Domingo, 25.08.2019 - 00:56 h

Moody's, Fitch y S&P llaman al Gobierno para medir su compromiso con Cataluña

Las agencias de rating contactaron el viernes con el área económica del Ejecutivo para esclarecer el alcance real del control reforzado sobre el gasto catalán y sondear posibles riesgos de solvencia.

Las agencias han advertido en diversas ocasiones de que degradarán la calificación de la deuda catalana si los cauces de liquidez garantizados por el Estado se ven amenazados.

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El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont (i), y el del Gobierno, Mariano Rajoy (d), se saludan a su llegada hoy al Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) (EFE/Toni Albir)

Los teléfonos empezaron a sonar nada más finalizar la rueda de prensa del Consejo de Ministros. El portavoz del Gobierno, Iñigo Méndez de Vigo, acababa de anunciar de una forma bastante confusa la activación de un mecanismo reforzado de vigilancia sobre el Presupuesto de Cataluña, que obligaba a la Generalitat a remitir semanalmente al Ministerio de Hacienda el detalle de los gastos en los que incurriera durante ese periodo para evitar que se destinara un solo euro al referéndum del 1-0, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional. De no hacerlo, el Gobierno se reservaba la opción de bloquear la transferencia a Cataluña de los recursos del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), 1.707 millones de euros ya comprometidos para el tercer trimestre y esenciales para que la Generalitat cumpla sus compromisos con proveedores y acreedores durante ese periodo.

Bien lo saben los analistas de Moody's, Fitch y Standard & Poors, que no aguardaron más que unos minutos para marcar el número de sus contactos en los ministerios de Economía y Hacienda en busca de una explicación sobre el alcance real de la medida anunciada en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y su eventual impacto sobre los compromisos de pago que debe afrontar Cataluña, según ha podido confirmar lainformacion.com.

Los últimos informes de las agencias de rating sobre la deuda catalana han coincidido en advertir que la calificación otorgada (Ba3 con perspectiva negativa, según Moody's; B+ negativa, para S&P; y BB-, para Fitch, todas ellas en el tramo calificado técnicamente como inversión especulativa y conocido en la jerga popular como bono basura) estaba condicionada al mantenimiento de los mecanismos de liquidez activados por el Estado para garantizar la solvencia financiera de las comunidades autónomas, en general, y de Cataluña, en particular.

También, en que una eventual amenaza sobre ellos se traduciría en una pérdida de hasta cuatro escalones en la calificación actual de la deuda catalana, lo que llevaría su consideración al espacio en el que las agencias advierten a los inversores de que los activos adquiridos pueden ser objeto de quitas más o menos importantes en el futuro, a una situación similar a que vivió Grecia en 2011-2012 por buscar una comparación conocida.Dudas sobre la solvencia de Cataluña

Según fuentes conocedoras de los contactos, los portavoces de las agencias de rating solicitaron precisiones sobre la operatividad del mecanismo activado por el Gobierno y también sobre su eventual impacto sobre la solvencia financiera de Cataluña ante los compromisos de pago a los que deberá hacer frente en los próximos meses.

El mensaje que trasladó el Gobierno a las agencias de rating fue de tranquilidad. El mismo ministro de Economía, Luis de Guindos, conocedor ya de las llamadas recibidas, aclaró en la misma tarde del viernes a preguntas de los periodistas que el Ejecutivo español garantiza la estabilidad financiera de todas las comunidades autónomas.

Desde el Ministerio de Hacienda también se puntualizó que el bloqueo del FLA sería la última opción a utilizar y que lo aprobado el viernes persigue intensificar la vigilancia sobre el gasto de la Generalitat mediante su sistema de supervisión semanal "para evitar sorpresas".

"Pidieron información de carácter básicamente técnico, precisiones sobre algún compromiso pendiente, lo habitual en estos casos", señalan desde el Ministerio de Economía, que enmarca el contacto del viernes en el cauce habitual de interlocución que las agencias mantienen con el área económica del Gobierno en relación a cualquier modificación del marco legal.

Entre los compromisos pendientes, la Generalitat debe abordar el pago del cupón anual correspondiente a la emisión de deuda soberana a 10 años realizada por el Govern en 2010 y que debe sustanciar el próximo 15 de agosto.

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