Olviden el fútbol de elite. Su capacidad de generar ingresos es de otra galaxia. Piensen en el resto del deporte español, el que sigue copando las portadas de los lunes incluso cuando no hay Liga. Aunque mejor piensen en los que empiezan a correr o a saltar en pabellones de las afueras. ¿Quién mantiene económicamente la esperanza del joven deportista?
Casi nadie, más allá del bar de la Plaza Mayor que patrocina al equipo local de jabalina. El Comité Olímpico Español ha puesto sobre la mesa su propuesta para asegurarse de que los éxitos nacionales no se agotarán a medio plazo: fomentar la inversión publicitaria privada a golpe de ventajas fiscales.
La idea es tan simple como que ya existe. El presidente del COE, Alejandro Blanco, se remite a la fiscalidad que rige sobre los patrocinios del Plan ADO (el programa de becas específicamente dirigido a los deportistas que podrían formar parte del equipo nacional en las próximas Olimpiadas).
"Prácticamente, las empresas recuperan el 90% de lo que se gastan y ya es hora de que le demos al deporte la dimensión económica que se merece por su impacto social", explica Blanco. Para el periodo actual (el que termina en Londres 2012) se consiguieron algo más de 50 millones de 15 patrocinadores.
Pues bien. Este modelo de ayuda tributaria es el que reclama para todo (o casi todo) el deporte español el representante del COE. "Así atraeríamos a las empresas y garantizaríamos los resultados a largo plazo", ha explicado.
El COE está preocupado por el recorte de la financiación. La aportación pública se ha reduce a un ritmo del 7% al año y, en general, la inversión privada acumula caídas del 25% debido a la crisis.
"Hay menos dinero y cuando hay menos recursos los resultados se resienten, quizá no en los próximos cuatro u ocho años, pero lo notaremos a partir de entonces", advierte.
A día de hoy, el patrocinio deportivo no existe como tal en la fiscalidad nacional.
El marco actual
Sin embargo, la Ley de Mecenazgo de 2002 permite un amplio paquete de medidas aplicables a aquellos "acontecimientos de excepcional interés público". Así se califica al Plan ADO cuando se renueva cada cuatro años y así se consideró a otras competiciones deportivas como la Copa América en Valencia o la reciente Barcelona World Race.
El problema es que la ley se refiere a "acontecimientos" genéricamente, con lo que depende del Gobierno la designación definitiva.
El paquete de medidas repercute sobre todo en forma de deducciones en el Impuesto de Sociedades e incluso para los casos en los que la publicidad sea esencial para la divulgación del evento, la devolución de lo invertido es total.
Luego está la Ley de Fundaciones, que aprovechan muchas empresas para impulsar actividades deportivas de menor calado y desgravar gracias al régimen de que disfrutan este tipo de organismos. El inconveniente es que la recuperación de inversión no es tan elevado y deja fuera a las pymes.
La petición del COE, en definitiva, pretende una fiscalidad atractiva para la inversión en del deporte. Porque si se obtiene dinero privado para los distintos eventos de todo tipo que se celebran en España, "saldrá ganando el conjunto de la sociedad, ya que el deporte es educación, cultural, servicios sociales, sanidad y trabajo".
Además,"al Gobierno no le costaría nada" por el efecto retorno en todos esos campos, según expone el presidente del Comité Olímpico Español.
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