500 millones de euros de la 'hucha de las pensiones'¿Cómo se podrían pagar las pensiones?
El gasto en pensiones no ha parado de crecer en los últimos años. En 2015, el Gobierno destinó un 3,2% más dinero para pagar las pensiones contributivas, en total 115.669 millones, según los Presupuestos Generales del Estado.
En noviembre de este año había inscritos en la Seguridad Social 8.595.509 pensionistas y este organismo pagaba 9.458.366 pensiones. La nómina mensual de pensiones contributivas de la Seguridad Social alcanzó los 8.598,6 millones de euros el pasado 1 de noviembre.
Solo sumando el coste de los principales casos de corrupción (10.000 millones), la desviación al alza de los contratos públicos (47.500 millones), el coste de las diputaciones (64.000 millones) y el de las televisiones y radios públicas (1.887 millones), se obtendrían 65.787 millones, lo suficiente para pagar casi ocho meses íntegros de pensiones y lo suficiente para dejar la hucha de las pensiones a su nivel más alto (a finales de 2011 había 66.800 millones).
Te puede interesar: Escasa natalidad, envejecimiento y bajos salarios ponen en riesgo las pensionesLos casos de corrupción: 10.000 millones
Resulta complicado calcular cuánto nos cuesta la corrupción y la mala gestión. Recientemente, Unión Progreso y Democracia (UPYD) presentó un estudio en el que se evaluaba el coste del mal gobierno. Según la formación magenta, gobernar mal -incluida la corrupción- tiene un coste anual de 80.000 millones, lo suficiente para pagar más de nueve meses de pensiones.
Los principales casos de corrupción política en España, al menos los más mediáticos, han costado más de 10.000. Esta es la cantidad económica defraudada por asuntos como los ERE andaluces, la Gürtel, las tramas de los Pujol, el caso EDU o la Malaya.
Según la UDEF, la trama de corrupción del caso EDU podría haber defraudado más de 3.000 millones de euros.
En la segunda posición del ranking estaría caso Malaya. La factura del saqueo de Marbella supera los 2.400 millones de euros en comisiones y blanqueo de capitales.
Según el Ministerio del Interior, el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, su mujer, Marta Ferrusola, y sus siete hijos movieron unos 1.800 millones de euros en paraísos fiscales presuntamente procedentes de comisiones cobradas a cambio de contratos públicos. Algunas fuentes estiman que la cantidad defrauda sería de 3.000 millones.
Te puede interesar: ¿Peligran las pensiones de jubilación en España? Todas las preguntas y respuestas
El caso de los ERE se centra en el llamado fondo de reptiles de 721 millones de euros destinado a prejubilaciones y empresas en crisis. La juez Mercedes Alaya consideró que pudieron desviarse hasta 1.200 millones de euros.
Mientras, la llamada trama Púnica por cobró comisiones por contratos públicos en Madrid, Valencia, Murcia y Castilla-León por valor de 250 millones de euros, mientras que en la Gürtel se considera que se pudieron defraudar 120 millones de euros.
Otras tramas menores, pero que suman millones al saqueo de las arcas del Estado, son el caso Palau, 35 millones de euros; el caso Bárcenas, 30 millones, el caso Nóos, 16; y las tarjetas black, algo más de 15 millones.
Te puede interesar: Las 7 preguntas a los partidos que jubilados y pensionistas exigen responder yaLas diputaciones: 6.400 millones
Las diputaciones cuentan con un presupuesto de casi 6.400 millones de euros, que rondaría los 22.000 millones si se incluyen las diputaciones forales (13.200) y las Islas Baleares y Canarias (2.100). En ellas trabajan 60.000 empleados. Hay 38 diputaciones de régimen común, a las que se deben sumar las tres diputaciones forales del País Vasco.
La Fundación Diario Madrid aseguraba recientemente que la eliminación de las diputaciones provinciales supondría un ahorro inmediato de casi 600 millones de euros; multiplicaría esa cantidad a medio plazo al suprimir duplicidades, entidades instrumentales y redes clientelares.
Las radios y televisiones públicas: 1.887 millones
Las radios y televisiones públicas españolas cuestan cada año 1.877 millones de euros. Según informe publicado por el sindicato Unión Profesional, la televisión autonómica más cara es TV3 y recibe en torno a 225 millones anuales. Mientras la televisión autonómica vasca cuesta 122 millones y la andaluza, 161 millones. La Radio Televisión España cuesta 948 millones. Sobrecoste de los contratos: 47.500 millones
Los concursos públicos en nuestro país tienen en muchos casos un sobrecoste del 25% por la falta de concurrentes a los mismos, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El regulador ha estimaba en 47.500 millones de euros al año el coste generado por esta desviación al alza de los contratos. "En España, a nivel agregado, esto podría implicar hasta un 4,6% del PIB anual", asegura en su informe.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios