Tras la polémica del Supremo

El Congreso acuerda el reparto de gastos en la hipoteca: el cliente paga la tasación

La entidad financiera deberá asumir los gastos correspondientes a la escritura de la hipoteca, la gestoría y el arancel notarial.

Reunión hipotecas en Moncloa
El Gobierno decidió cambiar la norma el pasado miércoles, tras la decisión del Supremo. / Moncloa

Los grupos parlamentarios del Congreso han acordado el reparto de los gastos de la hipoteca que figurará en la futura ley hipotecaria, dejando al consumidor el pago de la tasación y adjudicando a la entidad financiera el resto. Así, según han informado a Europa Press fuentes de la ponencia que discute el proyecto de ley de crédito inmobiliario, la entidad financiera deberá asumir los gastos correspondientes a la escritura de la hipoteca, la gestoría y el arancel notarial.

[Actualización: Los doce votos en contra del fallo de las hipotecas avisan: se quiebra la confianza]

Será el banco el que tenga que pagar los costes de la primera copia del contrato, aunque en caso de que el cliente solicite una copia, deberá asumir su coste. En este reparto también se ha dispuesto que la entidad financiera asuma el impuesto de actos jurídicos documentados, en línea con el decreto ley aprobado por el Gobierno en el pasado Consejo de Ministros y en contra de la decisión adoptada por el Tribunal Supremo.

Además, los notarios realizarán, sin ningún coste, un cuestionario al prestatario para asegurarse de que entiende todas las cláusulas del contrato hipotecario. La ponencia de la Ley Hipotecaria ha vuelto a reunirse hoy en la Comisión de Economía del Congreso y ha dejado pendiente de acordar otros asuntos de relevancia como las comisiones por amortización anticipada, los intereses de demora o la cláusula de vencimiento anticipado de una hipoteca y que permite ejecutar la vivienda según la deuda que haya adquirido el prestatario.

El portavoz del PSOE en la Comisión de Economía, Gonzalo Palacín, ha confiado a los medios del Congreso que pueda llegarse la próxima semana a un acuerdo en este ámbito, aunque el diputado de Unidos Podemos Rafael Mayoral sigue advirtiendo de que debería eliminarse una disposición adicional transitoria que aparece en la ley y que es contraria a los tribunales europeos. Mayoral incide en que en caso de que se mantenga esta disposición transitoria podrían desbloquearse muchas ejecuciones hipotecarias que están ahora paralizadas.

Al respecto, el PSOE propone que la cláusula de vencimiento anticipada vinculada a determinados pagos de cuotas sólo afecten a sentencias judiciales ya firmes y no a las que pudieran estar en proceso. Unidos Podemos propone que sólo se pueda ejecutar una vivienda cuando el capital deudor es del 10% del préstamo hipotecario.

El diputado del PP Miguel Ángel Paniagua ha valorado que en la ponencia se haya incluido la propuesta del Gobierno de Mariano Rajoy de garantizar la presunción de veracidad del notario para que sea más transparente la información al cliente y ha señalado que algunas formaciones han propuesto también un código sancionador en caso de incumplimiento de la nueva ley.

Por otra parte, y según recoge Efe, los partidos políticos también tendrán que decidir sobre la entrada en vigor de la norma, ya que el sector financiero pide que haya un margen de 6 meses frente a los 15 días que plantea el proyecto de ley. La Ley Hipotecaria, que es una trasposición de una directiva europea, persigue dar mayor protección al consumidor e impulsar la transparencia en la concesión de hipotecas, por eso los partidos políticos han consensuado que los tasadores puedan ser independientes, personas físicas y jurídicas.

El portavoz del PSOE ha señalado, asimismo, que la sentencia del Tribunal Supremo sobre el impuesto de AJD ha ralentizado los trabajos de esta comisión ya que la nueva Ley Hipotecaria debía definir el reparto de gastos, aunque ha confiado en que pueda entrar en vigor en enero de 2019. "La ley debe dar seguridad jurídica a todas las partes y evitar la litigiosidad que hasta ahora ha tenido el mercado hipotecario", ha puntualizado al tiempo que ha recordado la importancia de aprobar esta norma cuanto antes ante la amenaza de sanción de la Unión Europea de pagar una multa de 105.000 euros diarios.

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