No eran todavía las 15.00 horas del pasado viernes 16 de noviembre cuando Alberto Martínez, Miguel Ángel Estévez, Daniel Heras, José Antonio Álvarez Payero y Francisco Antelo aparecían, con los rostros tiznados de carbón, por la bocamina del Pozo Salgueiro en Torre del Bierzo (León). Eran el último relevo de la última mina de carbón abierta en la comarca del Bierzo. Se ponía así fin a más de siglo y medio de actividad carbonera en esta comarca leonesa. "Esto parece que no tiene futuro, habrá que buscarse el pan en otro lado", coincidían estos mineros con edades comprendidas entre los 33 y los 43 años. Ellos fueron los últimos en bajar a 600 metros de profundidad para arrancar el negro mineral de las entrañas de la tierra en esta emblemática explotación de casi medio siglo de vida que pertenece a Uminsa, el otrora gigante carbonero que hoy, como casi la mayoría de las empresas mineras españolas, se encuentran en proceso de liquidación o en concurso de acreedores.
Pero el de Antracitas de Salgueiro no es un caso aislado y esta escena final se repetirá en la mayoría de minas españolas en apenas unas semanas. En principio, el cerrojazo a la actividad carbonera española será total a partir del 31 de diciembre según marca el reglamento 787 de la Unión Europea, que obliga al cierre de las minas de carbón deficitarias, como son casi todas las españolas. Sin duda, el canto del cisne para un sector que en los años 70 empleaba a más de 75.000 personas y producía alrededor de 22 millones de toneladas de mineral con el que se producía una buena parte de la electricidad generada en España. A día de hoy apenas hay 2.000 mineros en España y media docena de explotaciones, que producen menos de 2,5 millones de toneladas de carbón al año.
Hoy en día, el carbón –casi todo de importación pese a que a los precios actuales una tonelada de carbón internacional tiene precios similares o incluso más caros que el español, unos 70 euros- todavía genera aproximadamente el 15% de la electricidad que se consume en España, con picos en verano de más del 22%, pero su carácter contaminante ha hecho que el Gobierno de Pedro Sánchez y su Ley de Transición Ecológica pongan fecha de caducidad a las centrales térmicas para el año 2040. Es más, nueve de las catorce térmicas que hay en España cerrarán en julio de 2020 tras no haber hecho las inversiones requeridas por la normativa europea en desnitrificación y desulfurización para poder continuar con su actividad. El Ejecutivo prevé además que las que quedan abiertas, As Pontes (A Coruña) y Litoral (Almería), ambas de Endesa; Los Barrios (Cádiz), de Viesgo, Aboño y Soto de Ribera (Asturias) y propiedad de EDP, más la de La Pereda (Asturias) propiedad de Hunosa, "no durarán más allá del años 2030". Ya lo viene diciendo una y otra vez la Ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera: "El carbón y las centrales térmicas no tienen futuro”. Quizás por ello, el Gobierno y las centrales sindicales, UGT-FITAG, CCOO y USO, firmaron un acuerdo para la transición ecológica que prevé prejubilaciones para los trabajadores del sector minero y un plan de reindustrialización y reactivación económica para las comarcas mineras: Asturias, Castilla y León, Aragón y la comarca ciudarrealense de Puertollano.
Sin embargo, como los irreductibles galos de la aldea de Asterix, hay una pequeña parte del sector que se resiste a morir y pretenden continuar arrancando carbón de la tierra a partir del uno de enero de 2019. Al menos mientras haya eléctricas que se lo compren, aunque ahí radica el principal problema porque las principales térmicas que quemaban en sus calderas carbón autóctono echarán el cierre en año y medio: Compostilla, Anllares y la Robla en Castilla y León y Andorra en Teruel. Sólo quedarán las asturianas, y hay que ver por cuanto tiempo, entre las que se encuentra la de la Pereda, propiedad de Hunosa, y a la que la compañía minera destina prácticamente la totalidad de las 350.000 toneladas que produce al año.
Curiosamente Hunosa, compañía pública y motor económico del centro de Asturias durante muchos años, aunque siempre se ha puesto de ejemplo de ‘antieconomía’, ya que la configuración geológica de sus vetas de carbón hace muy costosa su explotación y desde sus inicios en 1967 ha arrojado pérdidas constantes por lo que únicamente ha podido sobrevivir por las aportaciones públicas, puede ser la compañía que quizás tenga un futuro, al menos a corto plazo, ‘más despejado’.
