El congreso aprueba la ley de cajas y la remite al senado

La Comisión de Economía y Competitividad del Congreso de los Diputados aprobó este miércoles con competencia legislativa plena la Ley de Cajas de Ahorro y Fundaciones Bancarias para su remisión al Senado donde continuará su tramitación.
Este texto ha salido adelante con el voto favorable del Partido Popular y del PNV, al transaccionar varias enmiendas y a la abstención de CiU. El resto de grupos han votado en contra del texto.
La pasada semana el Pleno del Congreso rechazó las enmiendas a la totalidad presentadas por los Grupos con 174 votos, la abstención de 116 diputados y el apoyo de 25 diputados.
De este modo, la Cámara Baja desechó las cinco enmiendas de UPyD, La Izquierda Plural, Amaiur, BNG y ERC, estas tres últimas formaciones integradas en el Grupo Mixto, para devolver el proyecto de ley al Gobierno.
Entre las novedades, aprobadas este miércoles figuran las enmiendas transaccionales pactadas entre el PNV y el PP en relación con el fondo de reserva para insolvencias, que podrá llevarse a cabo a través de los nuevos bancos filiales.
El objetivo de este fondo de reserva es hacer frente a posibles necesidades de recursos propios de la entidad de crédito participada, que pudieran poner en peligro el cumplimiento de sus obligaciones en materia de solvencia.
El Gobierno defiende que con la aprobación de esta ley se ha cumplido con todos los “compromisos relevantes” a los que se comprometió en el memorando firmado con la UE para recibir la línea de ayuda a la banca.
De este modo, la Ley de Cajas supone la culminación de la reforma financiera, “una de las reformas claves de este Gobierno para la recuperación económica”.
Este texto supone además una triple limitación a la actividad de las cajas: material, territorial y de volumen. En lo material, limita la actuación de estas entidades financieras a clientes minoristas y pymes y no les permite llevar a cabo actividades complejas.
Dentro de lo territorial, les exige actuar dentro del ámbito de una comunidad autónoma, sobrepasándola en un máximo de 10 provincias limítrofes.
Y, en cuanto al tamaño, no les permite tener un volumen superior a 10.000 millones de euros ni una cuota de depósitos superior al 35% en su autonomía de referencia.