El Banco de España (BdE) no termina de ver con buenos ojos la puesta en marcha del futuro Organismo Autónomo de Protección al Cliente Financiero diseñado por el Ministerio de Economía a través de un Real Decreto que será presentado en las próximas semanas al Consejo de Ministros. El supervisor bancario es el principal afectado por la irrupción de este nuevo ente de control y resolución de litigios, cuya pretendida independencia obligará a solapar con el propio Banco de España y también con la CNMV muchas de las atribuciones que ahora tienen encomendadas estos dos principales organismos reguladores.
El denominado ‘ombudsman’ financiero tendrá capacidad sancionadora y sus decisiones serán vinculantes para las entidades de crédito en todas aquellas reclamaciones que no superen los 100.000 euros. Bajo estas condiciones, los encargados de proteger a los clientes de los bancos tendrán un poder mucho más efectivo en la práctica del que hasta ahora han disfrutado tanto el Banco de España como la propia CNMV a la hora de resolver las solicitudes que reciben en sus respectivos departamentos de reclamaciones.
El Gobierno entiende, por el contrario, que es necesario establecer canales o instrumentos específicos para resolver eventuales controversias, sobre todo en aquellos productos o servicios de cuantías medias o reducidas en los que el acceso a la vía judicial presenta costes proporcionalmente más altos y tiempos de respuestas más dilatados. En definitiva, el Ministerio de Economía se inclina por externalizar dichos procedimientos de resolución del ámbito tradicional del Banco de España y de la CNMV, que deberán trasladar al nuevo organismo tanto el personal como los medios materiales asignados ahora a sus respectivos servicios de reclamaciones.
La situación es más acuciante para el Banco de España al que el Real Decreto elaborado por el departamento que dirige Nadia Calviño otorga un papel esencial en el proceso de transición hasta que el nuevo Organismo de Protección al Cliente Financiero adquiera su operatividad plena. La disposición adicional quinta de la normativa en ciernes señala de manera taxativa que “el Banco de España desarrollará las actividades precisas para habilitar inicialmente los medios materiales necesarios para la puesta en marcha de la oficina del organismo”.
A mayor abundamiento, el Ministerio de Economía asigna también al Banco de España el coste inicial de las actividades que habrá que llevar a cabo de manera preliminar. Dichos gastos serán luego reembolsados con cargo a la recaudación de las tasas que servirán para financiar al nuevo organismo y que serán pagadas por las propias entidades bancaria. El procedimiento para la devolución de los citados costes iniciales tendrá que ser acordado, en todo caso, por el Banco de España con la futura entidad de protección del cliente.
El Real Decreto dispone también de un plazo de cuatro meses desde el nombramiento del director del nuevo organismo autónomo para que el Banco de España, la CNMV y también la Dirección General de Seguros traspasen sus recursos humanos y sus medios materiales. El personal asignado mantendrá las condiciones de trabajo actuales y conservará la totalidad de los derechos retributivos, así como los de encuadramiento profesional, de carrera y de participación en la provisión de puestos que tuviera en la entidad de procedencia.
Todos estos pormenores han colocado en guardia a la alta dirección del Banco de España. No en balde, la eventual creación de este nuevo ente de reclamaciones bancarias se produce justo cuando han arreciado desde el Parlamento las críticas más virulentas contra la gestión de la crisis bancaria. El proyecto está ahora sometido a la preceptiva fase de alegaciones y el Banco de España no ha resistido la tentación de presentar un pliego suficiente de argumentos contra una iniciativa legislativa que pone en peligro la primacía histórica de la que está considerada, de momento, como máxima autoridad nacional del sistema financiero.
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