Europa y CCAA elevan la presión para que Montoro regule la fiscalidad verde

España ocupa el puesto 26 de 27 países en el ránking de ingresos por impuestos ambientales dentro de la Unión Europea. Si se enfoca más el análisis el país se sitúa en el puesto 22 en ingresos por impuestos sobre la energía, en el mismo puesto en los ingresos derivados de los gravámenes sobre el transporte y acredita un 16º lugar en el ránking de ingresos fiscales por impuestos sobre la contaminación.

La Comisión Europea, la OCDE, el FMI y la práctica totalidad de institutos de análisis que han dedicado algún informe a estudiar la cuestión no aciertan a explicarse las razones por las que un país con un déficit fiscal galopante, que presenta una insuficiencia de ingresos notable con respecto a otros países europeos y en el que existe una cierta conciencia ambiental en la sociedad no ha desarrollado la llamada 'fiscalidad verde'.

El último en formularse esta pregunta ha sido el think tank Funcas, que en un reciente 'paper' y bajo el epígrafe 'Oportunidad para la reforma fiscal verde en España' asegura que "los sucesivos gobiernos han sido renuentes a incorporar este tipo de instrumentos y cuando lo han hecho ha sido de manera tangencial, como opción para resolver problemas regulatorios y recaudatorios puntuales".

La última prueba de ello ha acaecido de manera bien reciente, con motivo del envío a Bruselas del Programa de Estabilidad de España el pasado 1 de mayo. El Gobierno se comprometía en el documento a aprobar un impuesto sobre bebidas azucaradas y a impulsar la fiscalidad verde...pero siempre que el déficit se desviara de la senda marcada para este año.

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Sin embargo, el panorama podría empezar a cambiar esta misma semana. Según ha podido saber lainformacion.com, la propuesta de reforma que el grupo de expertos de financiación autonómica va a entregar esta semana al Gobierno recoge la encomienda de desarrollar una nueva ley marco estatal de fiscalidad verde, que clarifique de una vez el ámbito de la imposición ambiental en España, caracterizado hasta hoy por su anarquía y su elevada litigiosidad.

La propuesta de los expertos refleja, en buena medida, los anhelos de los gobiernos autonómicos que los designaron para dicho ´grupo de sabios'. No entra a detallar las figuras fiscales específicas que se podrían poner en marcha y se limita a instar al Gobierno a aprobar una ley que delimite con claridad tres aspectos esenciales: qué prácticas, infraestructuras o energías son susceptibles de ser gravadas, cuáles de ellas deben ser objeto de gravamen estatal y cuáles deben entrar en el ámbito de autonomía fiscal de las comunidades autónomas y, finalmente, qué bases imponibles comunes se definirán sobre los hechos imponibles.

El planteamiento puede parecer muy general, pero la carencia de un marco legal que diera respuesta a esas tres preguntas ha sido el motivo de la gran litigiosidad generada en torno a los intentos de comunidades autónomas y ayuntamientos de utilizar la imposición ambiental.Un negocio de 13.000 millones de euros

El peso recaudatorio de los impuestos verdes en España equivale al 1,8% del PIB, según detalle el informe de Funcas. Sólo equiparándola a la media europea - 2,5% del PIB -, los ingresos extra superarían los 8.000 millones de euros.

Pero hay estimaciones más ambiciosas. La Comisión Europea no se ha limitado a reiterar la recomendación a España que desarrolle la imposición ambiental y el año pasado realizó un ejercicio sobre la base de un paquete tipo de imposición ambiental, en el planteó la supresión de las exenciones fiscales para diésel en transporte ferroviario y agricultura, la introducción de un tipo para el carbón y el gas natural de uso doméstico y la aplicación de los tipos mínimos establecidos por la Directiva UE de fiscalidad verde para el transporte comercial y no comercial, lo que implicaría subir por ejemplo los impuestos al queroseno, el combustible utilizado por los aviones.

La Comisión calculó que la aprobación de dicho paquete fiscal elevaría de forma automática los ingresos en España en 13.365 millones de euros, un 1,2% del PIB, y reduciría las emisiones de gases tóxicos, sin tener un impacto significativo sobre el crecimiento.

La conclusión del informe de Funcas, firmado por Alberto Gago y Xavier Lavandeira, no deja lugar a la duda. "En un marco de consolidación fiscal, con restricciones en los mercados crediticios internacionales y resultados recaudatorios raquíticos, la imposición energético-ambiental puede desempeñar un papel crucial para reforzar el binomio crecimiento-competitividad, acelerando la transición hacia una economía baja en carbono y asegurando la viabilidad de las políticas emergentes: eficiencia energética, renovables, distribución de rentas e I+D".