El 'atasco burocrático' retrasa hasta junio las prestaciones para las rentas más bajas

El Gobierno ha convertido en un mantra la necesidad de que "nadie se quede atrás" en esta crisis sanitaria con devastadoras repercusiones económicas, pero el entramado administrativo es tozudo a la par que lento y, por más empeño que están poniendo los técnicos de los distintos ministerios implicados en el diseño y la ejecución de las prestaciones sociales, algunas se van a retrasar más de lo deseado. Es el caso de las ayudas para las rentas más bajas, destinadas a colectivos especialmente vulnerables como las empleadas del hogar o los trabajadores temporales, así como el esperado Ingreso Mínimo Vital (IMV), que no estarán a disposición de los ciudadanos hasta mayo, lo que implica que, como pronto, se podrán empezar a cobrar en junio, tres meses después de la declaración del estado de alarma y la imposición del confinamiento.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, comentaba la semana pasada en un encuentro digital organizado por el Consejo General de Economistas que existe un 'trade off' entre la agilidad en la protección y el diseño fino de la norma y concluía que "las dos cosas son imposibles". De este modo, justificaba los "reajustes" que el Gobierno ha tenido que ir haciendo en los diversos reales decretos ómnibus para salvar vacíos legales y subsanar errores. "La prioridad es dar certidumbre", zanjaba. Escrivá es técnico y, como tal, enemigo de las prisas que en situaciones como la actual apremian soluciones rápidas. 

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Es el caso del Ingreso Mínimo Vital, una medida que estaba en la cartera del ministro desde que tomó el relevo en el ámbito de la Seguridad Social a Magdalena Valerio el pasado mes de enero, pero que iba a diseñarse de manera concienzuda y aplicarse gradualmente a partir del próximo año 2021. No estaba contemplado que este incremento del gasto público se incluyese en unos eventuales Presupuestos Generales del Estado para 2020, pero la crisis del coronavirus ha trastocado todos los planes del Gobierno y ha forzado Escrivá, presionado desde la vicepresidencia de Derechos Sociales de Pablo Iglesias, a acelerar todos los trámites para una puesta en marcha inmediata que permita apaciguar los efectos de esta crisis sin precedentes sobre los colectivos más golpeados.

Los técnicos de la Seguridad Social trabajan a marchas forzadas para sacar adelante esta iniciativa, pero el diseño aún se encuentra en una fase preliminar de cruce de datos con la Agencia Tributaria, por lo que Escrivá no llevará su propuesta de renta mínima al Consejo de Ministros hasta la segunda quincena de mayo, según ha avanzado él mismo. Esto implica que, como pronto, los potenciales beneficiarios no podrán solicitar esta prestación asistencial hasta finales de ese mes, de manera que entre que se tramitan y se aprueban las solicitudes, el pago de estas ayudas no se hará efectivo hasta junio. Y eso en el mejor de los escenarios. Cuando llegue, los interesados, en torno a un millón de hogares en situación de exclusión social severa, llevarán al menos tres meses confinados.

En una situación similar se encuentran las empleadas del hogar y los trabajadores que hayan visto finalizar sus contratos temporales. El Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al Covid-19 introduce el derecho a cobrar una prestación extraordinaria para ambos colectivos, pero fija un plazo de un mes para establecer el procedimiento de tramitación, que no estará disponible hasta mayo, como se explicó en estas páginas el pasado 2 de abril. Por eso, los interesados que hayan acudido a la página web del Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) para intentar acceder a la ayuda se habrán encontrado con este aviso:

Respecto a las trabajadoras del hogar (la inmensa mayoría son mujeres), Escrivá admitió en el Senado que es "probable" que la nueva prestación llegue "un mes tarde". Eso sí, garantizó que la ayuda, que según sus cálculos beneficiará a unas 20.000 personas (la cantidad es reducida porque una gran parte de estas trabajadoras está en situación irregular y no cotiza a la Seguridad Social), tendrá "carácter retroactivo". Y lo mismo sucede con los trabajadores temporales. Según los datos que maneja el Ejecutivo, unos 650.000 de los casi 900.000 empleos destruidos en marzo tenían un contrato eventual. Esas personas, aunque perciban la prestación con retroactividad, están sin ingresos si no han conseguido otro trabajo y van a tener que esperar también hasta junio para cobrar.

Estos retrasos obedecen, según explican fuentes conocedoras de los procesos que se están llevando a cabo en las áreas técnicas de los departamentos implicados, al atasco burocrático que complica la implementación inmediata de prestaciones de nueva creación. "Hay que empezar de cero y no se pueden poner en marcha instrumentos tan potentes de la noche a la mañana", indican. El propio Escrivá admitía en el citado 'webinar' que el Gobierno está redactando "en días e incluso en noches" normas que en situaciones normales "conllevan meses", porque en la elaboración horizontal que requieren los textos legislativos dentro del Ejecutivo, tienen parada obligada en diferentes filtros.

En paralelo, se están produciendo otros atrasos en prestaciones que no son de nueva creación y que sí estaban contempladas en el marco regulatorio previo a la crisis del coronavirus, como son las prestaciones para los afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). Ha sido tal la avalancha de solicitudes que se ha producido un cuello de botella en el Sepe, que también va a retrasar al mes de mayo el pago de prestaciones que tendrían que haber entrado en la nómina de abril, por tratarse de ERTE ejecutados en las dos últimas semanas de marzo. Desde el Ministerio de Trabajo insisten en que se está haciendo todo lo posible para acelerar los procesos y se remiten al acuerdo con las entidades bancarias que adelantará las transferencias a los días "2 o 3 de mayo", en lugar del día 10, que es cuando el Sepe suele abonar los pagos.