El congreso aprueba el techo de gasto de los presupuestos para 2012


El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó este martes el límite de gasto no financiero de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2012, que se ha fijado en 118.565 millones de euros, aunque con los nuevos ajustes pactados con Bruselas, el Gobierno ya ha explicado que será más bajo.
El Congreso dio luz verde al techo de gasto y a los objetivos de estabilidad presupuestaria de 2012 con 179 votos a favor, 133 en contra y 27 abstenciones.
Para ello, el Gobierno contó con el voto favorable del PP y UPN, mientras que votaron en contra PSOE, Izquierda Plural y la mayoría del Grupo Mixto, y se abstuvieron CiU, UPyD y PNV.
Aunque el Gobierno había aprobado un objetivo de déficit del 5,8% del PIB para 2012, en las últimas horas ha pactado con Bruselas que éste será del 5,3%, lo que supondrá un ajuste adicional de alrededor de 5.000 millones.
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, afirmó en el debate que el Gobierno tiene la “convicción de que tenemos que intensificar el proceso de consolidación presupuestaria”, y subrayó que el ajuste extra que tendrá que hacer España del 0,5% del PIB recaerá la “mayor” parte sobre el presupuesto del Estado y no sobre las comunidades autónomas.
Montoro insistió en que el Gobierno está forzado a limitar el gasto público, donde realizará ajustes, y a utilizar "instrumentos fiscales equilibrados".
Además, el ministro descartó subidas de impuestos "inequitativas e injustas" y explicó que "renunciaremos a proyectos de gasto”, pero esto se realizará de “forma ponderada, equilibrada y justa”, porque “no vamos a hacer recaer la carga del ajuste sobre los más débiles".
CRÍTICAS DEL PSOE
El portavoz del PSOE en el debate, Joan Rangel, reconoció que revisar la senda de consolidación fiscal “era absolutamente necesario”, aunque indicó que su grupo “no comparte la forma” en que el Gobierno ha actuado.
Rangel habló de un “escenario dantesco” como consecuencia de la “falta de un plan serio por parte del Gobierno”, y lamentó que lo que se apruebe “algo que va a ser revisado de inmediato”.
Las políticas del Ejecutivo llevan al “precipicio” a la economía española, dijo el diputado socialista, quien consideró además que supondrán el “fin de los servicios básicos” y una “ruptura de la cohesión social”.
El PSOE justificó su voto negativo a la propuesta del Gobierno porque supone un “panorama desolador” y supondrá “un año perdido para el empleo”.
ABSTENCIONES
El portavoz de Economía de CiU, Josep Sánchez-Llibre, explicó que la “abstención constructiva” de su grupo está a la espera de conocer los Presupuestos Generales del Estado para ver si se consignan todas aquellas partidas que hacen referencia a las deudas de la Administración Central con Cataluña.
Sánchez-Libre respaldó al Gobierno en el objetivo de reducción del déficit, y aplaudió que el Estado asuma el ajuste extra de 5.000 millones impuesto por Bruselas.
“Es una decisión que les honra; nos ha gustado porque la Administración General del Estado puede hacer un esfuerzo más importante que las comunidades”, afirmó el diputado de CiU.
Desde las filas de UPyD, el diputado Álvaro Anchuelo destacaron la necesidad de que el Gobierno deje ya “las generalidades” para pasar a “entrar en los detalles” de los ajustes que se van a llevar a cabo para reducir el déficit, y deslizó que el retraso en los Presupuestos tiene que ver con las citas electorales autonómicas.
UPyD mostró su apoyo al Gobierno en la reducción de déficit público porque es una necesidad, aunque “hay discrepancias” sobre dónde recortar.
Anchuelo criticó los cambios en los objetivos de déficit “sobre la marcha”, algo que tildó de “muy poco serio” pues “no son formas de debatir temas tan importantes”, por lo que no pueden apoyar al Ejecutivo y se abstienen en la votación.
En el mismo sentido se pronunció el diputado del PNV Pedro Azpiazu, quien señaló que se trata de un debate “inútil” ya que la Comisión Europea ha modificado el objetivo al 5,3% y “deja sin validez” el acuerdo del Consejo de Ministros.
Por ello, consideró necesario que se vuelva a comenzar el proceso y se consulte otra vez a las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
Azpiazu dijo a Montoro que aunque “cuadren las cifras a martillazos” en el Presupuesto, “la realidad económica y del paro les impedirán cumplir” con el objetivo de reducción del déficit.
El diputado del PNV subrayó que “una cosa es el papel, que lo aguanta casi todo, y otra la realidad”, para agregar que su posición en la votación sería de abstención.
OBJETIVO “INVIABLE”
El presidente del Grupo Parlamentario Izquierda Plural, Cayo Lara, rechazó la propuesta del Gobierno sobre el déficit porque “es un objetivo inviable” que “sólo va a empeorar la situación”.
Tampoco compartió Lara la propuesta del techo de gasto, pues consideró que debería mantenerse como en los años previos a la crisis, y que se tendría que actuar más por la vía de los ingresos, sobre todo en lo relacionado con el fraude fiscal y la economía sumergida.
El portavoz de Izquierda Plural en el debate advirtió al Gobierno que la sociedad española “no va a soportar” todos los ajustes que propongan, y le planteó si creen que ésta se va a quedar “resignada”.
“Los pancarteros crecerán, porque si no cambian de política son la principal fábrica de crear pancarteros de este país”, sentenció.
GRUPO MIXTO
Dentro del Grupo Mixto, Rafael Larreina (Amaiur), Teresa Jordá (ERC), Francisco Jorquera (BNG), Joan Baldoví (Compromís) y Uxue Barkos (Geroa Bai) mostraron su rechazo a la propuesta del Gobierno.
También explicó que votaría en contra el diputado de Coalición Canaria-Nueva Canarias Pedro Quevedo, aunque puso de manifiesto que su compañera Ana Oramas se abstiene.
Mientras, el diputado de Foro, Enrique Álvarez, señaló que no podía votar a favor porque no podría dar un “cheque en blanco al Gobierno”.
Por su parte, Carlos Salvador de UPN apoyó por lealtad y pidió participar en los Presupuestos Generales del Estado.

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