Montoro plantea ahora prohibir por ley cualquier amnistía fiscal en el futuro

Reivindica el proceso extraordinaria pese a la sentencia del TC que la considera ilegal: "Si no pones un cebo, los pececitos no pican".

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Prohibir por ley futuras amnistías fiscales. Éste es el golpe de efecto que se ha guardado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para su comparecencia parlamentaria en la que debía explicar su posición ante la sentencia del Tribunal Constitucional, que consideró contraria a los principios de la Carta Magna el proceso de regularización fiscal impulsado desde su departamento en 2012, y en la que se vislumbraba una petición masiva de dimisión.

Montoro ha esperado al final de su intervención para proponer a sus señorías una reforma de la Ley General Tributaria que prohíba taxativamente que en el futuro ningún Gobierno pueda utilizar el recurso a las regularizaciones extraordinarias, según su relato, o a las amnistías fiscales, según el lenguaje del Constitucional. Antes dijo otras cosas.

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La amnistía fiscal fue una medida impopular, difícil de tomar y que incluso repugnó en buena medida al encargado de decretarla, pero "fue necesaria" y contribuyó a la estabilización de un país que estaba al borde del rescate europeo y en el que muchas administraciones públicas "ni siquiera tenían dinero para pagar sus facturas". Ésta es la línea de defensa con la que Cristóbal Montoro ha abordado su comparecencia a petición propia, y de la inmensa mayoría de los grupos parlamentarios, ante la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados para explicar la situación creada tras la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional el proceso de regularización extraordinaria impulsada por el equipo del ministro en 2012.

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El argumentario del ministro se resume en dos frases: "Evidentemente fue una medida que no me gustó nada tener que poner en marcha, pero que no me gustara no significa que fuera un error" y "en aquel contexto el Gobierno no podía dejar de tomar ninguna medida que pudiera contribuir la vuelta a la situación, por dura que fuera, por difícil que fuera y por impopular que fuera".

En resumen, que en cualquier otro contexto el Gobierno no hubiera tomado esa medida, pero que adoptarla era cuestión de Estado, de máxima urgencia y, por tanto, una cuestión de responsabilidad.La parábola del cebo y los peces

Y respecto al formato... El ministro ha admitido que hacerlo por Real Decreto Ley evidentemente no fue la mejor opción a la luz de la sentencia del Tribunal Constitucional, pero que ese detalle - que es el que el Tribunal Constitucional ha utilizado para anular la amnistía fiscal - no va a tener ninguna trascendencia jurídica ni va a condicionar la situación de los beneficiarios. 

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"Digamos que echamos el anzuelo, pero, claro, un anzuelo sin cebo...Vamos, que si no hay cebo no vienen los pececitos o se quedan debajo del mar", ha explicado gráficamente el ministro para justificar ese tipo reducido del 10%, que se quedó en un tipo real del 3,5%, que se garantizó a los defraudadores que optasen por acogerse a la DTE y aflorar su patrimonio oculto.

El ministro ha aportado todo tipo de argumentos para glosar lo positivo que ha sido el proceso para la Hacienda Pública. A saber, se ha reintegrado en el circuito fiscal regulado a no contribuyentes que ahora pagan IRPF, IVA, Impuestos Especiales o Impuesto de Patrimonio. De hecho, para glosar la potencia de la medida ha asegurado que mientras las declaraciones de Patrimonio de estos contribuyentes suponían el 12% del total en 2007, ahora suponen el 32,95%, casi un tercio del total.

También ha atacado uno de los clásicos argumentos contra la amnistía: que no se ha investigado a sus contribuyentes. Se han abierto 3.943 actas de inspección a los beneficiarios de la amnistía fiscal (algo más de 30.000 entre particulares y empresas), que han permitido ingresar 212 millones de euros.

Y, además, ha reiterado que el acogerse a la amnistía no exime de responsabilidad penal alguna a sus beneficiarios, que corren el riesgo de verse ante los tribunales en el caso de que Hacienda detectara que ocultaron información tras acogerse a este proceso. Es decir, por la irregularidades cometidas tras la amnistía fiscal o las realizadas antes de ese proceso, pero que se mantuvieran ocultas aún tras la regularización.

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Montoro no ha ahorrado dardos al Tribunal Constitucional. De hecho, ha comenzado su intervención con un amago de pequeña tesis de Derecho Constitucional poniendo al mismo nivel al Gobierno, al Parlamento y al Tribunal Constitucional. "No fue una amnistía fiscal lo diga quien lo diga", ha continuado el ministro de Hacienda, revolviéndose ante el relato del Constitucional que habla de amnistía fiscal.

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