El futuro de Hunosa, bajo el paraguas de la SEPI, y que negocia estos días con las organizaciones sindicales el futuro plan de empresa, pasa por la apuesta por las energías verdes como la geotermia y la biomasa, pero también por mantener abierto uno de sus tres pozos, en la actualidad San Nicolás (Mieres), Carrio (Laviana) y Santiago (Aller), todos ellos en la cuenca central asturiana, para abastecer de carbón a la central térmica de la Pereda, también de su propiedad. Y es que hay que tener en cuenta que el 90% de los ingresos de Hunosa –que en 2017 perdió 14 millones de euros, un 70% menos en todo caso que los 46,4 de 2016- provienen ya de la generación de electricidad y no de la extracción de carbón. Hunosa cuenta en la actualidad con unos 1.000 trabajadores y lejos quedan ya aquellas cifras de mediados de los 70 del siglo pasado cuando la hullera pública asturiana tenía cerca de 27.000 mineros en plantilla y producía 3,5 millones de toneladas de carbón. El problema para seguir produciendo carbón: cómo sortear la exigencia de la UE de que toda mina que quiera seguir debe devolver las ayudas públicas percibidas desde 2010, en este caso cerca de 250 millones de euros.
Fuentes del Ejecutivo central señalan que el futuro de Hunosa "no se verá afectado" por la Ley de Transición Ecológica y que mantener una explotación abierta para abastecer a la térmica de La Pereda, sería considerado un nuevo proyecto "siempre que cumpla la normativa europea". Fuentes sindicales conocedoras de las negociaciones aseguran a La Información que "cabe la posibilidad de que Hunosa siga extrayendo carbón a partir del uno de enero" e incluso, el Soma-Fitag-UGT, que acaba de volver a ganar las elecciones sindicales en la empresa, asegura que todos sus esfuerzos van dirigidos a "acordar un nuevo plan de empresa que haga viable y consolide al Grupo Industrial Hunosa, transformándolo en una empresa energética, manteniendo la actividad extractiva de carbón y garantizando el empleo de todos y todas".
Pero Hunosa no es la única que pretende seguir con el ‘negocio’ del carbón. La Escondida, en Caboalles de Arriba (León), de la empresa Hijos de Baldomero García, con 77 trabajadores y una producción de 6.000 toneladas de carbón mensuales, es la última mina abierta en la provincia de León. Su empresario, Manuel Lamelas Viloria, ha manifestado que quiere seguir con el trabajo de la explotación a partir de enero. "Yo no cierro", aseguró repetidamente la pasada semana en declaraciones a Onda Bierzo. “Quiero seguir y lo haré en la medida que pueda”, asegura este empresario pese a que la térmica a la que ha venido vendiendo su carbón, la de Compostilla, cerrará en julio de 2020 como ha anunciado su propietario, Endesa-Enel. "Mientras no sea un delincuente, saque carbón y pueda venderlo, yo creo que no tienen derecho a meterse con nadie. Hay más clientes que la térmica de Compostilla, aunque sea una locura que se cierre la central hasta que las renovables tengan suficiente potencia, y de momento no la hay y el carbón puede dar el respaldo. Es una locura", sentencia, "querer cerrar la minería de hoy para mañana, sin existir en las cuencas otras industrias".
Quizás, como ejemplo de un sector mal gestionado y con alguna que otra situación kafkiana dentro del mismo, haya que hacer mención a la mina de Cerredo, en Degaña. La explotación minera más moderna y tecnificada de Europa que a día de hoy duerme el sueño de los justos. Era propiedad del otrora magnate del carbón, el empresario leonés, Victorino Alonso. Su empresa entró en quiebra y concurso de acreedores y la explotación fue concedida a Rodolfo Cachero, un empresario condenado por defraudar a Hacienda. El mismo que hace un año pidió que le cambiaran de celda en la cárcel de Soto del Real porque decía que su compañero, Jordi Sánchez, ex presidente de la Asamblea Nacional Catalana, le daba "la matraca" todo el día con el tema de la independencia de Cataluña. Cachero salió de prisión, pero la mina más moderna de Europa, que sería rentable actualmente, sigue cerrada con millones de toneladas de carbón en su interior y con sus trabajadores en el paro.
Para buscar al tercer ‘irreducctible’ del carbón hay que mirar a Aragón, A Ariño (Teruel). Allí, la explotación a cielo abierto de la empresa Samca, en Santa María de Ariño, la mayor productora actualmente de España con 1,7 millones de toneladas, con casi 200 empleos directos y otros tantos indirectos, pretende seguir incluso devolviendo los 7 millones de euros en ayudas públicas recibidas desde 2011, como exige la UE. Pero la térmica de Andorra (Endesa-Enel) cierre en julio del 2020. ¿A quién le venderá el carbón a partir de entonces? De momento, el empresario, Ángel Luengo (Samca) ya trabaja para convertir la Leonardita (un tipo de carbón de sus explotaciones) en fertilizante para el campo y asegura la creación de 35 puestos de trabajo en el proyecto. Es el signo de los tiempos para el carbón. Reciclarse o morir. Y el negro mineral quizás haya llegado tarde al reciclaje y no le quede más que echar el cierre y apagar las lámparas de los cascos. Habrá que ver qué ocurre en las bocaminas de algunos pozos el 2 de enero de 2019 y si para entonces, los castilletes de las minas serán ya mera arqueología industrial y un símbolo de nuestro pasado más reciente.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios