Barcelona.- El comité de empresa de Yamaha ha recurrido a los tribunales tras la decisión de la multinacional japonesa de cerrar su planta en Palau-solità i Plegamans (Barcelona) y ha presentado una querella criminal contra la dirección de la compañía en España.
La querella acusa a los responsables de la empresa de un supuesto delito de descubrimiento y revelación de secretos, y se ha presentado también una demanda por vulneración del derecho fundamental a la libertad sindical.
La querella criminal, interpuesta ante el juzgado de instrucción de Sabadell (Barcelona), va dirigida contra el consejero delegado de Yamaha Motor España, el director de Recursos Humanos y el director de Informática por una supuesta intromisión de éstos en el correo electrónico del comité, de sus miembros y de la sección sindical de CCOO.
En la querella, a la que ha tenido acceso Efe, el comité acusa a la dirección de "inutilizar" sus correos y de intentar conocer de manera ilegítima la estrategia de los representantes de los trabajadores ante el anuncio del ERE y del cierre de la planta en la que se fabrican motocicletas, que afectará a las 388 personas que trabajan para Yamaha en Cataluña.
La demanda por vulneración del derecho fundamental a la libertad sindical se ha presentado ante el juzgado de lo social de Sabadell y en ella se acusa a la dirección de la multinacional japonesa, entre otras cosas, de filtrar a la prensa el pasado 26 de enero su intención de cerrar la fábrica de Palau sin haber antes informado de ello a los representantes de los trabajadores.
En la demanda se hace referencia también a las primeras declaraciones del conseller de Empresa y Empleo, Francesc Xavier Mena, en las que "justificaba" la salida de Yamaha de España y daba detalles del cierre, antes de que los trabajadores tuvieran conocimiento oficial de las intenciones de la multinacional.
El presidente del comité de empresa de Yamaha, Oscar Rivera, ha subrayado que el proceso de consultas del ERE interpuesto por Yamaha se cerrará el próximo dos de abril sin que se haya alcanzado ningún acuerdo entre la dirección y los trabajadores.
El comité se ha negado a entrar a valorar ningún tipo de oferta económica ni social de la compañía porque entiende que la empresa "carece de motivos legales" para cerrar la actividad productiva en Palau y trasladarla a Francia ya que, según aseguran, la fábrica de Barcelona es más competitiva que la francesa.
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