El congreso expulsará a los fotógrafos que vulneren “los derechos” de los diputados

El Congreso ha dictado una nueva normativa que le permite expulsar de la Cámara Baja a aquellos fotógrafos que no respeten “los derechos fundamentales de los diputados”, aunque se especifica que el medio al que pertenezca el sancionado podrá acreditar en su lugar a otro reportero gráfico.
La nueva instrucción, aprobada por unanimidad de los integrantes de la Mesa del Congreso, ha sido dictada después de que el pasado 21 de diciembre se publicase una fotografía que recogía un primer plano del móvil del dirigente socialista Alfredo Pérez Rubalcaba. La publicación de la fotografía llevó al presidente del Congreso, Jesús Posada, a encargar a los servicios jurídicos de la Cámara un informe sobre la materia.
La instrucción aprobada hoy, que entrará en vigor el próximo 1 de enero, comienza señalando que el Congreso “es uno de los principales centros de información de España” con un “amplísimo número de medios y profesionales acreditados”, e indica que “la constatación de determinadas circunstancias aconsejan regular de manera más precisa y con el rango normativo adecuado el desempeño de la actividad de la prensa gráfica en la Cámara”.
La normativa señala que “si la Dirección de Comunicación detectara contravenciones de las disposiciones contenidas en esta norma”, la Secretaría General del Congreso “podrá incoar un expediente, con audiencia de los afectados, para la determinación de las circunstancias en la que se produjeron los hechos”.
“Finalizado el expediente y si del mismo se dedujera un comportamiento inadecuado y contrario a esta instrucción, la Secretaría General elevará la propuesta a la Mesa de la Cámara, pudiendo esta retirar la acreditación por un plazo máximo de un año”, reza el artículo 6 de la nueva instrucción dictada por la Presidencia del Congreso de los Diputados y titulada “sobre información gráfica en la Cámara”.
La instrucción asegura que el objetivo de la nueva medida es “realzar y reforzar el derecho constitucional a la información” a la vez que “proteger otros derechos constitucionales también susceptibles de protección”.