El ataque especulador supone al Estado un sobrecoste anual de 1.400 millones

Los fuertes movimientos especulativos que se están llevando a cabo contra la deuda pública española y el euro en los mercados financieros está provocando un sobrecoste en la financiación del Estado de 1.403 millones de euros, de acuerdo con las estimaciones realizadas por el colectivo de Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda (GESTHA).

Este colectivo calcula que de mantenerse una sobretasa de un 1% (100 puntos básicos) en el diferencial con el bono alemán a diez años, cada familia española de cuatro miembros tendrá que pagar una media de 120 euros al año adicionales. Los técnicos recuerdan que durante el martes de la semana pasada se alcanzó el pico de 200 puntos básicos de diferencial con el bono alemán a 10 años, que se ha rebajado a 100 puntos ayer mismo, gracias al plan de rescate aprobado en la madrugada del domingo pasado por los ministros europeos de Economía.

Según Gestha, estos movimientos provocan un aumento adicional de los intereses de financiación que pagan el Estado y las Administraciones Públicas, al endeudarse cuando los ingresos son menores que los gastos públicos (déficit) debido a las inversiones en infraestructuras y equipamientos (carreteras, colegios, etc.), el mantenimiento del bienestar social (sanidad, pensiones, prestaciones por desempleo y dependencia) o las medidas para reactivar la economía (Plan E, Plan 2000E, subvenciones, incentivos fiscales, etc.).

¿Por qué se encarece la financiación?

Los Técnicos de Hacienda explican que el Estado se financia emitiendo deuda pública (letras, bonos y obligaciones) que compran los inversores (bancos, aseguradoras, fondos de pensiones, fondos de inversión, particulares...), a los que paga un interés que se fija en subasta en función de la oferta (importe de la deuda que necesita el Estado) y la demanda (la predilección de los inversores por la deuda pública española).

Los costes de financiación se mueven en relación con su nivel de solvencia, es decir, el grado de seguridad que tienen los inversores de que no van a sufrir un impago. Esta evaluación es compleja, y el mercado confía en la valoración que hacen las agencias de calificación crediticia (Moody´s, Standard&Poor´s o Fitch), que puntúan la deuda de los Estados y los valores, así como las acciones de las empresas.

Según el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, "cuanta mejor nota (la más alta es la codiciada "triple A", AAA), menos interés tendrá que pagar un Estado para financiarse. Es decir, cuanto más solvente o fiable resulte una economía (que crezca o que presente planes creíbles de reestructuración y reforma), menos le costará financiarse, y viceversa".

La especulación nos cuesta dinero

Gestha advierte de que uno de los factores que está influyendo en el encarecimiento de la financiación del Estado son los movimientos especuladores. Estos actores del mercado están apostando por la caída del euro, la deuda pública y las bolsas europeas, logrando que los valores sean más baratos (con peor nota) y que las economías nacionales más débiles sufran descalabros por la dificultad de obtener un crédito cada vez más caro.

Los Técnicos de Hacienda explican que los especuladores firman contratos millonarios para vender deuda pública en descubierto -que no tienen- a un precio más bajo que el actual (posiciones cortas), lo que en grandes volúmenes provoca una bajada mayor del precio, momento que aprovechan para comprarla más barata y efectuar la venta pactada. Su beneficio es esa diferencia de precio que afecta a quien vende.

Sin embargo, entre los daños que los especuladores provocan a los Estados está el pago de un mayor interés por parte del Tesoro (es decir, los ciudadanos) por las siguientes emisiones de la deuda (prima de riesgo); otro daño será la crisis o el hundimiento de las empresas por la dificultad o imposibilidad de financiarse por la falta de escrúpulos de los especuladores.

Control de los especuladores

En este colectivo se incluyen los hedge funds, conocidos en España como fondos de inversión libres, que tienen un riesgo muy alto porque invierten muy por encima de su patrimonio. En el mundo existen unos 12.000 hedge funds, cuyo patrimonio es aproximadamente de 1,67 billones de dólares. Uno de los problemas, según señala Gestha, es que los Estados no tienen apenas control sobre estos fondos de inversión (a quién pertenecen, de dónde procede el capital o quién dirige las inversiones) y, de hecho, la mayoría están domiciliados en paraísos fiscales, como se aprecia en la tabla adjunta.