Las centrales nucleares no estarán activas más allá de 2035. El presidente Pedro Sánchez y su Gobierno se han comprometido a dar la puntilla definitiva a la energía nuclear, en una apuesta decidida las renovables, cumpliendo de forma rigurosa con el calendario previsto de cierre de plantas, que contempla el cese de actividad de la última -Trillo- dentro de menos de 13 años. La decisión, reiterada en numerosas ocasiones, se ejecuta en un contexto de precios energéticos disparados y en el que países como la vecina Francia han apostado por seguir manteniendo sus nucleares, que generan el 70% de la energía que consumen los ciudadanos y supone un importante ahorro.
Mientras, una vez decidido el camino de cerrar las centrales en el tiempo estipulado, el debate está en cómo hacer frente a los residuos generados y los que se provocarán con el desmantelamiento de las plantas. Sánchez, en el momento de desembarcar en Moncloa, descartó la opción principal: un gran almacén para acoger la basura nuclear, pese a que su ubicación estaba decidida ya desde 2011. Los planes del Gobierno, a los que se ha comprometido hasta sus últimas consecuencias, trastocan el proyecto inicial, pero las alternativas sobre la mesa suponen además un alto coste y alguna que otra complicación.
Un mes después de la investidura de Sánchez, en julio de 2018, el Ministerio de Transición Ecológica solicitó al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) suspender la autorización de construir el Almacén Temporal Centralizado (ATC), que debería acoger durante décadas los residuos y combustibles de las centrales nucleares. Como opción ya se baraja, según recoge la versión inicial del 7º Plan General de Residuos Radiactivos dado a conocer en abril, la construcción de siete ATCs, de menor tamaño, en cada una de las plantas, un proyecto que supondría aumentar en 2.124 millones la factura del desmantelamiento nuclear. Los costes de todo el proceso sumarían 24.435 millones con el ATC de Villar de Cañas (Cuenca) y de 26.560 en el caso de que se opte por ATCs descentralizados.
Las dudas sobre el almacén nuclear de Villar de Cañas siempre han estado presentes. Fue en la primera legislatura de Zapatero cuando surgió la idea
Las dudas sobre el almacén nuclear en la localidad conquense siempre han estado presentes y el debate ha sido permanente. Fue en la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero cuando surgió la idea. Enresa, la compañía pública que tiene encomendada la gestión de los residuos radiactivos elaboró un proyecto que proponía esta solución, similar a la aplicada en otros países europeos. En 2006 ya se aprobó el primer diseño y los contratos para hacer posible el almacén y el trabajo técnico del CSN no se detuvieron hasta 2020, cuando quedó más que patente el desinterés de Sánchez. En marzo de ese año se descartó la construcción de las instalaciones nucleares del Almacén Temporal Centralizado (ATC), una obra valorada en 272 millones que se licitó seis años antes. Los choques entre los dirigentes socialistas habían sido constantes, mientras en el Partido Popular se reafirmaba la apuesta por el proyecto. La fecha prevista ahora para ponerlo totalmente en marcha sería 2030, pero el desinterés parece haber dejado aparcada la opción.
No tener en funcionamiento el almacén, que podría haber estado en marcha hace ya una década, supone acumular el combustible gastado en piscinas de cada central y después en Almacenes Temporales Individualizados (ATI), y llevar parte de los residuos a Francia, lo que implica un coste extra. La tarea de cierre de las centrales no será fácil, ni barata, y el Gobierno sigue sacando la billetera para afrontar los imprevistos. La suspensión del ATC ha provocado que hace unos días se formalizase un contrato de 144 millones para diseñar y construir un sistema individualizado de almacenamiento en seco de combustible gastado en las centrales de Ascó, Almaraz, Cofrentes y Vandellós II.
El actual sistema de almacenamiento cubre las necesidades de Ascó (con dos unidades), Vandellós II y Cofrentes para seguir operando hasta finales del año 2026, pero sus fechas de cierre son 2032, 2035 y 2030, respectivamente. En el caso de la central de Almaraz, con dos unidades, el actual ATI permite la operación hasta su parada definitiva, pero no tiene capacidad para el vaciado de sus piscinas. Mientras, la central de Trillo no forma parte de esta licitación pues su ATI, el único existente con edificio, tiene capacidad para la totalidad del combustible gastado.
Con el ATC paralizado, ha sido necesario licitar la construcción de un sistema individual de almacenamiento para no poner en riesgo la actividad de las plantas
Según destaca el pliego al que ha tenido acceso La Información, Enresa se ha visto "obligada a acometer de forma inmediata las actuaciones que aseguren la gestión del combustible gastado y la continuidad de la operación de las centrales a partir del año 2026, dotándolas de nuevos ATI que cuenten con soluciones de almacenamiento que permitan realizar las recargas necesarias a partir de 2026, así como el vaciado de sus piscinas tras el cese de su actividad". El riesgo, reconoce, es que si en las fechas indicadas las centrales no disponen de capacidad de almacenamiento en seco del combustible gastado adicional a la existente en la actualidad, se produciría un parón o colapso en el funcionamiento que frenaría las operaciones de las instalaciones afectadas, con las consiguientes consecuencias sobre la producción eléctrica. Además señala que se ocasionarían unos costes por lucro cesante en torno a 1,2 millones de euros al día por cada central de 1.000 MWe de potencia -todas-.
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