La invasión de Ucrania por Rusia agrava las debilidades que ya arrastraba la economía española, por lo que es preciso un pacto amplio de los agentes económicos, políticos y sociales para revertir esa situación, defienden desde el Consejo General de Economistas. En este sentido, el director del Servicio de Estudios, Salvador Marín, la economía nacional tiene debilidades adicionales a las de los grandes países de la Unión Europea (UE), porque "no hemos dedicado todo el tiempo y los recursos adecuados a las necesarias reformas estructurales (laboral, fiscal, del sistema de pensiones y de la Administración el gasto públicos, entre otras)", para las que "se podrían aprovechar" los fondos Next Generation. Asegura que "de seguir en este escenario, con este ambiente de guerra y sin acuerdos de medio y largo plazo con un horizonte de prosperidad para todos", la economía española podría entrar en recesión si, en un contexto de subida de tipos de interés, la presión de la inflación se traslada a los salarios y las administraciones públicas "no se ajustan el cinturón".
"No tenemos tanta potencia como Alemania que, además, tenía el déficit público y la deuda mucho más controlados" y ello se debe a que España no ha afrontado mejoras en la productividad ni una reforma fiscal significativa, teniendo en cuenta que "siendo objetivos, nuestra presión fiscal es elevada". Al tiempo, considera que "aun valorando el esfuerzo de los diferentes organismos públicos, la sensación general es que no terminan de meter en el sistema los fondos europeos", e insta a aprovechar la oportunidad que suponen los Fondos Next Generation para asentar un modelo de crecimiento a largo plazo.
Se trata, añade, de configurar una economía más resiliente, por lo que esos fondos deberían priorizar "inversiones transformadoras y no decisiones cortoplacistas y de gasto improductivo". Los programas para captar los fondos "ya se deberían haber madurado y puesto en marcha en su mayoría en 2021 porque en 2022 vamos con retraso". "Está claro que el dinero público debe justificarse", explica Marín, "pero una de las ideas de los fondos es que fueran ágiles de implementar". Según sus datos, España ejecutó entre 2014 y 2020 el 47% de los fondos Feder mientras que la media europea fue del 57%, por lo que defiende que se articule un mecanismo de gobernanza "más rápido, ágil y potente" de los Next Generation.
La guerra ha agudizado los problemas preexistentes de ruptura stock y los energéticos, que se trasladan a toda la cadena. "Lo que hace la invasión de Ucrania es agravar todos los problemas de una economía que ya venía mostrando signos de debilidad", ha señalado. Marín avanza que solo con los efectos colaterales de la guerra el impacto en el crecimiento será de 1,5 puntos "y eso sin sumar el resto de factores", con lo que la economía española estaría en un escenario de crecimiento de entre el 3,7 y el 3,9%. Afirma que estas nuevas circunstancias, junto con los problemas que se arrastraban desde antes de la guerra, entre otras razones por la fuerte subida de la actividad tras el parón de la Covid-19, han llevado a que los precios registren tasas de crecimiento desconocidas desde hace medio siglo.
Así, los precios de los productos industriales subieron en febrero un 40,7% en tasa interanual, por el incremento de los combustibles, y en tasas no vistas desde la crisis del petróleo de 1973. También el IPC, incluido el subyacente (el menos volátil porque excluye energía y alimentos no elaborados), refleja estos fuertes crecimientos del precio de las materias primas, con un alza del general del 9,8 % en marzo. Según sus cálculos, el efecto de la invasión rusa de Ucrania tendría un impacto adicional de dos puntos en la inflación, "algo inasumible" para la economía española. A su juicio, es preciso "mitigar esta tormenta", que se extiende a materias primas como el trigo, el girasol, el maíz, y metales como el níquel, a lo que se suma la debilidad de China, que tiene impacto en la economía global.
El director del Servicio de Estudios del Consejo General de Economistas cree que hay que ampliar la visión más allá del denominado "pacto de rentas" e incorporar, además de a trabajadores y empresarios, a la administración pública "que tiene que estar en la ecuación y dar ejemplo", así como a todo tipo de rentas "buscando la equidad". Se trata, apunta, de hacer "un plan de verdad" de "cómo vemos España de aquí a 5-10 años", para el que hay que pedir "el esfuerzo de todos, porque la sociedad tiene que percibir que todo el mundo está aportando". Las medidas adoptadas esta misma semana por el Gobierno son "solo una solución muy transitoria". "Hay cierto consenso en que no ataca los problemas estructurales de nuestra economía", indica Marín. Además, añade, "quizá derivado de la complejidad del momento, de nuestras propias debilidades presupuestarias y de divergencias en la priorización del gasto público" la potencia efectiva de estas medidas "será muy escasa".
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