Más de 200.000 familias españolas no llevan a sus hijos menores de 3 años a una escuela infantil porque, directamente, no se lo pueden permitir. El dato lo proporciona el INE en su Encuesta de Condiciones de Vida y subraya la insuficiencia de la actual red de escuelas de educación infantil para atender la demanda real existente en el tramo de 0 a 3 años.
El Instituto de Estudios Fiscales, una suerte de laboratorio de ideas del Ministerio de Hacienda, ha recurrido a la información estadística disponible en el INE y en el Ministerio de Educación para realizar un diagnóstico de situación y estimar el coste potencial que tendría resolver las eventuales insuficiencias.
Respecto al diagnóstico, la conclusión es clara: el sistema actual apenas alcanza para dar cobertura a la mitad de la demanda real existente y ese déficit tiene consecuencias muy perniciosas, especialmente para la inserción laboral de la mujer. ¿Qué coste tendría resolver ese déficit? Como mínimo, 3.000 millones de euros.
Más de 400.000 familias penalizadas por la falta de recursos educativos
En el curso escolar 2015-2016, se matricularon en educación infantil de 0 a 3 años cerca de medio millón de alumnos: 444.492, sobre un universo total de 1.251.941 criaturas en ese tramo de edad. En algunos casos fueron las propias familias las que decidieron por voluntad propia no matricular a sus hijos en un tramo de enseñanza que no es obligatorio, pero resulta que hay más de 400.000 hogares que hubieran matriculado a sus hijos o ampliado el horario de atención de haber podido. Ahí está el problema.
Sobre todo porque más de la mitad de esos hogares no pudieron matricular a sus hijos porque no podían hacer frente al coste que suponía. El trabajo del IEF asegura que el coste anual medio para las familias de tener a un hijo en una escuela infantil es de 1.774 euros, oscilando entre los 2.134 euros de hacerlo en un centro privado y los 974 de matricular al crío en una escuela pública.
Las autoras del trabajo - las profesoras Cristina Castellanos y Ana Carola Perondi, del Tavistock Institute of Human Relations de Londres- concluyen que la cobertura real del actual sistema de enseñanza infantil alcanza al 35% de los críos menores de tres años, cuando la que se debería garantizar para cubrir las necesidades reales de la sociedad española debería elevarse hasta el 72%, es decir, que el sistema tendría que tener capacidad suficiente para gestionar el doble de alumnos.
La factura de los agujeros del sistema
El trabajo apadrinado por el 'think tank' de Hacienda advierte de que este déficit tiene negativas consecuencias sociales y económicas. En primer lugar porque contribuye a agigantar la brecha de la desigualdad entre niveles de renta. Los hogares con rentas más bajas son los que en mayor medida no pueden permitirse matricular a sus hijos en una Escuela Infantil porque no puede asumir su coste (en torno a un 60%), mientras que esta situación afecta a un 20% de los hogares con rentas más altas.
¿Resultado? Mientras que el 62,5% de los hijos de los hogares con ingresos más elevados van a la Escuela Infantil, en los hogares con ingresos más reducidos este porcentaje se reduce al 26%.
Las grandes paganas de esta situación son las madres. El 80% de las madres admiten que la llegada de un hijo afectó negativamente a su situación laboral, un porcentaje que se desploma al 10% cuando los que contestan son los padres. Reducciones de jornada (20% de los casos), limitaciones a la promoción profesional (18%), interrupciones prolongadas de la actividad laboral (16%) o aceptación de empleos por debajo de su nivel de formación (10%) ilustran el infierno laboral que el mercado reserva a las mujeres cuando adquieren la condición de madre. Eso cuando la maternidad no las aparta definitivamente del mercado laboral, algo que sucede en un 10% de los casos.
Hacia un modelo de cobertura 'universal'
¿Cómo acabar esta situación? El 'think tank' de Hacienda pone sobre la mesa un sistema de educación infantil de 0 a 3 años universal - entendiendo como tal que dé cobertura a la demanda real existente -, público, de calidad, gratuito - para evitar el efecto desplazamiento de las rentas más bajas- y con horarios compatibles con el trabajo a tiempo completo de ambos progenitores.
Teniendo en cuenta las infraestructuras a desarrollar y la contratación de personal necesaria para responder a la demanda real - 60.000 maestros y más de 110.000 administrativos- la factura se situaría en torno a los 3.000 millones de euros anuales.
Las autores aseguran, no obstante, que la factura real para el sector público sería inferior, ya que los retornos derivados de las nuevas posibilidades laborales que se abrirían a las personas que tienen que hacerse cargo de sus hijos por no poder matricularlos (esencialmente las madres), de sus cotizaciones sociales y del consumo extra derivado de sus sueldos, y de los ingresos sociales y fiscales por la contratación del nuevo personal necesario para dotar el sistema generarían en conjunto más de 2.200 millones de euros.
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