Rebelión contra la tasa del azúcar: Uría Menéndez cree que es inconstitucional

Creen que el impuesto catalán sobre la bebidas azucaradas rompe la unidad de mercado, vulnera el principio de territorialidad y obstaculiza la libre circulación.

La tasa tiene dos tipos de gravamen, de ocho céntimos por litro y de 12, según la cantidad de azúcar de la bebida, y debe repercutirse al consumidor final.

El sector agroalimentario pide declarar inconstitucional por la 'tasa del azúcar'

Agricultores, la industria alimentaria, empresas de distribución y el sector hostelero han reclamado de forma conjunta y por carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que presente un recurso de inconstitucionalidad contra el impuesto catalán sobre las bebidas azucaradas.

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Así lo han anunciado hoy una docena de asociaciones sectoriales representantes de todos los eslabones de la cadena agroalimentaria, que se han apoyado en un informe jurídico elaborado por el despacho de abogados Uría Menéndez para instar al Ejecutivo a actuar contra la decisión de la Generalitat de Cataluña.

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Las entidades firmantes han coincidido en apuntar que este impuesto -aprobado oficialmente el pasado 30 de marzo pero que todavía no cuenta con un reglamento que lo desarrolle- rompe la unidad de mercado, vulnera el principio de territorialidad y obstaculiza la libre circulación de mercancías y servicios en territorio nacional, entre otros perjuicios.

El director general de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), Mauricio García de Quevedo, ha reconocido que en el caso de que esta iniciativa no prospere, no descartan explorar otras vías legales.

El impuesto catalán de bebidas azucaradas entró en vigor el pasado lunes 1 de mayo, un mes más tarde de lo previsto inicialmente. La tasa tiene dos tipos de gravamen, de ocho céntimos por litro y de 12, según la cantidad de azúcar de la bebida, y debe repercutirse al consumidor final, ya que su objetivo es reducir el consumo excesivo de estos productos.

Las previsiones de ingresos de la Generalitat para este nuevo tributo son de una recaudación de 30,98 millones en 2017, cálculo que tenía en cuenta la entrada en vigor el 1 de abril, y unos ingresos anuales ordinarios -por año completo- de 41,3 millones.

El gravamen se aplica a refrescos o sodas, bebidas de néctar de frutas y zumos de frutas, bebidas deportivas, bebidas de té y café, bebidas energéticas, leches endulzadas, bebidas alternativas de la leche, batidos y bebidas de leche con zumo de fruta, bebidas vegetales y aguas con sabores.

"Es de suma importancia trasladar a la sociedad y a la Administración la preocupación y malestar del sector por la reciente aprobación de este impuesto. Nos parece un impuesto inconstitucional porque vulnera la libre circulación de mercancías, de mercado, el principio de igualdad y de no discriminación", ha explicado en rueda de prensa el director general de FIAB, Mauricio García de Quevedo.

En concreto, el representante de la alimentación y bebidas españolas ha reiterado que esta tasa tiene "un impacto muy negativo para el sector, ya que se trata de una medida discriminatoria con mero afán recaudatorio". "No creemos que la fiscalidad sea la estrategia adecuada para cambiar los hábitos de vida de una sociedad moderna y avanzada como la nuestra", ha subrayado.

Los representantes de la cadena agroalimentaria (Asaja, COAG, UPA, Cooperativas Agroalimentarias, FIAB, Promarca, Aecoc, Anged, Asedas, ACES, FEHR y Marcas de Restauración), han presentado un estudio sobre la constitucionalidad del impuesto, elaborado por Uría Menéndez y que han remitido al Gobierno, en el que se confirma que este impuesto no es conforme con las exigencias y limitaciones del principio de territorialidad fiscal o tributaria y establece una serie de desincentivos a la deslocalización de empresas de distribución fuera de Cataluña o incluso fuera del territorio nacional.

Además, presenta similitudes con el IVA, por lo que vulnera la prohibición de equivalencia o de doble imposición. El estudio también advierte de que este tributo afecta a la seguridad jurídica, conculca el principio de igualdad y no discriminación y es contrario al principio de capacidad.

El presidente de Asaja, Pedro Barato, ha reiterado que el sector productor no está de acuerdo con esta medida que influirá de forma "negativa" en el sector remolachero español, que encara un año crucial con el fin de las cuotas. "¿Quién dice que mañana no se grave la leche, el yogurt o la carne? Quien ha parido este impuesto no conoce el sector agroalimentario, porque es una aberración y una barbaridad", ha recalcado.

Por su parte, el presidente de la Asociación Española de Cadenas de Supermercados (ACES), Aurelio del Pino, ha incidido en que este impuesto es un problema del Estado, ya que trae un peligroso precedente que "distorsiona" el funcionamiento de la unidad de mercado en un sector estratégico en el desarrollo económico de España como es el sector de gran consumo, así como de las empresas que se encuentran sin seguridad jurídica.

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