Xnet, el Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG) e IDHC han llevado este martes el proyecto Castor ante la Audiencia Nacional. Las tres plataformas ciudadanas han presentado una querella criminal contra el presidente de ACS y del Real Madrid, Florentino Pérez, así como contra los ex ministros de Industria Miguel Sebastián y José Manuel Soria y la titular de Fomento de 2004 a 2009 Magdalena Álvarez.
La querella de las mencionadas plataformas ciudadanas también va contra el exministro de Industria Joan Clos, la extitular de Medio Ambiente y Agricultura Elena Espinosa, el presidente de la mercantil Escal UGS SL Recaredo del Potro, el exsecretario general de Energía de Industria Ignasi Nieto y el exconsejero de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de la Generalitat Valenciana Juan Gabriel Cotino.
Los acusan de posibles delitos de prevaricación, estafa, fraude a la administración pública y malversación de causales públicos por “responsabilidades” en este proyecto.
El bolsillo de los consumidores
El año pasado, los consumidores de gas pagaron a través de su recibo un total de 60,498 millones de euros a los titulares de los derechos de cobro de la indemnización por el cierre del almacén de gas Castor, Banco Santander, Bankia y CaixaBank.
Indemnización mil millonaria
El Gobierno de Mariano Rajoy fijó en 2014 el pago de la indemnización de 1.350 millones de euros a Escal UGS (participada en un 66,7% por ACS), la concesionaria del proyecto, por la clausura del almacén y el grupo que preside Florentino Pérez recibió entonces el importe. Un año después, Santander, Bankia y CaixaBank adquirieron al operador del mercado del gas, Enagás, los derecho de cobro de la compensación, a un tipo de interés del 4,3% y a devolver en 30 años. El pago de estos derechos se cargó a los consumidores en el recibo del gas.
A finales del pasado mes de diciembre, el Tribunal Constitucional declaró “nulos e inconstitucionales” algunos artículos del real decreto ley aprobado en 2014 que reconocía la indemnización de 1.350 millones de euros, pues entendía que no concurría una “situación de extraordinaria y urgente necesidad” que justificara aprobar un decreto ley para “atribuir nuevas obligaciones de pago al sistema gasista”. La CNMC decidió posteriormente paralizar el pago a las entidades.
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