Dos de cada diez pensiones de jubilación no llegan al umbral mínimo fijado por ley, que en el año 2022 se ha establecido en 890,5 euros -en 14 pagas- para aquellos retirados con cónyuge a cargo y en 721,6 euros, para los que no tienen cónyuge a cargo. En total, según la estadística de pensiones relativa al mes de mayo publicada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, casi 1,3 beneficiarios de prestaciones de retiro está por debajo de esas cantidades, todavía muy alejadas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que se sitúa en 1.000 euros. La situación de estos pensionistas contrasta con un número muy importante que estará cobrando más del triple durante toda su vida de jubilado, en torno a dos décadas. Las cotizaciones mínimas, pero sobre todo los años que se aportó dinero a la Seguridad Social, son determinantes de esta situación.
Para complementar las prestaciones contributivas más bajas, el ministerio que dirige José Luis Escrivá dedica cada mes casi 500 millones de euros. En el caso de las de retiro, se debe aportar una media de 232 euros a cada uno de estos pensionistas. En total, un 22,5% de los beneficiarios de prestaciones de viudedad, jubilación, orfandad e incapacidad permanente -2,2 millones- requieren aportes extras para obtener una pensión mínima, que predominan entre los autónomos, que mayoritariamente cotizan muy por debajo de la media. Una de cada cuatro prestaciones de viudedad están por debajo de los umbrales previstos y requieren un complemento medio de más de 253 euros. Mientras, hasta un 11% de los ciudadanos retirados llega a la edad de jubilación con una pensión inferior a 500 euros -justo la mitad del SMI- y un porcentaje prácticamente idéntico lo hace con un prestación superior a 2.500 euros.
Para obtener una pensión de carácter contributivo es necesario estar afiliado a la Seguridad Social, cumplir la edad legal de retiro y haber cotizado un mínimo de 15 años. Con menos años trabajados la prestación final es menor y por eso se establecen los complementos a mínimos, que no tienen carácter consolidable y son absorbibles con cualquier incremento futuro que puedan experimentar las percepciones del beneficiario, ya sea en concepto de revalorizaciones o por reconocimiento de nuevas prestaciones. Estos pluses son incompatibles con la percepción de rendimientos del trabajo, del capital o de actividades económicas y ganancias patrimoniales, cuando todas la rentas sumadas exceden de 7.939 euros al año.
La revalorización de las pensiones ya supone más de 2.000 millones de euros mensuales, dos de cada diez euros del gasto total de pensiones
En el caso de los pensionistas de gran invalidez que tengan reconocido el complemento destinado a remunerar a la persona que le atiende, no resultan afectados por el límite de renta y cuando el complemento por mínimo de pensión se solicite con posterioridad al reconocimiento de aquélla, surtirá efectos a partir de los tres meses anteriores a la fecha de la solicitud, siempre que en aquel momento se reunieran todos los requisitos para tener derecho al mencionado complemento. Además de este mecanismo, la Seguridad Social prevé otros complementos, básicamente el de maternidad y el bonus a la jubilación tardía, que requiere 124 millones mensuales, y el de revalorización de las pensiones.
Este último, que va recogiendo la subidas de las pensiones anuales que a partir de ahora serán acordes al aumento del Índice de Precios al Consumo (IPC), supone más de 2.000 millones mensuales y uno de cada cinco euros del gasto mensual en pensiones contributivas. Así, en torno al 20% de la nómina de las contributivas se deberá al importe acumulado de la revalorización de las prestaciones. En el mes de mayo, último dato disponible, hasta 2.034 millones de euros de la factura final mensual de las pensiones, que ascendió a 10.800 millones, se debía a la revalorización anual de estas prestaciones.
Con respecto al año pasado, el gasto total en pensiones contributivas se ha incrementado en un 6,46% pasando de los 10.184 millones de mayo de 2021 a los 10.810 millones del mismo mes de este año, mientras la prestación media ha aumentado más de un 5,4%. Hasta abril ya se han jubilado 111.000 trabajadores, casi cuatro de cada diez por debajo de los 65 años y asumiendo las nuevas penalizaciones. La pensión de estos retirados es 410 euros mayor a la de los que se jubilan a la edad legal.
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