Ecuador sigue buscando acuerdo amistoso con petrolera Oxy sobre millonaria condena (procurador)

  • Ecuador insistió este miércoles en que aspira a lograr un acuerdo amistoso con Oxy sobre la indemnización de 1.062 millones de dólares que debe a la petrolera estadounidense tras la condena que le impuso el lunes el Banco Mundial por cancelar un contrato de extracción en 2006.

"De momento, lo que hay es una manifestación de mutuo interés de solucionar la controversia o por lo menos el pago de la obligación a través de un acuerdo amistoso", dijo el procurador general del Estado, Diego García, en conferencia de prensa.

Agregó que "se van a buscar las mejores condiciones para el país para que pueda hacerse este pago".

Ecuador, que afronta dificultades económicas, informó el lunes que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) le ordenó el pago de la millonaria indemnización a Oxy (Occidental) luego de que en 2006 canceló el contrato mediante el cual la empresa estadounidense extraía unos 100.000 barriles por día de crudo en la Amazonía.

La caducidad se produjo por la venta sin autorización de Quito de 40% de las acciones de Oxy a la canadiense Encana en agosto de 2000.

El procurador sostuvo que por ahora "no existe la posibilidad de entregar ningún otro bloque" petrolero a Oxy, que dejó de operar en Ecuador desde que su contrato fuera dado por terminado.

La compañía estadounidense planteó el arbitraje en 2000 aduciendo una violación al Tratado Bilateral de Inversiones con Estados Unidos, reclamando una indemnización de 3.370 millones de dólares.

El CIADI (del Banco Mundial) resolvió en 2012 que el Estado ecuatoriano debía pagar 1.770 millones de dólares en un fallo cuya nulidad fue solicitada por Quito. Eso dio paso a que la condena se redujera al pago de cerca de 1.062 millones de dólares.

Ecuador abandonó el CIADI en 2010 -aunque los arbitrajes planteados con anterioridad sigue vigentes- y denuncia una inequidad en ese sistema de arbitral creado por inversionistas para defender sus intereses, según la procuraduría.

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