El Congreso aprueba definitivamente la ley de Sociedades de Capital

Madrid, 1 oct.- La Comisión de Economía del Congreso de los Diputados ha aprobado hoy definitivamente el proyecto de ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo, que ha contado con 24 votos a favor y ninguno en contra.

La norma que ha sido finalmente aprobada incluye 17 nuevas enmiendas, muchas de ellas pactadas entre los grupos.

El pasado 23 de mayo, el Gobierno aprobó la citada norma, que obliga a las empresas cotizadas a fijar un mínimo de mujeres en sus consejos de administración, además de recoger en sus informes anuales de gobierno corporativo los avances en esta materia.

De la misma manera, la ley, que prevé modernizar y mejorar la gobernanza de las sociedades de capital, obliga también a publicar los periodos medios de pago a proveedores de todas estas entidades.

Igualmente, y según ha explicado el PP en un comunicado, por lo que respecta a la junta general de accionistas, la norma indica que ésta tendrá la nueva función de impartir instrucciones de gestión a los administradores.

Asimismo, se atribuye a la Junta el poder de decisión sobre aquellas operaciones cuyo volumen supere el 25 % del total de activos del balance.

También se propone realizar votaciones separadas para los asuntos que sean sustancialmente independientes y, además, para impugnar un acuerdo de la Junta ya no será necesario analizar si se trata de un acuerdo nulo o anulable, pues se elimina tal distinción.

Sobre las novedades en el órgano de administración, el Proyecto define de forma precisa los deberes de los administradores en cuanto a diligencia y lealtad a la empresa y también se concreta el procedimiento a seguir en caso de que algún administrador tenga conflicto de intereses con la sociedad.

La norma también facilita que los socios puedan exigir responsabilidades al órgano de administración, y en cuanto a las competencias del consejo de administración, se introducen una serie de materias reservadas al consejo que serán indelegables.

Para el PP otro cambio esencial de la norma es la limitación de la retribución de los administradores, que deberá ser razonable y acorde con la situación económica de la sociedad y con las funciones y responsabilidades que cada uno tiene atribuidas.