El Ministerio de Trabajo tirando de las bolsas de interinos de la Administración en busca de administrativos para tramitar la avalancha de solicitudes de ERTE y de las prestaciones especiales asociadas; el Instituto Nacional de Seguridad Social recurriendo a la empresa pública Tragsatec para reclutar el personal necesario para gestionar el Ingreso Mínimo Vital; la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid cerrando un contrato con la empresa privada Quirón para poder ejecutar las tareas de rastreo sobre los contactos de los contagiados por Covid-19...la crisis sanitaria provocada por el coronavirus y la excepcional carga administrativa asumida por determinados organismos del Estado y las comunidades autónomas para hacer efectivo el 'escudo social' dispuesto por las autoridades han aflorado la galopante insuficiencia de recursos humanos de algunos de los servicios públicos más críticos para badear esta crisis y han terminado por romper las costuras de algunas instituciones que sobrevivían con unas plantillas escuálidas desde la gran crisis financiera de hace ya una década.
Las advertencias realizadas en los últimos años por los sindicatos en relación a la no reposición de vacantes y la escasez de las plantillas apenas han sido atendidas hasta la fecha y éstos advierten también de que las 'súperofertas' de empleo público de los tres últimos años tampoco se han desarrollado con la suficiente diligencia. Llegados a este punto, con el sector sanitario desbordado, la plantilla de profesores en nómina de las comunidades autónomas muy lejos de lo necesario para garantizar una 'vuelta al cole' segura y los organismos del Estado como el SEPE o el Instituto Nacional de Seguridad Social recurriendo a terceros para parchear sus deficientes dotaciones de personal, los sindicatos han decidido plantarse y planean una ofensiva en este inicio del nuevo curso político para forzar a las Administraciones Públicas a convocar de forma efectiva las cerca de 300.000 nuevas plazas de empleados públicos, que, según el análisis realizado por la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, ya han sido anunciadas y publicadas pero que a fecha de hoy todavía no han sido convocadas para ser cubiertas.
"Es un tema absolutamente central en este momento", subraya Miriam Pinillos, secretaria de Políticas Públicas de FSC-CCOO. "Esta crisis ha puesto de manifiesto la necesidad de los servicios públicos para asegurar los derechos y el bienestar de la ciudadanía y para que éstos funcionen de forma adecuada se tiene que hacer un esfuerzo para reforzarlos". El banco sindical ha venido exigiendo la agilización de las convocatorias pendientes desde hace meses en sus reuniones con los responsables del Ministerios de Función Pública y de los poderes autonómicos y locales, pero antes del verano tuvo que optar por lo urgente frente a lo importante y maniobrar frente el Gobierno para arrancar un cambio legal que ampliara a 2021 el plazo para cubrir un puñado de miles de plazas de consolidación y de nuevo empleo público de las convocatorias de 2017 y 2018 que corrían el riesgo de caducar sin haber sido cubiertas. Hay que recordar que la ley española dispone un plazo de tres años entre la aprobación de la oferta de empleo público y la convocatoria de esas plazas. Si en ese periodo de tiempo, la convocatoria no se resuelve, las plazas decaen.
Resuelta esa amenaza regulatoria, el frente sindical entiende que es el momento de exigir la convocatoria de las plazas pendientes, muchas de las cuales responden a la simple reposición de las puestos de trabajo perdidos por la jubilación de trabajadores públicos - las restricciones posteriores a la gran crisis financiera han provocado un agudo envejecimiento de la plantilla pública- y otras a los procesos de consolidación de plazas de interinos forzadas por los tribunales europeos. La intención es poner el asunto sobre la mesa de negociación en cuanto la ministra de Función Pública, Carolina Darias, decida reanudar el diálogo social, suspendido desde principios de julio y que todavía no tiene fecha de reanudación.
Más de 150.000 plazas sanitarias, en el limbo
La estimación de vacantes por cubrir de CCOO parte de las ofertas de empleo público aprobadas para los años 2017, 2018 y 2019 en todos los niveles de la Administración y compara las plazas comprometidas con las que ya se han resuelto de forma efectiva, aunque los beneficiarios aún no hayan tomado posesión de las mismas. La brecha entre lo prometido y lo realizado es fenomenal. Las cifras recopiladas por CCOO, que admite 'lagunas' en el ámbito de la Administración Local por la dificultad para conseguir los datos entre más de 8.000 ayuntamientos, revelan que de 353.332 plazas convocadas, hasta la fecha apenas se han resuelto poco más de 60.000 por lo que quedan todavía 293.257 plazas de empleado público pendientes de adjudicar.
La situación es particularmente grave en área como la Sanidad. En medio de la peor crisis sanitaria del siglo, hay 151.920 plazas de personal sanitario pendientes de ocupación. De las 156.783 convocadas en el marco de las convocatorias oficiales de empleo público de los años 2017, 2018 y 2019, cuando encaramos la recta final de 2020 apenas se han resuelto algo menos de 5.000, otras 66.000 están en proceso y nada menos que 85.777 ni siquiera se han publicado para abrir la convocatoria a los opositores.
Algo mejor ha ido la cosa en el ámbito de la enseñanza no universitaria, aunque de las 36.092 plazas convocadas para reponer las vacantes generadas en estos ejercicios apenas se han cubierto dos terceras partes y de las 57.000 convocadas para estabilización de empleo interino, sólo se han cubierto algo más de 30.000. Los ritmos a los que los poderes públicos están convocando las plazas ni siquiera permiten a los órganos de las Administraciones Públicas dar cobertura a las vacantes generadas por lo que los buenos propósitos de las 'superofertas' de empleo público de los últimos años no llegan a cumplir los objetivos para los que se concibieron.
Los sindicatos consideran que hay que acabar con estas estrecheces y no se conforman con que las Administraciones aceleren la convocatoria de las plazas pendientes, exigen también la supresión definitiva de la tasa de reposición de vacantes, instaurada en primera instancia por el Gabinete Zapatero y consolidada y desarrollada después por el Gobierno de Mariano Rajoy que durante la última década ha impedido siquiera cubrir las vacantes que se iban generando en las plantillas públicas. A cuatro meses de que venza el acuerdo para la mejora de las condiciones laborales de los empleados públicos que se firmó en marzo de 2018, el frente sindical plantea esta reivindicación como uno de sus objetivos centrales para la negociación que se tendrá que abrir con el Gobierno a lo largo del próximo otoño.
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