CEOE se planta y rechaza el 'striptease' salarial de los directivos de las empresas

De seguir el criterio sentado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno el desarrollo reglamentario de la Ley de Transparencia exigiría a una buena parte de las empresas privadas españolas a un ejercicio de 'striptease' sin precedentes, que les obligaría a revelar entre otra información sensible sus proyectos presupuestarios, el grado de ejecución de éstos, los informes externos de auditoría que encarguen y hasta las retribuciones e indemnizaciones que abonen a sus directivos y máximos responsables.

A los empresarios todo esto les parece un exceso intolerable y, por ello, CEOE acaba de hacer llegar al Gobierno un documento de once páginas de sus Servicios Jurídicos en el que, básicamente, reclama al Ejecutivo que revoque el criterio sentado por su propio Consejo de Transparencia - el organismo creado precisamente para cursar recomendaciones para el adecuado cumplimiento de esta ley- y que aproveche el desarrollo reglamentario de la Ley para clarificar su alcance respecto del sector privado, so pena de entrar en un agrio conflicto legal con el sector empresarial.

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El lío viene del año 2015. El Consejo de Transparencia interpretó en una resolución fechada el 11 de mayo de ese año (se puede consultar aquí) que determinadas obligaciones de publicidad que en principio la ley reservaba para las Administraciones Públicas también debían ser observadas por los sujetos del sector privado concernidos por la ley, a saber, todas las empresas que percibieran más de 100.000 euros del erario público (grupo en el que se encuentran la práctica totalidad de las empresas de mediano y gran tamaño del país).

Según el análisis de los Servicios Jurídicos de CEOE, esta interpretación desborda el espíritu de la ley de garantizar la transparencia del sector público, no del privado, y "obliga a entidades privadas a publicar en sus web información privada, sin relevancia en la gestión de fondos públicos, además de imponer exigencias que van más allá de las obligaciones registrales establecidas en la normativa que les es de aplicación".Información privada y confidencial

Entre otras exigencias, este criterio obliga a las empresas a revelar las retribuciones percibidas por sus altos cargos y máximos responsables, así como las indemnizaciones percibidas por los mismos en el momento de abandonar, que deberían ser publicadas en sus páginas web.

CEOE rechaza esta posibilidad y recalca que esta información no solo carece de cualquier relevancia en la gestión de los fondos públicos, sino que "por su propia naturaleza es confidencial y podría suponer conflictos comerciales para las empresas españolas", cuyos competidores, recuerda el informe, podrían conocer fácilmente los sueldos que pagan las empresas españolas por el simple hecho de estar dentro del ámbito de aplicación de la Ley de Transparencia.

Y no sólo los sueldos, también sus proyectos presupuestarios, el estado de ejecución de éstos en distintos momentos del año, sus cuentas anuales - que deben depositarse en el Registro Mercantil pero no difundirse de manera pública, según el marco actual - y sus informes de auditoría.

La organización advierte al Gobierno del embrollo jurídico que se derivaría de una situación así. Recuerda que "no existe normativa ni mercantil ni mucho menos administrativa en nuestro entorno que obligue a entidades privadas a publicar información de carácter confidencial" y subraya que podría vulnerar también la Ley Orgánica de Protección de Datos, para terminar señalando que de querer modificar este marco legal el vehículo necesario sería una Ley Orgánica no un Reglamento.

Las empresas entienden que las obligaciones de transparencia del sector privado deberían acabar en la publicación por parte de la Administración Pública de la información de trascendencia pública relativa a contratos, convenios y subvenciones que impliquen a empresas, y que, en todo caso, si se quiere ir más allá debería hacerse con una normativa específica para el sector privado.

Mientras tanto, y para evitar una previsible judicialización de la ley de transparencia, ya que algunas normativas autonómicas ya han incorporado este criterio, CEOE insta al Ejecutivo a aprovechar el Reglamento para clarificar esta situación y liberar de estas obligaciones al sector empresarial.

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