El Congreso rechaza las 7 enmiendas de totalidad a la ley de Mutuas

Madrid, 9 oct.- El Congreso ha rechazado hoy las siete enmiendas a la totalidad al proyecto de ley que modifica el régimen jurídico de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, con lo que el texto continúa ahora el trámite parlamentario en la Comisión de Empleo.

Las enmiendas a la totalidad, que han sido presentadas por el grupo socialista, UPyD, Izquierda Plural, PNV, BNG, ERC y Amaiur, han coincidido en pedir la devolución del proyecto de ley y la apertura de diálogo, pero también han advertido de que, de no ser así, la reforma de las mutuas durará lo que dure la mayoría parlamentaria del PP.

En el debate en la Cámara Baja, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha asegurado que la reforma es "oportuna e inaplazable", pero también que los trabajadores estarán mejor protegidos que antes cuando sufran un proceso de incapacidad temporal.

Con esta reforma, y según ha explicado la ministra, las mutuas se incorporan al control y seguimiento de la prestación desde el primer día de la baja, y cuando consideren que el trabajador puede ser dado de alta pueden hacer una propuesta a la inspección médica de los servicios públicos de salud.

No obstante, ha afirmado que los médicos del sistema público de salud seguirán teniendo la última palabra en el alta de un trabajador.

En su intervención Báñez ha tildado de "cínica" la enmienda del grupo socialista que, según ha dicho, asegura que la reforma recorta los derechos de salud de los trabajadores.

En respuesta a esta crítica, la diputada socialista Isabel López i Chamosa ha hecho hincapié en que el proyecto de ley "desconfía" del médico de familia pero también de los trabajadores.

La diputada del PSOE ha dicho que el Gobierno quiere utilizar las mutuas como "policías" de los trabajadores pero, además, pone en cuestión todo el sistema público de salud.

López i Chamosa ha considerado que la ley encubre la privatización de la sanidad y ha recalcado que esa es "una línea roja" que el grupo socialista no está dispuesto a pasar.

En el mismo sentido se ha manifestado el diputado de Izquierda Plural Joan Coscubiela, quien ha señalado que el proyecto de ley trata a los trabajadores como "delincuentes del absentismo" y da a los futuros gobiernos un "cheque en blanco" para que hagan con las mutuas lo que quieran.

Coscubiela ha instado al Gobierno a abrir un proceso de diálogo social y poner encima de la mesa el Pacto de Toledo "antes de que muera de inanición".

El diputado de UPyD Álvaro Anchuelo también ha coincidido en que el proyecto de ley subyace una presunción de culpabilidad hacia el trabajador y hacia el médico de servicio público.

"Hay cierta obsesión -ha dicho- con que el trabajador simula una enfermedad. Nos obsesionamos con problemas equivocados", ha recalcado.

Para el diputado del PNV Emilio Olabarría, el proyecto tiene un déficit de legitimidad "porque no ha sido negociado con nadie" mientras que la diputada del BNG Olaia Fernández cree que el proyecto daña la reputación de los médicos del servicio público.

Para el diputado de Amaiur Sabino Cuadra, con esta reforma es la patronal quien va a controlar todo el proceso de bajas por enfermedad y accidentes laborales, y el diputado del Grupo Mixto Joan Baldovía ha subrayado que la ley perjudica a los trabajadores y criminaliza a la víctima de la enfermedad.

Finalmente el diputado de CiU Carles Campuzano ha dicho no compartir el texto si bien su grupo no lo ha enmendado por entender que el Gobierno tenía voluntad de diálogo.

Tras el rechazo de las enmiendas a la totalidad, la reforma continúa el debate parlamentario en la Comisión de Empleo del Congreso con competencia legislativa plena, tras lo cuál pasará al Senado para su debate y votación.

En caso de que el proyecto sea enmendado en la Cámara Alta, volvería al Pleno del Congreso para su aprobación definitiva.