Madrid, 30 mar.- El bono social, del que se benefician unos 3 millones de consumidores considerados vulnerables, pasará a cargarse a la parte regulada de la tarifa eléctrica, los denominados peajes, que pagan todos los usuarios, en lugar de continuar financiándolo las compañías eléctricas como hasta ahora.
El bono social fue creado en 2009 por el anterior Gobierno para proteger a algunos grupos de consumidores más vulnerables, a los que no se les aplicarán las subidas de la luz hasta finales de 2013, con un coste anual de unos 150 millones.
Según han explicado hoy en el Ministerio de Industria, con este cambio -de financiarlo las eléctricas a la parte de la tarifa que pagan los consumidores- se da cumplimiento a otro auto del Supremo que declaró "inaplicables" los artículos que obligan a las compañías propietarias de instalaciones de generación a financiar en exclusiva este bono.
No obstante, desde Industria han señalado que es una decisión temporal, que se impugnará la decisión del Supremo y el secretario de Estado de Energía, Fernando Marti, ha señalado que se trabaja en una definición del consumidor vulnerable para adaptarse en este punto a las directivas europeas.
Actualmente, tienen derecho al bono social las primeras residencias con potencias instaladas iguales o inferiores a los 3 kilovatios, así como los pensionistas de más de 60 años que cobren pensiones mínimas, las familias numerosas y aquellas con todos sus miembros en situación de desempleo.
Por otro lado, y tras los anuncios de esta mañana de subidas en luz y recortes en algunas partidas de costes del sector eléctrico para atajar el déficit, Marti ha reconocido esta tarde que aún faltan medidas para poder cumplir con los objetivos fijados: 1.500 millones este año y que deje de generarse a partir de 2013.
En este sentido, Marti ha señalado que cada año el desfase entre los ingresos y los costes del sistema ronda entre 4.000 y 5.000 millones y que, por tanto, se seguirán buscando soluciones coherentes con el modelo económico actual y el funcionamiento del mercado eléctrico.
Para este año, con esos 1.500 millones de déficit reconocidos, el ajuste pendiente es de 3.500 millones y muchas de las iniciativas aprobadas hoy contribuyen a cumplir con ese desfase: unos 1.400 millones de ingresos más con la subida de la luz y unos 1.700 millones de recorte en gasto, han explicado.
"Lo que tenemos que hacer es coger los próximos cuatro años y que no haya déficit y eso no es sencillo", ha subrayado Marti, que ha evitado a avanzar por dónde pueden ir las próximas medidas pero que sí ha señalado que no se descarta nada y que son iniciativas en las que habrá varios ministerios implicados.
"Es una decisión conjunta del Gobierno, que vamos a tratar de hacer lo mejor posible", ha afirmado.
Desde Industria también han explicado esta tarde que aunque la próximas ordenes de tarifas de luz y gas, que recogen incrementos medios del 7 % y el 5 % respectivamente, no estarán publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE) hasta mediados de mes su aplicación tendrá efectos desde el día 1 de abril.
Las ordenes, que se han enviado hoy a la CNE, deberán pasar el trámite de audiencia, que concluirá alrededor del día 12, y por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos antes de publicarse en el BOE.
Mientras, se prorrogará la vigencia de las ordenes de enero.
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