El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, anunció este miércoles el endurecimiento de la jubilación anticipada entre las rentas más altas, un colectivo entre quienes los coeficientes reductores no tienen casi impacto. El objetivo es desincentivar el adelanto de la jubilación, al mismo tiempo que pretenden mejorar los incentivos a la prolongación de la vida laboral para retrasar la edad real de jubilación entre los españoles. Las medidas anunciadas por Escrivá pretenden evitar elevar más allá de los 67 la edad legal, sin embargo sí que modificarán el calendario de los futuros pensionistas.
La edad legal de jubilación en la actualidad está fijada en 65 años y 8 meses, aunque los trabajadores que cuentan con más de 37 años pueden retirarse a los 65 años. No obstante, esa edad solo será la válida en 2020, la norma está en transición desde 2013 para que finalmente a partir de 2027 se fije la edad de retiro en 67 años y únicamente puedan retirarse a los 65 años los trabajadores con un periodo de cotización igual o superior a los 38 años y seis meses.
Retrasar la edad de jubilación busca, principalmente, contener el gasto y aumentar los ingresos. Hay que tener en cuenta que al acceder a la jubilación anticipada el trabajador deja de aportar al Estado, a través de las cotizaciones, antes de tiempo para convertirse en pensionista, incrementando el gasto.
Pese a esa corrección en la norma, la edad efectiva de jubilación en España, la edad real de media a la que los españoles dejan de trabajar, se sitúa por debajo de la legal, en los 64,6 años según afirmó el ministro en su comparecencia ante los diputados del Pacto de Toledo. Esta diferencia se debe precisamente a las opciones del sistema que permiten la jubilación anticipada.
En la actualidad, los trabajadores pueden acceder a la pensión de jubilación hasta dos años antes de la edad legal, bajo ciertos requisitos y con una penalización de hasta el 8% por cada año de adelanto gracias a la jubilación anticipada voluntaria. Sin embargo, el desincentivo se reduce entre las rentas más altas porque los coeficientes se aplican sobre la base reguladora.
Entre los trabajadores con mayores salarios esa base supera la pensión máxima que se fija cada año incluso después de aplicar el coeficiente reductor y el importe al que tienen derecho es el mismo que si no se hubiera aplicado la penalización. La norma corrige esta situación pero con una penalización adicional de solo el 2%. Esos "elementos distorsionantes" son los que el Gobierno pretende corregir para motivar a los trabajadores a continuar su vida laboral.
La situación provoca un desequilibrio de ingresos y gastos para el sistema que pone en duda su sostenibilidad, especialmente ante el envejecimiento de la población, según señaló en su análisis el ministro.
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