Martes, 23.04.2019 - 02:48 h
Fiscalización de la Cámara de Cuentas

El informe que estalla a Díaz en su adiós: 175 millones en ayudas sin justificar

Más de 134 millones en subvenciones a dedo y excepcionales están vencidos y 91 podrían haber prescrito, lo que hace muy difícil recuperarlos.

Susana Díaz, este jueves, en el Parlamento andaluz
El informe que estalla a Díaz en su adiós: 175 millones en ayudas sin justificar. / EP

La Cámara de Cuentas de Andalucía, el órgano fiscalizador de la gestión financiera, contable y económica de los fondos públicos en la comunidad, se ha despedido de la presidenta en funciones de la Junta, Susana Díaz, con un demoledor informe, de 150 páginas, en el que deja en evidencia la falta de transparencia y la presencia de numerosos errores e irregularidades en la concesión de subvenciones excepcionales concedidas o pagadas en 2016 por parte de las consejerías y de las agencias dependientes del Gobierno regional.

Díaz, que ha decidido no presentar su candidatura para presidir la Junta tras 37 años de gobiernos socialistas una vez que el popular Juan Manuel Moreno ha amarrado los apoyos necesarios para ser investido el próximo 16 de enero, se ha comprometido a hacer un traspaso de poderes ejemplar al nuevo Ejecutivo de Partido Popular y Ciudadanos, que tomará posesión en los próximos días. Una de las primeras decisiones del nuevo gobierno será precisamente poner en marcha una auditoría integral de la Junta y su entramado de organismos, entes y empresas que sacar a la luz los gastos innecesarios, los nombramientos a dedo, las subvenciones y los salarios de los cargos públicos.

El último informe de órgano fiscalizador destapa que hasta 175 millones de euros vinculados a ayudas excepcionales a diferentes entes y fundaciones, que no exigen publicidad ni concurrencia y en las que se debe acreditar razones de interés público, social, económico o humanitario, se concedieron sin que hasta ahora los receptores las hayan justificado. De esas subvenciones, 134 millones ya tienen el plazo vencido, una vez se ha rebasado la fecha límite establecida para los beneficiarios acrediten la documentación solicitada.

Un método mal utilizado y usado en exceso

La auditoría deja patente que en siete de cada diez expedientes no se han acreditado ni documentado las causas por las que se utilizó la vía directa y de excepcionalidad para conceder las subvenciones. Destaca las ayudas otorgadas a la organización de eventos y jornadas, que pese a tener un interés público, no tienen en ningún caso "una naturaleza imprevista o de urgencia", lo que puede implicar un incumplimiento de los principios de transparencia, concurrencia y objetividad.

También la Cámara de Cuentas se pregunta sobre la necesidad de utilizar la vía excepcional para ayudas que se llevan produciendo de manera reiterada año tras año y apunta que tampoco se justifica este método para subvencionar los programas y servicios diseñados para garantizar a las víctimas de violencia de género el derecho a una asistencia social integral en el Instituto Andaluz de la Mujer ni para el desarrollo de los planes turísticos por la consejería del área.

Además ahonda en la falta de transparencia y publicidad. Así, señala que la normativa obliga a publicar trimestralmente en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía las subvenciones concedidas, señalando la convocatoria, el programa y el crédito presupuestario al que se imputen, además de los beneficiarios, la cantidad y la finalidad de la ayuda. En casi dos de cada diez casos están no ha sido publicadas y en otro porcentaje importante de los expedientes se ha hecho fuera de plazo.

No se podrán recuperar muchas de las ayudas

Otro de los asuntos sobre el que hace especial hincapié el informe es el de la posibilidad de recuperar las ayudas en las que se ha eludido la obligación de justificación o bien esta ha sido insuficiente, tal y como recoge la Ley General de Subvenciones, que contempla el reintegro de las cantidades percibidas más intereses de demora en el caso de incumplimiento. De las ayudas por valor de 134 millones vencidas, el 67,7%  -91 millones- lo están por un periodo superior a cuatro años, "por lo que, de no haberse producido la interrupción, puede existir riesgo de prescripción o caducidad" o lo que es lo mismo, que será casi imposible recuperarlos a pesar de los incumplimientos justificativos.

Al detalle, señala que de estos 91 millones de euros que será difícil recobrar hay 37 expedientes administrativos por valor de 5,5 millones que no se han podido localizar "dado el tiempo transcurrido desde que se emitieron" y de los que se desconoce su origen. Además, destaca que en otros 6,7 millones hay un riesgo más que evidente de que no se reintegrarán, ya que estarían prescritos, "dado el tiempo transcurrido desde el último trámite realizado". Por su parte, 20 expedientes vencidos por importe de 39 millones están siendo verificados por los órganos gestores, que deberán justificar de forma urgente la aplicación de las ayudas y el cumplimiento de su finalidad última y otros 10 millones están en vía de ser reintegrados.

Los fondos de la Faffe, irrecuperables 

El fiscalizador destaca los 55 millones concedidos en ayudas a la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), que funcionó entre 2003 y 2o11 y que tenía por objeto la mejora de las condiciones sociales y laborales de los andaluces y que lamentablemente es conocida por que algunos de sus directivos se gastaron parte de los fondos públicos en prostíbulos a través de tarjetas opacas.

La integración de la Faffe en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) hace ocho años provocó que durante un tiempo concurriera en la misma persona jurídica la figura del beneficiario y del órgano que concedía las subvenciones -deudor y acreedor-, lo que hace muy difícil delimitar las obligaciones. En la actualidad y una vez supervisada la situación por los órganos jurídicos de la Junta, sigue sin quedar claro si han desaparecido las obligaciones y en que momento -o no- ha sucedido. Esto implica, según destaca la Cámara de Cuentas, una situación de incertidumbre que hace imposible determinar los importes a reintegrar por las subvenciones excepcionales concedidas.

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