El año 2015 la Agencia Tributaria presentó unos resultados históricos en materia de lucha contra el fraude que pulverizaron todos los registros conocidos hasta esa fecha. El organismo reportó unos ingresos de 15.664 millones de euros por esta causa, tras experimentar un incremento del 27% respecto al ejercicio anterior, que ya había registrado una recaudación récord de 12.318 millones de euros. El entonces director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, explicó por aquellos días el 'milagro' a partir de los saldos arrojados por un puñado de inspecciones "de gran cuantía" que afectaron a grandes empresas y por el efecto de una serie de “expedientes singulares de minoración de devoluciones por un volumen total de 2.709 millones de euros”.
Entre ellos estaban las actas contra Telefónica por los ejercicios fiscales de 2008 a 2011, que el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) ha considerado no ajustadas a derecho y que obligarán a Hacienda a reintegrar a la compañía con cargo a las arcas públicas 702 millones más los intereses de demora que de ello se deriven.
El tremendo patinazo de la Agencia Tributaria - del que no existen precedentes - ha vuelto a situar sobre el tapete el supuesto exceso de arrojo del Fisco en su relación con las grandes empresas y el mayor o menor acierto de esta estrategia a la hora de generar ingresos para el erario público, pero también ha venido a cuestionar la fiabilidad de los datos que año tras año proporciona el Fisco sobre los resultados de sus actuaciones de lucha contra el fraude.
El ejemplo del año 2015 es paradigmático. Con el déficit público rozando todavía el 6% del PIB y el flujo de ingresos vía impuestos aún en vías de recuperación, el Ministerio de Hacienda se afanó en convencer a Bruselas de que allí donde no llegaran los ingresos impositivos, los recursos adicionales se obtendrían por el éxito de la lucha contra el fraude.
Y el equipo de Cristóbal Montoro puso toda la carne en el asador para lograrlo: duplicó los incentivos a inspectores y demás personal de la lucha contra el fraude para que dedicaran más horas a aflorar fraude fiscal y elevó su listón de exigencia para acceder al bonus. Un vistazo a la Memoria de la Agencia Tributaria de 2015 revela de forma clara lo que ocurrió a partir de ahí: Hacienda investigó más o menos a los mismos contribuyentes (-0,96%) y levantó menos actas de inspección que en 2014 (2.180 menos), pero al parecer las exprimió mucho mejor: con menos actas levantadas liquidó 7.129 millones de euros en deudas tributarias (un 43% más que un año antes) y, por otra parte, paralizó 5.501 millones de euros en devoluciones solicitadas por las empresas, un 96,2% más que en el ejercicio anterior. El saldo final resultó en la mayor recaudación obtenida jamás por la lucha contra el fraude.
Los 15.664 millones de euros obtenidos ese año (alrededor de un 1,5% del PIB) no impidieron que el déficit público de España se desviara de forma significativa del objetivo previsto (un 5,2%, frente al 4,2% pactado con Bruselas) pero al menos sí contribuyó a cumplir el mínimo que Bruselas exigía a España: reducir su déficit público de manera significativa. En el año 2015 cayó del 5,9% al 5%.
Ingresos a costa de seguridad jurídica
La reciente resolución del TEAC demuestra que, al menos en parte, ese resultado se consiguió a costa de apretar en exceso las tuercas a las empresas. Una lectura que han confirmado a La Información fuentes de la Agencia Tributaria y del Ministerio de Hacienda, que temían desde hace meses una resolución condenatoria a la Agencia Tributaria a cuenta de esta controvertida actuación.
"Estamos viviendo unos años de gran presión recaudatoria tras la crisis financiera", admitía la pasada semana la directora de la Oficina Técnica del Santander e inspectora de Hacienda del Estado, Elena de Casso, en el marco de una mesa de debate con otros colegas también de empresas del Ibex 35 que se convirtió en un coro de lamentos por la, en su opinión, excesiva agresividad de la Inspección de Hacienda contra ellos.
El caso de Telefónica no es una excepción. La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) recordaba hace unos días que hay más de 300.000 controversias fiscales pendientes de resolución en los tribunales y que la experiencia dice que Hacienda gana tantos pulsos como los que pierde cuando le toca a la Justicia determinar sobre el litigio fiscal, lo que implica un porcentaje de fiascos muy elevado. Según Aedaf, los contribuyentes ganan el 40% de los conflictos en la instancia económico-administrativa, como le ha ocurrido a Telefónica, y uno de cada tres casos que termina en los Tribunales de Justicia.
¿Qué implica este 'track record'? Que una parte no irrelevante de la recaudación que la Agencia Tributaria se asigna cuando presenta el balance anual de la lucha contra el fraude fiscal está impugnada en los tribunales y aunque ya se ha ingresado - fuentes de la Agencia Tributaria aclaran que los resultados de la lucha contra el fraude corresponden solo a deudas ya cobradas- es susceptible de reintegrarse a los contribuyentes.
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