El Congreso crea una comisión en abierto para aclarar el papel de los reguladores

Algo falla en los reguladores cuando se sucede crisis como la última que arrancó en 2008 y nadie pareció advertir su virulencia o cuando nadie acierta a comprender qué ocurre con el recibo de la luz. Ya el Gobierno ha empezado a dar ciertos pasos para retocar la estructura de poder de los organismos reguladores, pero el debate ha entrado también en el legislativo. Ahora, ha llegado el Congreso de los Diputados, que ha decidido abrir a partir del 19 de diciembre una ronda de comparecencias con responsables de las autoridades independientes y los organismos reguladores para analizar su funcionamiento y su grado de imparcialidad real con el fin de impulsar medidas para reforzar su independencia si los grupos parlamentarios lo consideran necesario.

Inicialmente, el estudio sobre el modo de elección y el proceder de los supervisores lo iba a llevar a cabo una subcomisión que se creó en el seno de la Comisión de Calidad Democrática del Congreso y cuyos trabajos son a puerta cerrada, pero finalmente los grupos han optado por cambiar el formato. Así, según han precisado a Europa Press fuentes parlamentarias, al no trabajar como subcomisión no habrá unas conclusiones o recomendaciones que tengan que pactar los grupos sino que, una vez finalicen las comparecencias, cada formación decidirá si registra alguna iniciativa para impulsar cambios legislativos.

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De momento, los grupos parlamentarios han acordado celebrar las comparecencias en la Comisión de Calidad Democrática, que preside el diputado de Ciudadanos, Toni Cantó, y en sesiones públicas. El primero en acudir será el gobernador de Banco de España, Pablo Hernández de Cos, citado el próximo 19 de diciembre. También está previsto que desfilen por el Congreso los responsables de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), de la Comisión Nacional de Mercado de la Competencia (CNMC), de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), de la Agencia Española de Protección de Datos y del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

Todas estas comparecencias han sido propuestas por el PP, que también quiere llamar al director de la Dirección General de Seguros y Fondo de Pensiones, Sergio Álvarez Camiña; al presidente de la Asociación Española Sujetos Obligados en Prevención del Blanqueo, Juan Carlos Galindo; al Procurador del Común de Castilla y León, Javier Amoedo; y al catedrático de Derecho Constitucional y miembro del Consejo de Transparencia de la Comunidad Valenciana, Carlos Flores Juberías, y al catedrático de Derecho Público Gerardo García Álvarez.

Por su parte, el PSOE plantea citar al consejero de la CNMC Bernardo Lorenzo y a un plantel de académicos como la catedrática Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona y exdiputada del PSC Elisenda Malaret; el catedrático de Derecho Mercantil de la Autónoma de Madrid Andrés Recalde, y dos profesoras de Derecho Constitucional Cristina Pauner Chulvi y María Salvador.

Desde Unidos Podemos se quiere recabar la opinión del director de control interno de la CNMC, Carlos Balmisa; de un representante de la Asociación de Inspectores y Auditores Informáticos del Banco de España e inspector del supervisor, Pedro Luis Sánchez, y del economista del Estado Antonio Maudes.