Viernes, 16.11.2018 - 20:03 h
Todo lo decidirán 31 magistrados del Pleno

El 'affaire' de las hipotecas deja tocado al Supremo tras una "chapuza histórica"

Tanto desde el mundo de la abogacía como en el ámbito judicial se duda del control de Lesmes sobre la actividad de la institución.

Carlos Lesmes asegura que "las decisiones unilaterales no encajan en la Constitución"
La falta de coordinación del Supremo pone en duda la eficacia de Carlos Lesmes. / EFE.

Nadie había conocido hasta ahora en el mundo jurídico un caso como el que ha protagonizado este viernes la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que preside el magistrado Luis María Díez-Picazo, con su parón sobre la sentencia del impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD) en las hipotecas. La falta de coordinación entre la sección segunda de la sala, que lanzó la sentencia a bombo y platillo, y su presidencia, que la ha congelado y ha aguado la fiesta a cientos de miles de personas que pensaban recuperar lo que pagaron por el tributo, ha levantado un tremendo cúmulo de suspicacias sobre el funcionamiento de la institución y sus salas. Diversas fuentes consultadas en el ámbito de la abogacía y la magistratura hablan sin ambages de que se ha incurrido en una "chapuza histórica".

Desde el propio Supremo se aseguraba este viernes a última hora que el presidente de la Sala Tercera había paralizado el proceso porque nadie le había informado sobre la sentencia, de la que se enteró “por la prensa”, un argumento que desde fuentes jurídicas se desecha (aunque pueda ser verdad), sobre todo después de haber visto como horas antes se justificaba la paralización de la sentencia por la “enorme repercusión económica y social” que había generado. “No se cuál de las dos excusas es peor para intentar justificar una chapuza tan grande”, señalaban fuentes jurídicas especializadas en el ámbito administrativo.

“Lo que se ha hecho es tremendo, es un fallo clamoroso del Tribunal Supremo, que lo único que hace es corroborar que funciona cada vez peor”, aseguraban este viernes fuentes judiciales conocedoras de todo el proceso. “Cuando tienes un tema que cambia de forma radical la jurisprudencia y que afecta a cientos de miles de personas, lo mínimo es hablar con el jefe”, advierten, algo que parece que nadie hizo en el Supremo con el caso del pago del impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD).

Desde el lado de la abogacía y el derecho de los negocios, que ha asistido atónito estos dos días a lo ocurrido pendiente de si tenía que desempolvar cientos de casos archivados, lamentan que se juegue de esta manera con las expectativas de la gente, pero advierten que lo que se ha hecho, paralizando la sentencia ahora en busca de una decisión que deje claras las cosas, es lo correcto, por el momento. “Eso sí, hagan lo que hagan ahora en el Supremo, de esta no va a salir sin una pérdida tremenda de prestigio, causado además por un daño autoinfligido, que es lo más grave”, explican desde un bufete mediano que hoy mismo reabría 60 expedientes sobre pago de AJD en hipotecas que no pensaba recuperar.

Aunque desde el ámbito de la política se ha pretendido mantener el máximo respeto sobre esta cuestión, para no interferir en el Poder Judicial, fuentes cercanas al partido que gobierna advertían que “la clave ahora está en saber si Carlos Lesmes, como presidente del Supremo, tiene o no tiene el control de esa sala, y de las demás”. Tanto en el mundo político como en el jurídico, a nadie se le escapa la intachable trayectoria del presidente de la sala, Luis María Díez-Picazo, “que no tenía ninguna necesidad de poner este borrón en su curriculum”, pero admiten que es necesario saber el alcance de la sentencia y sus consecuencias, para evitar la distorsión provocada por la alarma social, y a pesar del tremendo fallo de coordinación que ha dejado al descubierto.

“Admitiendo el error de coordinación, es cierto que si el presidente de la sala no para el tema y busca la forma de poner orden, todo habría sido mucho peor”, advierten desde el entorno judicial cercano Díez-Picazo, que aseguran que “ha hecho lo mejor que podía hacer”. Hay que advertir, además, que a pesar de la fuerza que tiene el nuevo recurso de casación, hacen falta dos sentencias o más para fijar jurisprudencia sobre un tema, aunque en el caso del pago de AJD en hipotecas es inevitable frenar la repercusión social que tiene. 

“Con un reglamento ilegal, hay que volver a la ley”

Tras el affaire sufrido por la sentencia de la sección segunda de la Sala de lo Contencioso, fuentes jurídicas advierten que lo más urgente ahora es convocar el Pleno de la Sala “con la mayor celeridad” para que analice la cuestión y deje claras las cosas. La cuestión no es baladí, dado que la sentencia deja cuestiones muy abiertas ante la envergadura del cambio jurisprudencial que postula. “Se ha anulado un reglamento sobre un tema muy importante en el tráfico económico y jurídico, y ahora hay que acudir a la ley del que ha emanado para interpretar quien debe pagar el impuesto, si el banco o el cliente”, advierten desde un bufete privado.

Pleno de la Sala cuenta con 30 magistrados más el presidente (Díez-Picazo), si bien serán los seis componentes de la sección segunda quienes lleven el peso del debate, dado que son los que están especializados en contratos e impuestos, según explican fuentes conocedoras del proceso. Si se tiene que analizar lo que marca la ley, una vez que se ha considerado por sentencia firme que el reglamento es nulo (es decir, como si nunca hubiera existido), lo que se establece es que debe pagar el tributo por AJD el sujeto pasivo a favor de quien se constituye el acto. Si ese acto es el registro de la escritura de la hipoteca (documento), el sujeto que pagaría sería el banco; pero si se considera que es quien se lleva el préstamo (negocio jurídico), el que paga debería ser el cliente.

“El problema es que la sentencia que se ha dictado esta formalmente motivada, pero no tiene unos argumentos contundentes como para justificar un cambio tan grande de jurisprudencia”, advierten fuentes judiciales expertas en este tema. Para la mayor parte de los juristas consultados, este es un tema que por su envergadura e importancia debería haber ido directamente al Pleno de la Sala Tercera, y no gestionarse como se ha hecho.

“No se puede lanzar una sentencia así y condenar a los bancos, que no han hecho nada ilegal, a pagar miles de millones de euros”, aseguran desde el ámbito del derecho de los negocios. “Sentencias de unificación de doctrina se hacen muchas en el Supremo y son necesarias, pero no con esta repercusión”, advierten. 

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