El retraso de la edad de jubilación se ha convertido en un objetivo prioritario para el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José María Escrivá, que considera que el aumento de los periodos de cotización supondrían un respiro para el deficitario sistema de la Seguridad Social. Sin embargo, la variedad de regímenes, requisitos, cláusulas y convenios, que frenan el aplazamiento de la jubilación más allá de la edad legal, hacen que prácticamente solo los trabajadores por cuenta ajena y los autónomos tiren del carro en la dirección que se ha fijado Escrivá.
Si las reformas de 2011 y 2013, también el efecto de la crisis económica que ha retrasado los retiros especialmente entre los autónomos, han hecho que poco a poco esté aumentando la edad de jubilación en el régimen de la Seguridad Social, que ha pasado del 64,1 al 64,6 años en apenas un lustro, en el caso de los funcionarios, adscritos a clases pasivas, el avance va algo más lento.
Los datos facilitados a La Información por la Subdirección General de la Gestión de Clases Pasivas, dependiente de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, muestran que la edad media de retiro de los funcionarios de clases pasivas -más de 637.000- se situó en 61,97 años en 202o, casi tres años y medio menos que los trabajadores vinculados al régimen de la Seguridad Social.
Desde 2018, la edad media de jubilación entre los funcionarios ha subido solo tres meses, una evolución que previsiblemente variará poco tras el espaldarazo de los representantes de PSOE y Partido Popular en la Comisión del Pacto de Toledo a este colectivo y su singular jubilación. Ambas formaciones acordaron en noviembre blindar por escrito la jubilación de los funcionarios en clases pasivas, que permite el retiro al cumplir 60 años, con prestaciones de 2.185 euros, más elevadas de media que en el sector privado debido a la mayor cualificación y carreras laborales sin lagunas, que además se complementan con pluses y complementos.
En la actualidad, 388.000 funcionarios están cobrando esta prestación, además de otros 86.700 militares y guardias civiles retirados, que han podido recibir el 100% de su pensión con 35 años de carrera en la Administración y retirarse cinco años antes de la edad prevista en el sector privado. Las tablas facilitadas por el departamento de Clases Pasivas del Ministerio de Escrivá muestran además que casi el 68% de los efectivos en las administraciones optan por dejar el trabajo antes de los 65, la mayoría a los 60,71.
Las altas de pensión entre los funcionarios alcanzaron en 2020 las 30.446, un 23% más que un año anterior. Muchas de ellas son de profesores y médicos de Asistencia Pública y Domiciliaria (APD) y los profesionales que trabajan como funcionarios para las distintas administraciones, que decidieron adelantar su retiro por miedo a la Covid, especialmente peligrosa a determinadas edades.
Mientras, apenas 1.115 efectivos dejaron sus empleos con 70 o más años, es solo el 3,6% del total. En este caso se trata de funcionarios de los Cuerpos Docentes Universitarios, jueces, magistrados y fiscales y registradores de la Propiedad ingresados antes de enero de 2015. Todos ellos puede acabar su labor en el sector público a los 70 años, siendo obligatoria para el resto de los funcionarios la jubilación al cumplir los 65.
Jubilaciones atípicas
Los agentes de Policía Local pueden jubilarse de manera anticipada a los 59 años desde el pasado 1 de enero de 2019, como ocurre con los policías nacionales y los bomberos. En España hay cerca de 70.000 policías locales, de los cuales casi 8.000 tienen más de 55 años. También los enfermeros y enfermeras reclaman medidas de jubilación 'excepcionales', que justifican en las condiciones laborales especialmente duras y penosas que sufren a lo largo de su trayectoria profesional. Aseguran que es un colectivo especialmente expuesto y con numerosas bajas por su trabajo.
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