Madrid, 9 ago.- El Banco de España ejecutó 306 actuaciones supervisoras el pasado año, casi cien más que en 2011, y formuló 111 requerimientos en 41 escritos a las entidades, casi el doble que un año antes, la mayoría relativos al riesgo de crédito y políticas de gestión y control interno, que representaron el 73 %.
Según los datos contenidos en la Memoria de la Supervisión Bancaria de 2012, de esas 306 inspecciones -divididas entre las visitas de inspección "in situ" y las de seguimiento continuado, en muchos casos con presencia permanente en la entidad-, 86 estaban en curso o pendientes de cierre a 31 de diciembre.
A ellas se añaden otros 353 trabajos relacionados con los planes de cumplimiento de los dos reales decretos de reforma financiera y el proceso de valoración independiente de los balances del sistema bancario, así como con el examen de los informes de autoevaluación del capital, las relaciones con otros supervisores nacionales y organismos internacionales y otras actuaciones específicas.
Como consecuencia, formuló 11 requerimientos, frente a los 66 de 2011, contenidos en 41 escritos, más del doble que el año anterior, cuando fueron 20.
Por otra parte, el supervisor abrió el año pasado cuatro expedientes sancionadores a cinco entidades y a 51 personas físicas y reabrió otros dos que habían sido suspendidos, con lo que el total se eleva a 6, uno más que en 2011.
Además, resolvió un único expediente, sancionando con una multa por una infracción grave a una entidad de pago y a su administrador único por una operación de fusión con otra sin la preceptiva autorización ministerial, frente a los 61 que cerró en 2011, que dieron lugar a 105 sanciones, de las cuales 94 correspondieron a directivos y administradores y las restantes a las entidades.
También acordó incoar cuatro expedientes sancionadores a cinco entidades y a 51 personas físicas, a los que se sumaron otros dos que reanudó tras un periodo de suspensión por prejudicialidad penal.
En primer lugar, decidió iniciar un mismo expediente como procedimiento único a una caja de ahorros, a sus administradores y directivos y a los miembros de su comisión de control por presunto incumplimiento de deficiencias en los mecanismos de control y gestión de los riesgos y prácticas contables irregulares destinadas a alterar la realidad financiera y patrimonial de la entidad.
Otros motivos fueron el incumplimiento de autorizaciones administrativas; retribuciones de los órganos de administración, de los miembros de la comisión de control y de los directivos de la entidad, y por la imposibilidad de cumplir el plan de recapitalización que presentó.
No obstante, fue suspendido en junio por concurrir un supuesto de prejudicialidad penal.
Además, el Banco de España abrió dos expedientes a dos entidades de pago y a sus administradores únicos por presuntos incumplimientos de la normativa reguladora de su actividad.
Inició también un expediente a dos sociedades que venían realizando actividades reservadas a las entidades de pago sin haber obtenido la preceptiva autorización ni figurar inscritas como tales en el registro oficial.
Por último, siguió sendos expedientes a un establecimiento de cambio de moneda y a sus administradores y otro a determinadas personas físicas y jurídicas titulares de participaciones significativas por incumplimiento del régimen regulador de esta materia.
Ambos, incoados en 2008 y en 2010, respectivamente, fueron suspendidos por concurrir un supuesto de prejudicialidad penal, ya que se analizaban en sede penal hechos íntimamente relacionados con los analizados por el supervisor, si bien los reanudó una vez que llegó la resolución judicial firme el año pasado.
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